Tras la matanza en Acteal, 14 años en busca de la reconciliación

Publicado el diciembre 22, 2011, Bajo Nacional, Noticias, Autor @gabriel_Mzuma.

Ángeles Mariscal / CNN México / 22 diciembre 2011/.

* Sobrevivientes de la matanza aún demandan justicia tras el asesinato de 45 indígenas perpetrado por un grupo de “civiles armados”

* En la región de Chenalhó, Chiapas, el panorama social y político ha cambiado poco en los 14 años que han pasado desde la masacre de 45 indígenas en Acteal.

* Los conflictos entre comunidades persisten en este municipio de tzotziles, donde este martes unas 100 personas iniciaron una jornada de oración y ayuno para recordar a las personas asesinadas el 22 de diciembre de 1997.

* “Yo solo recuerdo el temor con que vivieron mi madre y mi familia, y los gritos de dolor por nuestros muertos”, dijo en la ceremonia el adolescente Ignacio Pérez Pérez.

Chenaló, Chiapas.- Ubicado a 100 kilómetros de San Cristóbal de las Casas, Chenalhó tiene una distribución territorial que refleja la división entre sus comunidades.

La carretera que conduce a Acteal pasa primero por la cabecera municipal, donde se ubican las autoridades que dependen del gobierno estatal.

En 1997, esas autoridades, presididas por el alcalde Jacinto Arias Cruz —condenado a 36 años de prisión—, apoyaron a los grupos armados que realizaron la masacre, según la Procuraduría General de la República (PGR). Los resultados de su indagatoria fueron difundidos en el Libro Blanco de Acteal.

Algunos kilómetros adelante de la cabecera municipal está el Municipio Autónomo de Polhó, que desde 1997 es refugio de bases de apoyo y militantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

A unos 50 metros de Polhó se encuentra el cuartel militar de Majomut, que se creó poco antes de 1997, en el marco de las confrontaciones que se dieron en la zona meses antes de la masacre de Acteal.

Unos dos kilómetros adelante está Acteal, poblado habitado en su mayoría por integrantes de la Civil Las Abejas, organización civil fundada en 1992 bajo el amparo de la Diócesis de San Cristóbal, con el objetivo de buscar el desarrollo de los indígenas de la región.

A este grupo pertenecían los 45 indígenas —hombres, mujeres y niños— que murieron a manos de civiles armados, a los que los indígenas y organizaciones defensoras de los derechos humanos atribuyen características de grupos paramilitares.

Una historia de conflictos

Arturo Lomelí y Dolores Camacho, investigadores universitarios, documentaron en el libro Acteal: volver a morir testimonios de los sobrevivientes que describen el conflicto que derivó en la masacre.

“(Las Abejas) no aceptaron la presión (del grupo local de indígenas que supuestamente equipó y armó el Estado) para convertirse en enemigos de los zapatistas”, señalan los autores.

Agregan que Las Abejas se definen como un grupo pacifista que se opone a las armas, por lo que no coincidían con los métodos zapatistas, aunque sí con sus objetivos de buscar mejores condiciones de vida para la zona.

Para los especialistas, la polarización social en Chenalhó fue parte de una estrategia mayor llamada “guerra de baja intensidad”, que el Estado implementó tras el rompimiento de los diálogos de paz con el EZLN, en agosto de 1996.

Los académicos coinciden con otros actores que han investigado el origen de la masacre, como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, en que la “guerra de baja intensidad” consistió en fomentar la confrontación interna de las comunidades simpatizantes del EZLN para debilitarlas.

Además, afirman, se favoreció económicamente y con armas a los sectores de la población que no simpatizaban con el zapatismo: los militantes de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), del Trabajo (PT) y Cardenista.

Según la PGR y la Procuraduría de Chiapas, antes de la masacre los habitantes de Chenalhó vivieron una confrontación intercomunitaria, y entre mayo y diciembre de 1997 murieron poco más de 30 personas en enfrentamientos y emboscadas.

La hostilidad y la inseguridad llevaron a que en semanas previas a la masacre miles de indígenas de unos 25 poblados del municipio salieran de sus comunidades para refugiarse. Las Abejas decidieron entonces concentrarse en Acteal.

“Grupos civiles armados”

Las Abejas, la Diócesis de San Cristóbal y el Centro Fray Bartolomé de las Casas denunciaron que los agresores eran grupos paramilitares adiestrados y equipados por el Ejército y las autoridades estatales.

Tras la masacre, perpetrada con armas de uso exclusivo del Ejército, la PGR reconoció la existencia de grupos a los que denominó “civiles armados”.

Como respuesta ante la indignación social que causó el hecho, la PGR detuvo y señaló como presuntos responsables a más de 100 personas: indígenas, priistas, autoridades municipales, policías estatales y el general Julio César Santiago Díaz, asesor de seguridad del gobierno de Chiapas.

Sin embargo, en el Libro Blanco de Acteal la PGR sostuvo que el origen de la muerte de los indígenas fue la disputa por un banco de arena cercano a Acteal.

Durante los años siguientes, el Centro Fray Bartolomé de las Casas y los sobrevivientes siguieron afirmando que los conflictos intercomunitarios de Chenalhó formaron parte de la estrategia del gobierno federal para cercar a las bases de apoyo del EZLN y neutralizar su crecimiento.

En los libros Acteal: entre el duelo y la lucha y Ni paz ni justicia, el centro humanitario documentó que el gobierno aplicó la misma estrategia en los municipios chiapanecos de Tila, Sabanilla y Tumbalá, donde el Ejército supuestamente apoyó a grupos armados como Paz y Justicia. Entre 1996 y 1998 se registraron en esa región más de 200 muertos en emboscadas y enfrentamientos.

Una prueba de ese apoyo, según el centro, fue la entrega de recursos que el general Mario Renán Castillo dio a Paz y Justicia, y la publicación de la estrategia militar llevada a cabo en la zona, llamada Plan de Campaña Chiapas 94.

Altos funcionarios exonerados

Tras la masacre, autoridades citaron a diversas autoridades; el de más alto rango fue el exgobernador Julio César Ruiz Ferro. Al final de las pesquisas, Ruiz Ferro y su gabinete fueron exonerados.

Otros funcionarios de segundo nivel fueron procesados y sentenciados por el delito de homicidio por omisión. Uno de ellos fue el general brigadier retirado Julio César Santiago Díaz, quien era director de la Policía Auxiliar.

Se le imputó haber estado a 200 metros de donde se disparaba contra los indígenas el día de la masacre —acompañado de 40 policías estatales— y no haber detenido las agresiones.

A 14 años del hecho, la mayor parte de los indígenas acusados de ser autores materiales del crimen han sido liberados por mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que encontró fallas procesales en los juicios. Sin embargo, les fue prohibido por el gobierno estatal regresar a la zona, para evitar un enfrentamiento o posibles agresiones contra Las Abejas.

Los policías y el general Santiago terminaron sus sentencias de nueve años de prisión y también fueron liberados.

Demandas de justicia

La liberación de los presuntos autores materiales y la negativa a llevar a juicio a quienes los sobrevivientes consideran promotores de grupos paramilitares —entre ellos, el expresidente Ernesto Zedillo, el general Renán Castillo y Ruiz Ferro— hicieron que Las Abejas interpusieran una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En su queja, que es analizada, se pide que se enjuicie a esos exfuncionarios y se revise la resolución de la SCJN que permitió liberar a quienes los sobrevivientes identifican como autores materiales de los hechos.

Consideran que estas acciones evitarían que la masacre quedara en la impunidad y dejarían el antecedente para que no se repitan acciones similares.

Por otra parte, en septiembre pasado se dio a conocer que otro sector de víctimas de la masacre, cuatro mujeres y seis hombres que pidieron el anonimato, interpusieron en una corte de Estados Unidos una demanda contra Zedillo, quien habita en ese país. La demanda de este grupo es únicamente para exigir una compensación económica por las muertes y las afectaciones que dejaron en los sobrevivientes.

Los integrantes de Las Abejas se deslindaron de esta demanda. En el marco del aniversario de la masacre, reiteraron que con la liberación de quienes habían sido señalados como autores materiales de estos hechos la convivencia en su región nuevamente se ha alterado, y la justicia por la muerte de sus compañeros ha dado un paso atrás.

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