Reforma laboral y manoseo político, editorial de La Jornada

Publicado el Abril 13, 2011, Bajo Noticias, Autor Ana_Lilia.

13 abril 2011, La Jornada

En el contexto de un desayuno entre dirigentes del Congreso del Trabajo (CT), los representantes del sector obrero del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados –quienes, entre otras cosas, controlan la Comisión de Trabajo de esa instancia del Legislativo– anunciaron su decisión de congelar” la discusión de la propuesta de reformas a la Ley Federal de Trabajo (LFT) presentada por ese mismo partido el pasado 10 de marzo, cuya aprobación se tenía prevista para finales de este mes. A decir del legislador priísta Tereso Medina, presidente de la referida comisión en San Lázaro, con la determinación mencionada se inicia un periodo de “consulta” y de “audiencias públicas”, con el fin de “escuchar a los distintos sectores del mundo del trabajo”. Por su parte, el vicepresidente del CT, Víctor Flores, negó que su partido haya buscado aprobar la reforma vía un “albazo” y afirmó que antes deben analizarse las decenas de iniciativas existentes, a efecto de lograr consensos en la materia.

Debe recordarse que la citada iniciativa del PRI es prácticamente una calca de la presentada por el Partido Acción Nacional (PAN) en marzo del año pasado –popularmente conocida como ley Lozano–, salvo por el hecho de que en la primera resulta mucho más descarado el designio de preservar los mecanismos que sustentan el control verticalista, corporativo y antidemocrático de las organizaciones sindicales del tricolor; fuera de eso, las coincidencias entre las propuestas blanquiazul y priísta en cuanto a la llamada “flexibilidad” laboral –eufemismo neoliberal para referirse a la profundización de la incertidumbre y precariedad en el trabajo y al retroceso en derechos y conquistas sindicales– se expresaron en el respaldo que esta última recibió de la bancada panista en San Lázaro y el gobierno federal.

Con estas consideraciones, la decisión anunciada ayer da cuenta de la actitud poco consistente y opaca con que el PRI se ha desempeñado en las negociaciones sobre la reforma laboral: de ser cierto el pretendido compromiso del tricolor con los asalariados del país –como afirmaron ayer los diputados Medina y Flores–, cabe preguntarse por qué ese partido reditó, bajo sus siglas, la propuesta abiertamente proempresarial y antiobrera del PAN; si es real la “urgencia” por aprobar las modificaciones referidas a la LFT –como los legisladores priístas sostenían hasta la semana pasada–, resulta obligado cuestionarse por qué ahora deciden retirar su propia iniciativa y, para colmo, circunscriben la necesaria discusión sobre el tema al ámbito de las “consultas” y “audiencias públicas”, en vez de promover un debate nacional real, amplio, plural.

En suma, igual que en otros episodios recientes del quehacer político y legislativo, los priístas han practicado un lamentable manoseo político sobre un tema en el que, ante todo, están en juego los derechos de los trabajadores y la vigencia del espíritu y la letra constitucionales en la materia.

Por lo demás, el pretendido celo de los dirigentes obreros priístas por no aprobar una reforma “nociva” para los asalariados obliga a recordar que el problema de fondo no es tanto que la actual LFT esté rebasada, como afirma el discurso oficial al unísono con los organismos empresariales, sino que ha quedado reducida, durante el ciclo de presidencias neoliberales y junto con el artículo 123 constitucional, a la condición de letra muerta; así lo demuestran, entre otros elementos, las precarias condiciones de seguridad que privan en diversos entornos laborales, el avance indiscriminado de la subcontratación, la ampliación del trabajo infantil, y el incumplimiento de las preceptivas vigentes sobre la jornada laboral máxima y el salario remunerador, así como de los principios de libertad de asociación y autonomía sindical.

Preferible a los jaloneos entre el binomio partidista que detenta el poder para concretar una reforma laboral sería que los integrantes de esas fuerzas políticas se concentraran, en los distintos ámbitos de su competencia, a vigilar que se cumpla la actual legislación, o bien a diseñar modificaciones que recojan el sentir social por medio de un debate amplio e incluyente y vayan, de esa forma, más allá de los enjuages opacos entre partidos, bancadas y poderes fácticos.

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