El “no tiene madre” de la Reforma Laboral

Publicado el septiembre 29, 2012, Bajo Columna de opinión, Autor Pepe Garduño.


SDP / MOISÉS MOLINA @MoisesMolina / Sáb. 29 de septiembre de 2012

El origen de la institucionalización de los derechos laborales en una rama autónoma de las ciencias jurídicas hay que buscarla en el surgimiento de la “política de masas” y tres motivos, que a finales del siglo XIX marcan el agotamiento de Estado liberal:

1) El éxito del capitalismo que conllevaba la concentración de la propiedad y la influencia económica y hacía derivar de estas, la agudización de las desigualdades y en último término la explotación económica traducida en despido masivo, bajos salarios y marginación social;

2) La fuerza política que cobra la afirmación teórica de igualdad entre todos los miembro de la comunidad, que devino en reivindicaciones del derecho al sufragio y a la asociación política y sindical; y

3) La crisis de la incipiente división del poder durante este modelo de Estado entre Monarquía y parlamento, por la omnipresencia del segundo (integrado por propietarios) y la reducción de la primera al cumplimiento de funciones simbólicas.

Después del Estado Liberal, el mundo conoce nuevos modelos como alternativas. Tres de ellos –el Estado Socialista, el Nazi y el Facista- víctimas de sus inconsistencias desaparecieron, dejando el paso libre a la hegemonía del que hoy rige a la gran mayoría de la comunidad mundial: el Estado Liberal Democrático, también llamado Estado de Bienestar o Estado Social. El Estado Liberal para la teoría se democratiza permitiendo intervención popular en los asuntos colectivos reservados antes a los propietarios y se socializa al promover el crecimiento económico, asegurando mayores niveles de bienestar para toda la población.

No es entonces extraño que las luchas iniciales en el campo laboral se centren de forma exclusiva en la reivindicación de derechos inexistentes en el pasado. Las conquistas que, en adelante vienen casi sincronizadamente, cristalizan en el derecho positivo en más y mejores garantías para el trabajador y menos privilegios para el detentador del capital, incluído México con su revolución, la primera revolución “social” del siglo XX y con su constitución de 1917, surgida incluso antes de la más publicitada, que fue la de Weimar.

Nuestra Ley Federal del Trabajo, data de 1931 que contiene en esencia los mismos postulados que la de 1970 y ambas, obedientes del 123 constitucional de 1917 que nuestros legisladores se han rehusado a tocar significativamente.

Una cosa es innegable. El mundo ya no es el mismo de hace 81 años y la inmovilidad de nuestra legislación laboral se antoja inexplicable en una realidad donde los efectos de la globalización no son potestativos y exigen a los Estados, instrumentos de acción eficaces para sortear con éxito los efectos negativos y potenciar al máximo los positivos.

El proyecto de reforma laboral de México aprobado ya por la Cámara de Diputados y a partir del próximo lunes en manos de los senadores, modifica 351 de 1004 artículos de la Ley Federal del Trabajo. Su marco referencial es el mismo del aquel proyecto presentado desde 1988 por la CONCANACO Y LA COPARMEX: la flexibilidad del trabajo, justificado por el nuevo contexto de globalización del mercado y la producción, la modernización de los procesos productivos, la necesidad de proporcionar mayor confianza a los inversionistas y elevar la productividad y la calidad.

De las motivaciones que pública y “parafernálicamente” se expresan en contra de dicha reforma, pocas tienen un sustento racional. La protesta por sistema y por imitación es una de las estrategias que más daño han hecho a la izquierda en México y tan es así que fue solo una fracción de la izquierda la que “tomó” los dos niveles de la mesa directiva en San Lázaro. Fue esa izquierda, más que “desobediente” –como la calificó Silvano Aureoles- cerrada al debate que reduce la justificación de sus acciones con consignas de mitin político y declaraciones vagas, ni siquiera grandilocuentes:

“¡No tiene madre!, están condenando a los trabajadores a la pobreza y a la miseria”, dijo Monreal;

Dicen estar en contra, pero no argumentan. Y su única propuesta como alternativa es que la ley se quede como está, seguir en la realidad jurídica de 1931, los tiempos de Pascual Ortiz Rubio.

Si bien, la reforma laboral está propuesta a la medida de la globalización, no cancela los derechos de los trabajadores, pero parte de la izquierda se comporta ahora reaccionaria. Que nada cambie es su consigna. Para ellos no hay espacio al contraste de ideas, no existe el equilibrio. Su radicalismo deriva de esa visión totalizadora y monopolística de la realidad: si no es su realidad entera, total, la que se impone, simplemente no es buena, carece de bondad en todo sentido.

Mucha gente pregunta si la reforma laboral es buena o mala. Solo eso quiere saber. En un país donde el ciudadano no se informa o cuando lo hace quiere información fácil, el temor coloniza, infecta; y la izquierda ha sido, en buena medida (no totalmente) inoculadora irresponsable de ese miedo ciudadano. Y para muestra un botón: Le dicen a quien les quiera oír que la aprobación del pago por hora implica que una hora de trabajo será pagada a 7 pesos, cuando en la realidad el proyecto aprobado propone que el trabajador no podrá ganar en la jornada laboral menos del salario mínimo, así sea de dos horas esa jornada, además de no poder exceder el número de horas por jornada laboral.

En el proyecto que toca a los senadores estudiar, discutir y aprobar, se contempla el outsourcing o subcontratación, imponiendo obligaciones al contratador y al subcontratador, dejando a salvo derechos del trabajador; el pago por hora; contratos de prueba y capacitación inicial para otorgar el empleo a los trabajadores que mejor capacidad demuestren después de haberles pagado el tiempo que habrá de durar esa puesta a prueba o capacitación; nuevo concepto de trabajo digno o decente, respetuoso de la dignidad humana del trabajador; aplicación del principio de “no discriminación”; mayor protección a la mujer; reconocimiento de los derechos de paternidad; favorecimiento de condiciones para empleo de personas con discapacidad; obligación de dar capacitación adecuada y de calidad por parte del patrón; condiciones dignas de seguridad, higiene y previsión de riesgos para el trabajador y tipificación como delito del trabajo para menores de 14 años, entre otros rubros.

Es una reforma inspirada en esas fuentes reales del derecho que se ha postergado más allá de lo prudente que obedece preeminentemente a dos cosas: la competitividad y la atracción de inversión extranjera directa. Impensable una sola reforma para cancelar derechos de trabajadores comprometidos con la producción y su calidad.

La reforma queda sin embargo corta. Uno de los grandes temas que permaneció inalterado fue el de la democracia sindical. Pero fue paradójico que fuera Alfredo Oribe, un legislador del PT el que, en la Comisión de Trabajo y Previsión Social, frenara la obligación de los sindicatos para introducir estatutariamente el voto secreto en la elección de líderes sindicales.

Esta reforma fue un claro pacto entre los presidentes saliente y entrante y es una pena que se busque capitalizar políticamente. De antemano sabemos que la subsistencia de esa parte perniciosa de la izquierda (no toda la izquierda) identificada con el obradorismo, tiene que ver con la oposición sistemática a toda propuesta donde se vea la mano de Enrique Peña Nieto, sin escatimar excesos discursivos como el del Diputado petista Ladrón de Guevara que soltó en tribuna: “Yo en efecto no creo que sea un pacto de Enrique Peña Nieto y de Calderón sino es una orden de Carlos Salinas de Gortari, que es el verdadero titiritero de este País…”

Tenemos que acostumbrarnos a ellos los próximos años y México caminará, en ocasiones, a pesar de ellos.

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