Desaparecidos, tema de ONU y Senado

Publicado el marzo 6, 2012, Bajo Columna de opinión, Autor MonaLisa.


Lilia Arellano / Revista Emet

Tras una larga lucha, una de las principales demandas del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que encabeza el poeta Javier Sicilia, fue atendida finalmente por el Senado de la República al aprobar por unanimidad los legisladores federales la creación de la Ley de Registro de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, en donde se ordena la creación de una base de datos de personas extraviadas disponibles para las autoridades de los tres órdenes de gobierno…

A raíz del escandaloso incremento de ejecuciones y desapariciones de personas relacionadas o no con el crimen organizado en el 2010, las autoridades federales hicieron uso de todo tipo de artimañas para no dar a conocer el número de asesinados y desaparecidos en todo el país, porque éstos datos demostraban el enorme fracaso de la estrategia seguida por más de cinco años contra los cárteles de la droga y ponían a la gestión federal calderonista contra la pared disminuyendo aún más la poca o escasa legitimidad de la actual administración federal”. Ahora este ordenamiento que fue turnado al Poder Ejecutivo para su promulgación, esta encaminado a permitir que las investigaciones se lleven a cabo con mayor diligencia y dar puntual seguimiento a los casos denunciados.

Al mismo tiempo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) manifestó su preocupación por el Informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que establece que funcionarios públicos de México participaron en desapariciones forzadas en el marco de la “guerra sucia” en la que se fue convirtiendo la “guerra al narco” iniciada desde el principio de su administración por Felipe Calderón. Ese grupo denunció el lunes pasado en Ginebra, Suiza, que las desapariciones forzadas en México no son obra sólo de los grupos criminales organizados, sino que también participan funcionarios y servidores públicos del Estado mexicano. En un informe de su vista a nuestro país en la segunda mitad del mes de marzo del año pasado, constataron y denunciaron la participación de órganos del Estado y de funcionarios en secuestros y desapariciones forzadas de ciudadanos mexicanos.

“La participación del Estado en las desapariciones forzadas también está presente en el país”, acusa el reporte que asegura tener “información concreta, detallada y verosímil sobre casos de desapariciones forzadas llevadas a cabo por autoridades públicas o grupos criminales o particulares actuando con el apoyo directo o indirecto de algunos funcionarios públicos”. También destaca la “impunidad que prevalece” en muchos casos de desapariciones forzadas en México. El número de denuncias sobre desapariciones forzadas ha pasado de 4 en 2006 a 77 en 2010 y durante 2011 se tiene el registro de 346 personas desaparecidas. Sin embargo, organizaciones civiles estiman en más de 3 mil las personas desaparecidas en el país desde el 2006.

El Ombudsman Raúl Plascencia Villanueva reclamó que ante violaciones graves a derechos humanos como la desaparición forzada, la privación de la vida o la tortura, no existe “justificación para una negativa para aceptar y cumplir recomendaciones”. También destacó que la CNDH ha emitido diversas recomendaciones en los últimos años, precisamente sobre desapariciones forzadas en donde participan funcionarios públicos, y subrayó que la Secretaría de Seguridad Pública, que encabeza Genaro García Luna, no aceptó una recomendación, “sin justificación alguna”, que tiene que ver con un caso grave de desaparición forzada en el ejido de Buenaventura, en el Estado de Chihuahua.

En el plano internacional, otro informe dado a conocer este martes en Washington, EU, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), denuncia que la labor de los defensores de derechos humanos en el continente americano enfrenta como principal amenaza la posible colusión de fuerzas militares y policiales, que incluso habían facilitado asesinatos de estos protectores. En este segundo reporte sobre la materia, subrayó que la situación actual de los defensores de los derechos humanos en las Américas continúa siendo de alto riesgo en muchos países de la región, toda vez que resiente asesinatos, agresiones, desapariciones forzadas, amenazas, allanamientos y señalamientos de autoridades que desprestigian su labor. El reporte destaca que los asesinatos, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas han ido en aumento, en particular en países donde se produjo un quiebre democrático, donde persiste un conflicto armado o donde hay un constante enfrentamiento con grupos del crimen organizado. Sin duda, esta parte se refiere claramente al caso de México.

También resalta que una situación similar se da en naciones donde existe una situación de confrontación con sectores de gran poder económico, como las empresas que lideran proyectos de las industrias extractivas. Aquí, señala “su profunda preocupación porque, en algunas ocasiones, se podría haber utilizado la inteligencia militar o policial para facilitar las ejecuciones de defensoras y defensores de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad del Estado”. La CIDH indicó que ha observado un incremento importante en el ”uso abusivo” del sistema penal por parte de esa clase de empresas y para ello han recurrido a figuras penales como “sabotaje”, “rebelión”, “terrorismo”, “asociación ilícita”, “instigación a delinquir”, entre otras, que son usadas en contra de los defensores de derechos humanos y líderes sociales que se oponen al desarrollo de esas industrias. También aquí la referencia a México es directa.

El Senado de la República también aprobó reformas a la Ley General de Sistema Nacional de Seguridad Pública que obliga a las autoridades a elaborar un manual de protección ciudadana que garantice la protección de la población en situaciones de riesgo en las que intervienen fuerzas del orden, incluyendo por supuesto los llamados retenes. Los senadores consideraron necesario establecer una serie de reglas para preservar la vida de los ciudadanos ante la violencia asociada con el combate a la delincuencia.

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