La paranoia y el terror como modelos de gobierno en México, por *Alèssi Dell’Umbria

Publicado el septiembre 28, 2011, Bajo Columna de opinión, Autor MonaLisa.


EX -LIBRIS: (Photo: Alèssi Dell’Umbria, 2010) / De Almuerzo y Café Político, 27-IX-11

*Alèssi Dell’Umbria, periodista y activista originario de Marsella, Francia, y seguidor apasionado de los movimientos sociales en México, presenta una mirada sobre la guerra que actualmente se libra en México. Este reporte se presenta por primera vez en español.

Actualmente los narcos ya no son únicamente traficantes de sustancias ilícitas. La acumulación primitiva que han realizado en tan poco tiempo les permite controlar sectores enteros de la vida social, invertir donde quieren y gravar con impuestos lo que quieren. Los narcos son al día de hoy un poder que ha penetrado una sociedad metódicamente desarmada. La fuerza capaz de oponérsele no vendrá de arriba, del Estado, sino de abajo, de comunidades organizadas y armadas dispuestas a defender su territorio. El monopolio de la violencia que caracteriza al Estado ya no tiene en México nada de legítimo.

LA PARANOIA Y EL TERROR COMO MODELOS DE GOBIERNO
Alèssi Dell’Umbria

2010 IBA A SER UN AÑO EXCEPCIONAL, DE HACER CASO a los paneles informativos que el gobierno había instalado a lo largo de las autopistas: un México moderno iba a celebrar al mismo tiempo el bicentenario de la guerra de la Independencia y el centenario de la Revolución. Y, ciertamente, ha sido un año excepcional. Cada año, el seis de enero, los niños que acuden a los pies del Ángel de la Independencia, en ciudad de México, depositan sus cartas a los Reyes Magos. «Queridos Reyes Magos, no queremos la guerra de Calderón»,

ésa era la carta para el año 2011, escrita en la pancarta que portaba un niño de diez años. Si México aún existe en 2110, 2010 se recordará como uno de los años más sangrientos de toda su historia. La «guerra al narcotráfico» ha causado a día de hoy 34.000 muertos y casi la mitad han sido asesinados en 2010. Una gran parte de esos muertos se consideran «daños colaterales».

¿Es preciso hacer las espantosas cuentas? El 22 de octubre de 2010, el periódico Reforma computaba 9.598 ejecuciones en el país desde el 1 de enero. Pero la cuenta aumenta cada hora que pasa; aquel mismo día, 14 adolescentes eran asesinados en una fiesta de cumpleaños en Ciudad Juárez, Chihuahua. El día 24, 13 jóvenes que completaban un programa de desintoxicación eran asesinados en un centro de rehabilitación en Tijuana, Baja California. El 28, un grupo de pistoleros atacaba tres autocares que transportaban al personal de una maquiladora de Ciudad Juárez, matando a cinco obreros e hiriendo a catorce. El 30, 15 jóvenes, de los cuales 11 seguían un programa de desintoxicación, eran asesinados en un carwash en Tepic, Nayarit. En enero de 2011, el portavoz del gabinete de seguridad nacional ha reconocido 13.593 ejecuciones para todo el año 2010, lo que significa por lo tanto, si se compara esta cifra con la del diario Reforma, 3.995 ejecuciones solo en las diez últimas semanas del año…

Quienes sólo están de paso hacia los Estados Unidos tampoco se libran del peligro. Los Zetas, con la evidente complicidad de la policía, controlan la extorsión a los inmigrantes y ejecutan a los recalcitrantes. En el mismo mes de octubre de 2010 se descubrió una fosa en San Fernando (Tamaulipas), a un centenar de kilómetros de la frontera, y en ella se encontraron los cadáveres de 72 inmigrantes centroamericanos. Hay que suponer que esa fosa era un mensaje…

Cuanto más se acerca la frontera, más se concreta el peligro. La frontera ya no es solamente una línea de demarcación entre el primer mundo y el resto, hecha de muros y de alambradas de espino. La frontera se ha convertido en una relación social, que implica violencia -quienquiera que explote la frontera traficando en ella ha de controlar las vías de paso, eliminar a la competencia e intimidar a los malos pagadores. La droga, al igual que el inmigrante clandestino, es una mercancía, y ambos multiplican su valor por el simple hecho de pasar la frontera. En cierto punto, sin embargo, la balanza comercial entre ambos lados tiende a equilibrarse: si la droga latina cruza la frontera en un sentido, las armas de fabricación yanki la cruzan en el inverso.

La paranoia, inherente a la nación americana, contamina México no a pesar de la frontera, sino gracias a ella. En los últimos años, varias películas han ilustrado bien esta esencia paranoide de la frontera, como No es país para viejos, de los hermanos Cohen, o Los tres entierros de Melquíades Estrada, de Tommy Lee Jones. La novedad de la guerra de Calderón, que dio comienzo hace cuatro años, deriva de que la lógica de la frontera se está extendiendo mucho más allá de la línea fortificada, con el objetivo de convertir los Estados del norte de México en la zona de seguridad de los Estados Unidos. Esas fueron las consignas que Felipe Calderón recibió de George Bush en 2006. Pero cuanto más extenso el glacis de seguridad alrededor de la frontera, más provecho sacan los mercaderes que la cruzan (así, un pollero que ganaba 600 dólares por llevar a un inmigrante clandestino de Tijuana a Los Ángeles hace unos quince años, ganará -ahora que los controles se han multiplicado- no menos de 2.000). No hay pues ninguna razón para que este circuito infernal se agote. Todo esto tiene un coste social: a día de hoy, según afirman hasta los muy prudentes observadores de la ONU, México se encuentra al nivel de Iraq y de Afganistán en materia de violencia.

LA GUERRA AL NARCOTRÁFICO QUEDARÁ como el gran logro del presidente Felipe Calderón. El candidato del PAN (Partido de Acción Nacional), elegido en medio de un gigantesco fraude electoral en 2006, dirige desde entonces el país en consonancia. La corrupción de los cuerpos de policía fue el argumento que permitió desplegar al ejército en todo el país bajo el pretexto de desmantelar los cárteles de la droga. Está claro que la policía saca tajada, de eso no cabe ninguna duda; en 2009 más de 2.000 policías fueron expulsados del cuerpo e incluso denunciados por colusión con alguno de los grupos criminales… Pero éstos sólo son los subalternos: los «arrepentidos» han terminado por confirmar lo que se rumoreaba, a saber, que desde hace años los altos mandos de la policía escoltan los convoyes de la droga hacia los Estados Unidos y garantizan la protección a los big bosses. ¿Estaría el ejército al margen? El hecho de que los narcos dispongan de armamento y munición directamente proveniente de los arsenales militares tiende a probar lo contrario, y más todavía el hecho de que unas cuantas decenas de tránsfugas del cuerpo de élite del ejército, los «Grupos Aeromóviles de Fuerzas Especiales» (GAFES) creasen en 1999 una de las organizaciones criminales más temibles del país, los Zetas, grupo de asesinos inicialmente al servicio del cártel del Golfo. Recordemos igualmente que los GAFES, de los que han surgido los Zetas, fueron creados en 1995 para luchar específicamente contra la insurrección en Chiapas, y fueron entrenados en los Estados Unidos y en Israel. El ejército americano hace también su aportación, ya que muchos chicanos exmarines, a la vuelta de Irak o de Afganistán, venden sus servicios a alguno de los cárteles mexicanos…

Actualmente, uno de cada tres detenidos por participación en el narcotráfico forma o ha formado parte de un servicio de policía o de un cuerpo del ejército -hasta tal punto es más provechoso para los cárteles contratar a un madero o a un soldado ya formado en lugar de tener que preparar un asesino… Por otra parte, es sabido que la casi totalidad de los servicios de inteligencia del Estado, policiales o militares, venden a alguno de los cárteles información indispensable para poder localizar y eliminar a la competencia.

El aparato de justicia está igualmente corrupto, con sus magistrados perfectamente capaces de fabricar cargos imaginarios para encarcelar a los rebeldes, pero curiosamente incapaces de encarcelar a ciertos asesinos con decenas de homicidios a sus espaldas. Los fiscales, siempre prestos a joder a la gente humilde por sumas irrisorias, son igualmente incapaces de detectar los millones de dólares del narcotráfico invertidos a la vista de todo el mundo en mansiones de lujo, en flotas de automóviles, hoteles, restaurantes, etc.

Por lo demás, el término corrupción se queda corto cuando se trata más bien de complicidad activa por parte de los servicios del Estado y de cada uno de los tres grandes partidos políticos. A nivel federal, no ha habido, desde hace mucho tiempo, un presidente que no haya tenido vínculos privilegiados con uno u otro cártel. Hasta tal punto que se dice que si nadie ha conseguido detener al «Chapo» Guzmán, huído desde 2001, es porque cuenta con el favor del gobierno -cosa que se confirma ante el escaso número de miembros del cártel de Sinaloa detenidos, en comparación con el resto. Desde el más modesto escalón del poder político hasta el más alto, si uno sale elegido es por medio de la corrupción y la intimidación, y eso cuesta dinero. Un dinero que, obviamente, no puede declararse.

Todo habría ido a pedir de boca en el peor de los mundos, donde toda la clase política recibía subvenciones de los narcotraficantes. Pero el gran hermano yanki, en lugar de apechugar con la «guerra al narcotráfico» en el interior de sus propias fronteras, prefiere exportarla al otro lado. El asunto es neutralizar un país que, desde 1994, es un polvorín. El resultado es que desde hace cuatro años todo México, y especialmente el norte del país, vive en un estado de excepción no declarado. El artículo 29 de la Constitución autorizaría al poder legislativo a declararlo; los generales mexicanos, molestos por no tener ningún marco legal preciso que respalde su actuación, estarían a favor. En realidad, la declaración no sería más que una formalidad jurídica, y el gobierno también puede ahorrársela. El general Guillermo Galván, Secretario de la Defensa Nacional, ha declarado en enero de 2011 que la presencia militar en las calles del país va a tener que prolongarse todavía diez años. El general lamenta que tenga que ser así, y sugiere que una colaboración más estrecha con los Estados Unidos podría acortar ese tiempo… Afirma estar dispuesto a aceptar cualquier propuesta en ese sentido. Este pequeño chantaje parece preparar el terreno a una presencia militar norteamericana en el territorio mexicano, conforme a los preceptos aplicados en Colombia, donde desde 2009 se han instalado una decena de bases americanas con el consentimiento del gobierno, en nombre de la lucha «contra el narcotráfico y el terrorismo», éste último asimilado a los movimientos de guerrilla. Amalgama en la que Hillary Clinton insiste una y otra vez al evocar el espectro de una «narcoinsurgencia» en sus visitas a la capital mexicana. Añadamos a esto que miles de soldados y miles de oficiales mexicanos reciben periódicamente entrenamiento militar en Colombia.

El 14 de abril de 2010 tuvo lugar una reunión inédita en Washington: el almirante Michael Mullen, jefe del Estado Mayor de los Estados Unidos -dirigió la invasión de Afganistán- reunía en su despacho al mencionado general Guillermo Galván y al almirante Mariano Francisco Saynez, responsable de la Marina Nacional mexicana, con el general Freddy Padilla, jefe de las Fuerzas Armadas colombianas. Se trataba de «reforzar la cooperación en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo». Era la primera reunión trilateral de este tipo. El mismo general Mullen ha declarado el 12 de febrero de 2011: «En ciertos aspectos, esta guerra contra la droga y nuestra manera de conducirla son muy similares a lo que hemos visto en otras guerras que hemos librado». El uso de la primera persona del plural es por sí mismo muy significativo, y, de hecho, diversas voces han barajado en los últimos tiempos la hipótesis de una próxima «invasión americana de México».

Ésta, sin embargo, tiene pocas posibilidades de producirse. En primer lugar porque la presencia de soldados norteamericanos en territorio mexicano tendería a provocar reacciones que para el gobierno mexicano serían muy difíciles de controlar. Pero sobre todo, esa presencia sería perfectamente superflua. Porque los Estados Unidos ya han invadido México.

La invasión comenzó hace dieciséis años con el tratado de libre comercio del NAFTA [North America Free Trade Agreement] a iniciativa del PRI (Partido Revolucionario Institucional), en el poder desde hacía décadas. Pero al abrir el país a los capitales y las mercancías norteamericanas, el PRI cortaba la rama en la que estaba subido. Con la entrada en vigor del NAFTA, tenía inevitablemente que dejar paso a otro tipo de gobernanza, más acorde con la ideología neoliberal.

La victoria del PAN en las elecciones presidenciales en 2000 marcó este cambio de época. Vicente Fox, antes de convertirse en presidente de la República aquél año, era el director general de Coca- Cola para América Latina. El PAN no es otra cosa que el partido de los Estados Unidos en México. El grueso de su electorado se encuentra ente las clases medias acomodadas, que ven en su ortodoxia ultraliberal y su ideología conservadora la garantía de su nivel de vida a la americana. El PRI sigue no obstante haciendo estragos en un buen número de municipios y de gobiernos regionales en los que su consumado dominio de los viejos mecanismos clientelares le asegura cierta fidelidad electoral.

LA ACTUAL VIOLENCIA NO ENFRENTA A DOS BANDOS claramente identificados, como pretende la propaganda de Estado. Alianzas complejas y transversales entre cárteles, partidos, sectores del Estado y del ejército se hacen y se deshacen, y una gran parte de las ejecuciones resultarán inexplicables para quien dé crédito a los discursos del presidente. Los cárteles rivales se matan entre sí, tal grupo narco se enfrenta en un tiroteo a militares que cubren por otra parte al grupo que le hace la competencia, cargos del gobierno y policías son asesinados (por ser incorruptibles o por estar, al contrario, demasiado comprometidos, ¿quién sabe?) y sobre todo, miles de civiles son víctimas de ambos bandos. Transeúntes alcanzados por balas perdidas en tioteos cruzados, automovilistas abatidos por haber dudado un segundo en un puesto de control, jóvenes acribillados por intentar huir de una redada del ejército, borrachos que mueren porque no han entendido los avisos, chavos en cura de desintoxicación masacrados por haber cometido el error de salir del circuito del deal, etc. Más triste todavía, las decenas de niños de corta edad que mueren por balas, y no todos víctimas de tiroteos cruzados… Quienes pasan por las manos de la Policía Federal (*cuerpo de policía militarizado y con equipo pesado, de formación bastante reciente, equivalente a la Gendarmerie francesa y a los Carabinieri italianos. La PF fue la encargada de reprimir la insurrección de Oaxaca en noviembre de 2006)y de otras fuerzas militares, en particular las tropas de la Marina, no tienen ninguna posibilidad de salir: hay que hacer caja, lo que supone personas cogidas al azar y torturadas durante días, confesiones arrancadas por la fuerza, pobres diablos encarcelados sin el más mínimo indicio que sostenga la acusación. (*En Sonora, un Tarahumara de 22 años acaba de ser liberado, declarado inocente después de dos años en prisión. Este jornalero agrícola, herido por los tiros cruzados durante un tiroteo, no hablaba castellano y era incapaz de comprender lo que querían de él y de explicarse ante los polis y los magistrados)… En ciertas ciudades del norte, no hay ninguna necesidad de declarar el toque de queda, se ha convertido en algo obvio para todo el mundo.

¡Ay de los civiles que caigan en medio de esta guerra sucia! Uno no muere por ser culpable, uno es culpable porque muere. El presidente Calderón, comentando el asesinato de dieciséis mineros en Ciudad Juárez durante una fiesta, declaró: «Probablemente han sido asesinados por algún grupo rival». Las familias de las víctimas colocaron pancartas en sus casas: «Señor Presidente, hasta que no encuentre un responsable, usted es el asesino». Sucede incluso que los hijos de la clase media acomodada figuran entre las víctimas de esta estrategia de intimidación global, como esos dos

estudiantes de económicas abatidos a sangre fría por los soldados en Monterrey, Nuevo León, en abril de 2010. ¡Y pensar que sus padres seguramente habían votado a Calderón en 2006!

Esta violencia recuerda inevitablemente a la guerra civil que dio comienzo en Argelia a partir de 1992. Recuerda a esas masacres de pueblos enteros, cuyos autores y cuyos móviles es imposible identificar (¿los yihaddistas? ¿el ejército? ¿los vecinos del pueblo de al lado?). Confrontados con el trágico sinsentido de semejantes matanzas, la mayoría de los argelinos, ya presos de incontables dificultades en su día a día, terminaron por sucumbir al asco y a la fatalidad: y ahí radica precisamente la verdadera razón de estas masacres. Si lo propio de una acción militar es ser juzgada únicamente por su resultado, esta irrupción brutal e inesperada de la muerte, tanto más aterradora porque no hace distinciones, tiene como resultado que cualquier racionalidad abandona el cuerpo social, en Argelia igual que en México. Ya nadie trata de comprender, sino de sobrevivir. El miedo atomiza, destruyendo las capacidades colectivas de resistencia e instilando el veneno de la desconfianza generalizada. La «guerra de Calderón» funciona perfectamente como una estrategia de intimidación a gran escala.

CIUDAD JUÁREZ ERA YA MUNDIALMENTE CÉLEBRE por las 400 mujeres que fueron asesinadas allí a lo largo de una decena de años. Pero este feminicidio metódico no fue, por desgracia, más que el principio, y esta ciudad fronteriza aún iba a tener que ascender en el hit-parade del horror hasta convertirse actualmente en la ciudad más peligrosa del mundo. No menos de 2.700 personas -de las cuales casi la mitad eran menores- han sido asesinadas en Ciudad Juárez en 2010. «Genocidio contra jóvenes», afirman las ONG, que reclaman abiertamente la intervención de la ONU. «Estamos frente a juvenicidios que deben atenderse con una estrategia diferente a la actual. Ciudad Juárez se está vaciando de actividades sociales, públicas y de negocios por el terror en la población», declaró el 25 de noviembre de 2010 Nashiely Ramírez, miembro de Ririki Intervención Social. «¡Ya basta de esta situación absurda y abyecta! Esto parece más una lucha contra la sociedad que contra el narcotráfico!», declara Gabriela Meyra, del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria. «Estamos en un narcoestado policiaco-militar», añade Adrián Ramírez, de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos. Señalemos que uno de los magistrados encargados de ayudar a Calderón en la gestión de esta guerra fue procurador general en Ciudad Juárez durante la época de los feminicidios, y que destacó por su inactividad frente a esos asesinatos.

El 29 de octubre de 2010, los soldados abrieron fuego contra la «Kaminata contra la muerte» de los estudiantes de Ciudad Juárez, que desfilaban para exigir la salida de la Policía Federal y la desmilitarización de la ciudad. José Orrontia, conocido miembro de la Otra Campaña, fue gravemente herido en la espalda. En un comunicado, la Procuradora General de la República intentó justificar este ataque a traición por el hecho de que algunos manifestantes estaban enmascarados (con el rostro pintado o con pasamontañas)…

Que el ejército se cargue civiles a las primeras de cambio, ¿qué hay más normal que eso? ¿Qué otra cosa hacía cuando masacraba en Chiapas o en el Estado de Guerrero, no hace tanto tiempo? Ahora es en Chihuahua, donde el ejército asesina a quienes comenten el error de abrir el pico. Asesinado fue Armando Villareal Martha, líder campesino en aquel Estado y organizador de varias campañas de impago contra las tarifas de la Comisión Federal de Electricidad… En la misma Ciudad Juárez, asesinados fueron Manuel Arroyo, investigador de la condición obrera en las maquiladoras, así como Geminis Ochoa, representante de los vendedores ambulantes, después de haber sido ambos amenazados por la Policía Federal, por haber anunciado una marcha contra los abusos del ejército. Asesinada fue Josefina Reyes, que había sufrido el acoso del ejército a causa de sus denuncias públicas de la militarización del Valle de Juárez. Asesinado fue Benjamin Le Baron, promotor de movilizaciones contra los secuestros. Asesinada, Susana Chavez, que denunció

incansablemente el feminicidio de Ciudad Juárez. Algunos han sido víctimas de los cárteles, pero muchos han sido ejecutados por los asesinos de la PF, de la Marina o de las tropas aerotransportadas. Por no hablar de los periodistas asesinados o empaquetados por la pasma y molidos a palos por haber difundido las denuncias de civiles contra los procedimientos de los soldados -algunos han tenido incluso que exiliarse en los Estados Unidos.

El ejército es la última ratio del Estado. ¿Quién, aparte de los electores más convencidos del PAN, podría fiarse realmente del ejército? En diciembre de 2010, el Centro Internacional de los Derechos del Hombre (CIDH) hizo pública una declaración contra el Estado mexicano, relativa al arresto de Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, apresados por el ejérctio el 2 de mayo de 1999, detenidos y torturados durante varios días. Estos dos campesinos defendían el bosque de su pueblo de Petatlán (Guerrero), cedido por el poder central a una multinacional maderera. Fueron detenidos y condenados bajo la acusación de… narcotráfico. Sólo con el cambio presidencial de 2000 pudieron ser liberados por «razones humanitarias», en noviembre de 2001. Es sólo uno de los ejemplos recientes, que se suma a miles más de la misma ralea. Este asunto en concreto ha llevado al CIDH a exigir al Estado mexicano una reforma del Código de Justicia Militar… Reforma que, se supone, prevé el juicio y la condena de los militares culpables de maltratos, torturas o muertes de civiles inocentes, y que se encuentra bloqueada en el Senado a causa de la presión de los militares. Los soldados puestos de cocaína o medio borrachos que fríen a tiros a cualquiera no tienen, así pues, nada que temer, al menos mientras se contenten con freír civiles (dos soldados bebidos tuvieron la mala idea de matar a un policía en el metro de ciudad de México el 20 de enero…).

UNA VIOLENCIA VIRTUOSA, LA DEL ESTADO, PRETENDE PONER FIN a la violencia mafiosa de los narcos. Pero la barbarie de los segundos tiene la marca de fábrica del primero. Cuando se sabe qué cantidad de ex-maderos y ex-soldados hay en los comandos de asesinos al servicio de los cárteles, sorprende menos la repugnante atrocidad y el sadismo espectacular de muchos de estos asesinatos.

Recuerdan, hasta llegar a confundirse con ellos, a las operaciones de represión de la época de la «guerra sucia» de los años 1960-1980, con las desapariciones de opositores al régimen, las masacres de manifestantes desarmados, las aldeas enteras exterminadas… Y ciertas innovaciones macabras, como la de colgar los cadáveres de los puentes de las autopistas o la de exponer las cabezas cortadas en la plaza pública, prácticamente llevan firma: ¿dónde se aprende a matar y a mutilar de ese modo, a sangre fría, sino en los comandos de contrainsurgencia y en los grupos paramilitares?

La violencia paramilitar es sin duda la matriz de toda esta violencia que baña actualmente México. Es el medio informal en el que se cruzan durante años soldados profesionales que se sacan un sueldo extra, narcotraficantes y tarados del PRI. Con la diferencia de que las exacciones de paramilitares se dirigían contra comunidades rebeldes, mientras que la guerra de Calderón aspira a condicionar a todo el mundo. ¿Y de dónde procede el dinero que ha servido para reclutar, armar y entrenar a estos grupos paramilitares que siguen haciendo estragos en los Estados de Chiapas, de Oaxaca, de Guerrero o de Michoacán? De los fondos secretos del Estado, sin ninguna duda; ¿y por qué no de los fondos igualmente secretos del narcotráfico? ¿Existe realmente alguna diferencia entre ambos?

El 12 de agosto de 2009, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenaba la liberación de los autores de la masacre de Acteal. Recordemos que en diciembre de 1997 estos sujetos asesinaron a 45 personas, principalmente mujeres y niños, pertenecientes a la comunidad de Las Abejas, en la aldea de Acteal, en Chiapas. Debido a que profesaba la no-violencia, esta comunidad no se había adherido al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), si bien simpatizaba con este movimiento. El mensaje de Acteal era muy claro: quien no rechazase categóricamente cualquier contacto con el EZLN podía morir de la misma manera. Estas muertes traicionaban la influencia de los centros de formación anti-guerrilla, por ejemplo, el hecho de destripar y de desmembrar los cadáveres, tal y como se hacía en la vecina Guatemala en la época de la contrainsurgencia. La liberación de los ejecutores materiales de la masacre -los mandatarios nunca fueron identificados formalmente…- en pleno apogeo de la guerra de Calderón constituyó un segundo mensaje (Un indígena que ha pasado algunos años en la prisión de Cintalapa, Chiapas, donde se encotraban igualmente encarcelados los asesinos de Acteal, nos ha contado que el jefe de este grupo controlaba todo el tráfico de droga en elinterior de este establecimiento…).

Es este tipo de mensaje el que unos y otros protagonistas de la «guerra al narcotráfico» se envían actualmente a golpe de masacre. Pues todos estos muertos hablan; hablan una lengua, la de esta paranoia que caracteriza el ejercicio de un poder absoluto. A la paranoia de los narcotraficantes responde la del Estado. Por definición, el narcotráfico erige la sospecha y el temor obsesivo a la traición en regla de conducta. Por definición, el Ejército considera a todo civil como un sospechoso. Se sabe perfectamente que los soldados de Estados Unidos desplegados en Iraq han sido entrenados para desconfiar de todo transeúnte -un viejo, un chiquillo pueden llevar una bomba, más vale no correr ningún riesgo y disparar primero. Toda ella sospechosa, la población iraquí ha pagado el precio de esta psicosis yanki. Es exactamente esta paranoia la que los dirigentes norteamericanos han conseguido imponer en todo México por medio del gobierno del PAN.

Los narcos desarrollan esta misma paranoia militar hacia todo civil. En diciembre de 2010, los cuerpos de 22 michoacanos que habían desaparecido a finales de septiembre en Acapulco fueron encontrados enterrados. Se trataba de obreros de una empresa que cada año se regalaba una pequeña excursión en grupo a Acapulco. Murieron únicamente porque venían de Michoacán. En efecto, por un «arrepentido» se ha sabido que los Zetas los tomaron por hombres de la Familia

venidos para operar en la capital turística de Guerrero…

Lo cierto es que hasta ahora los territorios estaban definidos. El cártel del Golfo controlaba la costa este, desde Guatemala hsta la frontera texana, los del Pacífico (cártel de Sinaloa, cártel de Juárez, Familia, etc.) controlaban la costa oeste y la frontera de Tijuana hasta Ciudad Juárez. Los Zetas, que se han separado del cártel del Golfo desde la muerte de su fundador, están llevando a cabo una ofensiva generalizada con el objetivo a largo plazo de controlar todas las rutas hacia la frontera. Cosa que no va a ser pan comido: por ejemplo, el cártel de Sinaloa ha reivindicado la muerte de 27 Zetas en un solo día de enero de 2011… Se habla ahora mismo de un «efecto cucaracha»: la dispersión de las organizaciones narco y de sus actividades por todo el territorio, lo que promete una difusión aún más capilar de la violencia.

PAZ ES LO QUE RECLAMABA LA «SOCIEDAD CIVIL» FRENTE A la intervención militar en Chiapas posterior a la insurrección zapatista de enero de 1994. Luego, las grandes marchas sobre la capital no dejaron de reafirmar el carácter pacífico del movimiento de desobediencia y de resistencia. Pero esto de ahora es la guerra. Y la indignación, las protestas, las denuncias sirven de poco.

La «sociedad civil» que creía poder oponerse al «malgobierno» se muestra impotente frente a esta guerra que se le impone desde hace cuatro años. Exacerbada de este modo, esta oposición entre la «sociedad civil» y el Estado revela que la primera no es nada frente al poder universal del segundo.

La «sociedad civil» no pudo impedir finalmente la aplicación de los acuerdos del NAFTA. Menos aún puede impedir que la guerra de Calderón transforme el país en un infierno. La moraleja de esta historia es sin embargo muy simple: los que tienen el poder y el dinero nunca nos dejarán en paz. Es inútil llorar y suplicar, y aún más invocar la «vuelta a la legalidad», como si existiese una legalidad que trasciende las muy reales relaciones de fuerza que consituyen la razón

de ser del Estado. En última instancia, la legalidad es un puesto de control militar en una carretera desierta, donde nadie vendrá en tu ayuda si los soldados te maltratan.

Erigir una virtuosa sociedad civil contra un Estado corrupto es perfectamente idealista. La corrupción es precisamente el vínculo entre ambos. Basta observar las elecciones para convencerse… La sociedad civil es lo que, en los países occidentales, ha reemplazado las formas de vida comunitarias, metódicamente destruidas por el Estado y por la hegemonía burguesa -en su época, Marx, que tuvo ocasión de observar esta transformación, ya definió la sociedad civil como la simple suma de los intereses privados. Lo que denominamos americanización no es nada más que esta transformación -no se olvide nunca que los Estados Unidos son la verdad de Europa occidental.

La violencia actual es la consecuencia de esta americanización de México. ¿Por qué se matan unos a otros a este lado de la frontera, sino para abastecer un mercado estadounidense, en este caso el de la marijuana y la heroína? México no se está americanizando sólo porque una parte no despreciable de su población viva o haya vivido en los Estados Unidos, y porque a cambio los Estados Unidos inunden México con su quincalla industrial; sino también y sobre todo porque toda

la política de los gobiernos mexicanos desde hace veinte años ha estado dirigida contra las formas de vida comunitarias que perduraban, y que incluso habían salido reforzadas de la Revolución.

Porque el éxodo rural que ha provocado deliberadamente el NAFTA destruye poco a poco los vínculos de la comunidad y pulveriza a los indígenas en el espacio informe de las colonias o por los caminos de la emigración. Produce individuos libres de cualquier vínculo, es decir, indefensos. El hecho de que la violencia actual se concentre en los Estados del Norte, casi totalmente desprovistos de comunidades indígenas, confirma que la americanización gana terreno allí donde la sociedad civil y el individuo singular constituyen ya la norma.

Desde 1994, el éxodo rural masivo ha generalizado la colonia como tercer modelo y que es, después de la ciudad y de la comunidad rural, el promovido a partir de ahora. Frente a la plebe de las colonias, desposeída de todo, las clases medias se atrincheran y siguen el ejemplo de los ricos, tal y como lo muestra la película de Rodrigo Pla, La Zona, filmada en la capital mexicana. En las ciudades del norte, la gente de clase media actualmente prefiere huir a los estados fronterizos de los Estados Unidos, hasta el punto de que se habla a este respecto de una verdadera «migración dorada»: ésta no pasa a escondidas por la noche, sino a plena luz del día a bordo de un 4×4.Welcome! americanizada antes ya de pasar la frontera, esta población va a instalarse en las gathed communities… Los pobres se quedan al otro lado de la frontera, para hacer funcionar las maquiladoras de Ciudad Juárez o de Monterrey… El dinero en los Estados Unidos, el trabajo en

México, ¿no es el objetivo soñado de los acuerdos del NAFTA?

En estas colonias los narcos reclutan a los chavales sin futuro, los nini -ni estudios ni trabajo. Se ha hablado de juvenicidio con toda la razón, dado que las principales víctimas de la guerra de Calderón son estos chavos, reclutados a veces con catorce años por los narcos, o ejecutados por los militares porque viven en el barrio equivocado. Pero no ha lugar a sorprenderse ahora de que muchos de estos olvidados sueñen con convertirse a su vez en un nuevo «Chapo» Guzmán. Después de todo, «El Chapo» no es sino el Carlos Slim de los pobres (Carlos Slim, hombre de negocios mexicano de origen libanés, se convirtió en el hombre más rico del mundo gracias a su amistad con el presidente Salinas de Gortari (1988-1994), el mismo que firmó los acuerdos del NAFTA y ofreció a Slim varios servicios públicos mexicanos a cambio de una miseria. Por otra parte, la revista americana Forbes causó un escándalo colocando al «Chapo» Guzmán en su lista de los 400 hombres más influyentes del mundo -un poco más abajo, no obstante, que Carlos Slim…)

¿Habría que sorprenderse de que los chavos se tomen en serio la propaganda neoliberal, el «enriquecéos»? En cuanto a los que se han quedado en el campo, muchos de ellos, arruinados por las consecuencias del NAFTA, están muy contentos de tener en la marijuana y la amapola un cultivo sustitutorio. Los gringos les imponen su maíz, ellos les envían sus cosechas de amapola.

El narcotráfico es sólo la forma exacerbada del «sueño americano» en el que está sumido el país. Y poco importa que este sueño haya adquirido tintes de pesadilla, seguirá agitando el mal sueño de un país devastado. Según un informe de Stratfor, una de las principales consultoras estadounidenses en materia de seguridad, habría 46 millones de pobres en México, de los cuales un 1% son suceptibles de entrar a formar parte del crimen organizado, lo que constituye un ejército de reserva de 500.000 personas. En su época, Pancho Villa y Emiliano Zapata se hicieron con zonas enteras del país durante años con menos de eso. Y es precisamente eso lo que da que pensar: después de quince años de movilizaciones civiles, ¿podría encontrarse un número igual de personas capaces de arriesgar su vida por un cambio social y político en México? Esta es, sin embargo, la cuestión esencial.

EL CASO DEL CÁRTEL MICHOACANO DE LA FAMILIA ES EXTREMADAMENTE INSTRUCTIVO. Esta organización envía un mensaje a finales de noviembre en el cual propone replegarse a Michoacán e incluso disolverse a fin de «no seguir siendo el argumento con el cual las autoridades federales pisotean los derechos humanos de los michoaqueños». Se trata de una propuesta de alto el fuego, conforme a la cual el Ejército se retira de Michoacán y la Familia tan sólo pide «volver a nuestras actividades productivas», al tiempo que se declara dispuesta en caso de rechazo a proseguir con el pulso: «No

matamos inocentes; si es necesario seguir en la lucha lo haremos». Respuesta de la Procuraduría General de la República: «El Estado es el garante de la legalidad y de la Constitución, y, por ende, no se puede dejar de perseguir a ningún delincuente. (…) El Estado mexicano es sólido, no se pueden hacer compromisos con quienes nunca han respetado ese estado de derecho, transgreden la ley y atentan contra la paz social…». La misma lengua de palo de siempre.

Tumbiscatio, Michoacán, contaba 7.000 habitantes hasta 2010. Ya no quedan más que 4.000. Los demás han partido, a Morelia, al DF, a lo largo de los últimos meses del año. En esta parte de Michoacán, la Familia constituye el verdadero gobierno. Ha puesto en pie una estructura de justicia paralela, a la cual se dirigen por ejemplo las mujeres maltratadas, cansadas de la indiferencia de las autoridades oficiales antes sus denuncias. Una mujer se encarga de recoger sus quejas; los autores de esos maltratos reciben poco después una visita poco agradable. El personal de la Familia fija un

impuesto para los vendedores ambulantes, en vez de los municipios; fija los horarios de noche de bares y comidas; los taxis pagan también su protección, al igual que las grandes empresas agrícolas. Un empleado despedido se dirige a la Familia, que envía a alguien a explicarle al patrón que más le vale contratar de nuevo al empleado… Recuerda bastante a los procedimientos de la ‘ndrangheta (mafia calabresa en Italia).

Por lo que no es ninguna sorpresa que después de una gran operación contra la Familia en diciembre de 2010 se hayan visto manifestaciones en Morelia, capital de Michoacán, doscientas o trescientas personas cada vez, agitando pancartas que rezaban «Queremos paz», «Queremos trabajo, no policías». Durante las dos últimas semanas de 2010, los habitantes de Patzcuaro, Tumbiscatio, Zitácuaro, Apatzingán, eran reclutados y tansportados gratuitamente en taxi a la capital para estas manifestaciones exprés de una hora como máximo.

A los jefes de la Familia no les falta aplomo. El discurso que han desplegado a lo largo de todo el mes de diciembre se resume así: los Zetas no han comprendido que en el business hay que respetar ciertas reglas. Nosotros, la Familia, hacemos negocios y protegemos a la gente de nuestro Estado, los Zetas no respetan nada y además están protegidos por el gobierno. Este discurso obviamente se dirige antes que nada a los habitantes de Michoacán sobre los que la Familia ejerce su control (Se equivoca quien se limite a encogerse de hombros ante esta voluntad de justificarse, de ponerse en el papel del bueno. Esta voluntad demuestra un dato inquietante: que si los cárteles remedan de este modo los comunicados de la guerrilla es porque tienen su público. Así, cuando los Zetas hacen público en Oaxaca un comunicado reivindicando la ejecución de dos paramilitares vinculados al PRI, ocurrida el 2 de noviembre de 2010 en pleno centro de la ciudad, saben lo que se hacen: las dos víctimas habían participado en las caravanas de la Muerte contra los insurgentes de Oaxaca en 2006 y nadie los ha llorado. Los Zetas justifican la ejecución porque estos dos personajes habían extorsionado a los vendedores ambulantes haciéndose pasar por Zetas, cuando precisamente ellos, los Zetas, dejan en paz a los trabajadores oaxaqueños (no así a los inmigrantes centroamericanos que suben al tren…). Su comunicado -si es verdad que ellos son realmente los autores- pone además mucho cuidado en desmarcarse de otros asesinatos cometidos los días anteriores en el Estado de Oaxaca contra líderes de grupos contestatarios: «Nos deslindamos de las ejecuciones de dirigentes sociales». El mismo día, los Zetas exhiben una banderola con grandes letras de imprenta, muy bien hecha, sobre un puente de la autopista a la entrada de Oaxaca, dirigida a los soldados que pasan por allí: «Grupo Operativo ‘Los Zetas’ te quiere a ti, militar o ex-militar. Te ofrecemos buen sueldo, comida y atenciones a tu familia. Ya no sufres maltratos y ya no sufres hambre. Nosotros NO te damos de comer sopa maruchan. Relajes absténganse de llamar. Interesados comunicarse Tel 867 16 87 423»… Los Zetas están presentes en la ciudad de Oaxaca por su situación estratégica con respecto a América Central. Uno de sus jefes ha sido arrestado allí el 18 de enero de 2011..)

Sin embargo, es precisamente la Familia la que está detrás de la decena de asesinatos cometidos contra la comunidad nahua de Santa María Ostula desde el verano de 2009. Desde que dicha comunidad se reapropió de las tierras comunales que le habían sido usurpadas, y en las cuales, al borde del Pacífico, se habían previsto proyectos de inversión turística, proyectos que son, por definición, los favoritos de los cárteles para blanquear el dinero de la droga. Entretanto, la gente de Ostula, organizada en milicia comunal armada, siguen plantando cara a la Familia por una parte, y a la Marina por la otra.

EN EL FONDO, NADA NUEVO BAJO EL SOL. LOS MILITARES QUIEREN LA GUERRA y los civiles quieren la paz. Todavía se alzan voces que reclaman que el cuerpo legislativo controle al Ejército. ¿Y quién va a controlar entonces a los diputados del PAN, del PRI y del PRD? ( Porque la izquierda también está en el ajo. El ex-diputado federal de Michoacán por el PRD, Godoy Toscano, está sometido a día de hoy a una investigación por cohecho en relación con la Familia.) ¿Quién va, en fin, a desmontar las piezas de estas máquinas de poder? ¿Quién va a controlar a un ejército que, desde hace 150 años, no ha matado más que a mexicanos? La guerra es el fundamento del Estado, tanto en el exterior de las fronteras como en el interior. Ninguna denuncia democrática y ciudadana cambiará eso.

Como dice Paco Ignacio Taibo II, «los mexicanos sabemos que históricamente la policía y el Ejército no son una fuerza de orden sino una fuerza semilegalizada, represiva (…). Pero, ¿cómo limpiarla sin debilitar al mismo tiempo la esencia represiva del propio Estado mexicano?» ( «Ocho tesis y muchas preguntas», La Jornada, 15 de enero de 2011.) La respuesta, que él no se atreve a dar, procede sin embargo de esos mismos que están desde hace tanto tiempo expuestos a esta violencia de Estado.

Vemos, en efecto, una perspectiva para salir de esta guerra absurda. La vemos en la autodefensa armada de las comunidades indígenas. En esta desintegración inexorable de todo lo que constituía una sociedad, el solo y único punto de resistencia que aguanta, a pesar de las amenazas, los asesinatos y las desapariciones, son las comunidades indígenas armadas, en la selva de Chiapas o en la costa de Michoacán. Reforzar el sistema comunitario, todo aquello que lo constituye en la práctica, todo aquello que hace de él una fuerza segura, es la única respuesta concreta a la violencia

actual. Hasta tal punto que la experiencia de las comunidades indígenas puede servir incluso de ejemplo para el mundo mestizo.

En San Luis Acatlán, en la región Mixteca y Tlapaneca de Guerrero, el 15 de octubre de 2010, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) celebró sus 15 años haciendo desfilar a sus 600 integrantes. 62 comunidades y 11 municipios, que reúnen a 180.000 habitantes, se agrupan en la CRAC. Mientras la milicia desfilaba en armas por las calles, ese 15 de octubre, la gente aplaudía y gritaba eslóganes en recuerdo de Genaro Vásquez, oriundo de la ciudad…

Esta milicia comunitaria armada se atreve ya a acometer proyectos de radio, centros de salud y a anunciar que va a oponerse a la entrada de comida basura en las comunidades. La misma Coordinadora organiza en estos momentos la resistencia al proyecto de una empresa minera canadiense en la sierra.

Guerrero es uno de los Estados más pobres de México y sus habitantes han padecido décadas de violencia estatal. A principios de los años setenta, se desarrollaron dos movimientos de guerrilla como reacción a las innumerables masacres de campesinos cometidas por el Ejército. La represión se llevó a cabo siguiendo las enseñanzas de los especialistas norteamericanos en contrainsurgencia. Invirtiendo la famosa fórmula de Mao Tse Tung, se trataba de quitar el agua al pez. En 1972, Genaro Vásquez y luego, dos años después, Lucio Cabañas, los dos líderes de estas guerrillas, fueron abatidos al término de varios años de cacería militar.

Más tarde, a principios de los años noventa, los habitantes de esta región limítrofe con el Estado de Oaxaca sufrieron otra ola de violencia ciega: robos de ganado, ataques en las carreteras, extorsiones, violaciones. El gobierno de Guerrero dejó hacer, cuando no alentó bajo cuerda a los autores de estas agresiones cometidas contra los campesinos: de todos modos los habitantes de estas montañas son siempre sospechosos. ¿Qué familia no tuvo antaño a uno de los suyos en la guerrilla? Conforme la región va cayendo en el caos, las comunidades se van despoblando, y va desapareciendo así para siempre el agua del pez.

La milicia comunitaria se ha empleado con éxito, desde finales de los años 90, en contrarrestar este proceso y en restablecer la tranquilidad en la región. Ha conseguido asimismo cortar de raíz cualquier forma de narcotráfico en las comunidades. El servicio en esta milicia es voluntario y gratuito -se inscribe en la tradición del tequio-, y los cargos son rotatorios*. Cualquier persona que cometa abuso de poder estando en el cargo es revocada por la asamblea comunitaria. Desde hace diez años, la CRAC ha instaurado además su propio sistema de justicia, basado en la tradición

comunitaria: nada de tribunales con sus magistrados formados por el Estado y que hablan un idioma extranjero, sino un examen público de los hechos en la asamblea bajo la vigilancia de los Ancianos. Nada de cárcel, destinada a quebrar al individuo, sino un trabajo de interés colectivo en el marco de un diálogo entre el acusado y la comunidad.

Cuando la Familia pretende ejercer la justicia en su territorio, es fácil ver que ésta se caracteriza por la arbitrariedad: como capi mafiosi, los jefes deciden, sin dar cuentas a nadie, quién debe vivir y quién debe morir. La CRAC se sitúa exactamente en el polo opuesto: emanación de las asambleas comunitarias, su policía y su justicia son objeto de un debate público que se renueva constantemente. Su finalidad no es justificar un poder incontrolado y paranoico, que redistribuye cual magnánimo soberano un poco de dinero a la plebe sumisa; no, sino reforzar los vínculos en el

interior de la comunidad y, cosa extremadamente importante, entre las diferentes comunidades. Es además digno de nota que la CRAC, aunque comprende a una mayoría de comunidades mixtecas y tlapanecas y algunas comunidades nahuas, comprende también siete comunidades mestizas. Ahí tenemos una prueba de que el sistema comunitario puede extenderse también al mundo no indígena.

Pues es precisamente este mundo no indígena, llamado mestizo, el que da lugar a los narcos y se encuentra indefenso frente a la violencia de Estado. Actualmente los narcos ya no son únicamente traficantes de sustancias ilícitas. La acumulación primitiva que han realizado en tan poco tiempo les permite controlar sectores enteros de la vida social, invertir donde quieren y gravar con impuestos lo que quieren. Los narcos son a día de hoy un poder que ha penetrado una sociedad metódicamente desarmada. La fuerza capaz de oponérsele no vendrá de arriba, del Estado, sino de

abajo, de comunidades organizadas y armadas dispuestas a defender su territorio. El monopolio de la violencia que caracteriza al Estado ya no tiene en México nada de legítimo.

Oaxaca, enero de 2011

[ Traducción: Emilio Ayllón Rull ]

* Nota: El tequio es un trabajo voluntario y gratuito que cada uno de sus miembros adultos aporta al servicio de la comunidad, uno o dos días al mes (mantenimiento de caminos, construcción o reparación de edificios comunes, etc.).

COMENTA TAMBIÉN SIN FACEBOOK: