Denuncian trabajadores de la Dirección General de Educación Indígena a la SEP por falta de pago

Publicado el Abril 19, 2011, Bajo Noticias, Autor Ana_Lilia.

Aqui el artículo al que se hace referencia en la entrevista publicada más arriba:

* Aseguran los burócratas que no ha recibido su salario desde octubre (1997)
* La suspensión de percepciones, por la negativa de empleados a trasladarse a edificio “inseguro”, señalan
* Vázquez Mota y González Sánchez, entre los demandados

Laura Poy y Jaime Avilés / La Jornada / 29 nov 2007
Trabajadores de la Dirección General de Educación Indígena (DGEI) demandaron penalmente a la titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Josefina Vázquez Mota; al subsecretario de Educación Básica, Fernando González Sánchez; del director general de la DGEI, Ángel Paulino Canal Pacab, y al director general de esa dependencia, Edgar Octavio Ibarra Morales, por la suspensión en el pago de salarios, pues desde mediados de octubre pasado no han recibido sus quincenas, sin que la relación laboral se haya “suspendido o se dé por terminada”.

En la denuncia presentada ante la Procuraduría General de la República, 68 trabajadores de la DGEI solicitan a las autoridades competentes una medida provisional cautelar urgente a fin de proporcionar “seguridad y auxilio” a los afectados, y evitar que las “conductas y omisiones denunciadas se sigan cometiendo en perjuicio de los trabajadores”.

Señalan que los funcionarios públicos han incurrido en un acto “ilícito” al suspender el pago de sus salarios, ya que “carecen de facultad alguna para retener nuestro salario, en virtud de que nuestra relación laboral ni se ha suspendido ni se ha terminado, lo que solamente puede determinar la autoridad laboral competente, además de constituir este acto un atentado en contra de nuestra raquítica economía familiar y nuestra propia subsistencia”.

Este hecho, aseguran, viola las garantías establecidas en los artículos 14, 16 y 123 constitucionales, así como los artículos 5, 6 y 10 del Convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo, de observancia obligatoria en nuestro país.

Los denunciantes señalan como responsables en grado de “participación y autoría” a los citados funcionarios federales, luego de hacer un recuento de las demandas presentadas ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA) en contra de la decisión de la SEP de trasladarlos a edificios que no reúnen las condiciones “mínimas de seguridad”.

Destacan que pese a haber obtenido un laudo favorable dictado por el TFCA el 11 de noviembre de 2005, que garantiza a los quejosos no ser trasladados a las oficinas de Obrero Mundial 358 debido a que la SEP no demostró que el edificio cumpliera las “condiciones mínimas e indispensables para garantizar la seguridad de los trabajadores”, se inició un nuevo proceso para trasladarlos a las oficinas de Cuauhtémoc 614, colonia Narvarte, inmueble que tampoco cumple con las condiciones mínimas de seguridad.

Ante estos hechos, los trabajadores denunciaron acciones “represivas” de las autoridades educativas, quienes “incurrieron en una clara presión para que claudiquemos en nuestro legítimo propósito de defender nuestras vidas e integridad física”.

En la denuncia destacaron que el 27 de septiembre pasado Jorge Robles García, coordinador administrativo de la DGEI, colocó copia de la circular número 02 en el edificio de Azafrán 486, colonia Granjas México, lugar que por 30 años fue sede de la DGEI, notificándoles que por orden de Canal Pacab “deberíamos trasladarnos al edificio de Cuauhtémoc 614, el cual sabemos está dañado en su estructura desde el sismo de 1985 y que pondría en riesgo a los trabajadores”.

No obstante, señalaron que Robles García “nos amenazó con suspendernos el pago de nuestros salarios si no nos trasladábamos al edificio de Cuauhtémoc 614, determinación que había autorizado Josefina Vázquez Mota, secretaria de Educación Pública”.

Por ello solicitaron a las autoridades competentes investigar los hechos “ilícitos” denunciados y ejercitar acción penal en contra de las personas señaladas o de quienes resulten responsables.

Isabel Robledo, una de las trabajadoras afectadas, afirmó que “sin ningún aviso, nos dejaron de pagar e incluso nos advirtieron en las oficinas de Cuauhtémoc 614 que sería la última vez que nos pagarían”.

Por ello, indicaron, la SEP pretende “presionarnos para que a cualquier costo aceptemos el traslado a Cuauhtémoc, incluso violentando una minuta suscrita con representantes de la SEP e integrantes de la comisión de educación de la Cámara de Diputados para desistirse de cualquier acto de acoso e intimidación contra los trabajadores, hasta en tanto el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje emita una sentencia”.

Joaquina Sandoval, representante sindical de los afectados, señaló que la suspensión de salarios está “totalmente injustificada, pues incluso bajo un supuesto desacato a la autoridad, como la SEP ha querido manejar este asunto, no es una falta que amerite la suspensión de salarios, por lo que decidimos interponer una denuncia penal”, y aseguraron que pese a los actos de “represión y acoso, vamos a seguir en la lucha porque creemos que tenemos la razón jurídica y los elementos para demostrar que el edificio de Cuauhtémoc 614 no cumple las condiciones mínimas de seguridad, pues representa un riesgo para los trabajadores”.

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