Continuismo anticrimen

Publicado el septiembre 1, 2013, Bajo Columna de opinión, Nacional, Petróleo, Política, Autor Gloriamlo.

Erubiel Tirado
31 de Agosto de 2013
PRIMER INFORME

Sin anuncios espectaculares, salvo una publicidad avasallante, en materia de seguridad Enrique Peña Nieto arriba a su primer informe de gobierno con cambios de forma, retórica confusa, claroscuros en la relación con Estados Unidos y un déficit severo que aún no ofrece soluciones estructurales diferentes a las del panismo calderonista.

Las variaciones de algunos enfoques como el preventivo, la desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la centralización de decisiones con el empoderamiento de la Secretaría de Gobernación, la gendarmería y el enfoque norteamericano de su agenda de seguridad ponen en entredicho el supuesto cambio de paradigma que pregonan el nuevo gobierno y sus analistas “independientes”.

La administración de Peña Nieto apostó a la acción focalizada (forzando incluso la omisión de intervenciones policiacas y militares) y control de información para bajar la percepción social de inseguridad. En el nuevo entramado, las claves son: centralización, rigidez burocrática y política de las estructuras de seguridad modificadas.

Sin embargo, la violencia persiste (tanto la derivada del crimen organizado y el narcotráfico como la de delitos comunes que afectan la integridad de las personas) y la inquietud social se mantiene constante (84% de la población se siente “poco o nada segura”, de acuerdo con Parametría). Sobre el primer aspecto, destaca incluso el asombro, dentro y fuera del gobierno, que atribuía la agudización de la violencia a los ostentosos operativos conjuntos del calderonismo. La persistencia del síntoma apunta a un problema estructural que no atacó Calderón y que Peña Nieto sigue ignorando.

El presidente anunció el 27 de agosto último una disminución de 20% en el índice de homicidios relacionados con el crimen organizado y el narcotráfico, cifra ya cuestionada por especialistas respecto a la poca transparencia y rigor con la que se determina metodológicamente. Lo cierto es que la nueva administración acumula un promedio de mil homicidios por mes en esta categoría de vinculación delincuencial (según un reporte del Congreso de Estados Unidos elaborado a partir de información del gobierno mexicano) y no hace mucha diferencia con el calderonismo. La promesa de Peña Nieto fue disminuir la incidencia en 50% durante su primer año de gestión.

La desaparición de la SSP –hoy es un apéndice de Gobernación– fue un acto de revanchismo político, no el resultado de una profunda revisión y mejor aprovechamiento de los recursos institucionales de la seguridad pública. El redimensionamiento sirvió de base para una encarnizada lucha por repartición de puestos que dio lugar a una rara mezcolanza de burócratas (algunos sin experiencia) y operadores de seguridad priistas (tanto de administraciones federales pasadas como de gobiernos estatales), panistas reciclados y hasta de analistas mediáticos que al poco tiempo mostraron su ineptitud para volver a su condición de “críticos” funcionales.

La supuesta reingeniería institucional que Peña Nieto presumió al principio está resultando un parto de los montes, que no es ajeno a las pugnas internas por las definiciones principales de la estrategia de seguridad. La gendarmería expresa este problema. Pensada como puntal operativo que ayudaría a disminuir el desgaste de las Fuerzas Armadas y mejorar capacidades preventivas y de investigación policial a lo largo y ancho del territorio.

Lo anunciado por Manuel Mondragón y Kalb, titular de la Comisión Nacional de Seguridad Pública en febrero durante la audiencia de ratificación ante el Congreso (otra novedad formal), dista mucho de lo anunciado hasta ahora: de 10 mil elementos contemplados al principio se reducirán a la mitad; es decir, ya no será fuerza policial de nuevo cuño sino una división más de la Policía Federal.

Además, estará lista hasta julio de 2014 y no en este año como estaba previsto. Los cambios también son el resultado de la difícil convivencia entre civiles y militares en las funciones de seguridad pública (La Jornada, 26 de agosto). Subsiste el enfoque de tener estructuras paramilitares, es decir, policías con formación y disciplina eminentemente castrense. Este es un punto adicional de continuidad con el panismo si se recuerda bien que esa era la oferta de la candidata presidencial, sin mencionar los efectos nocivos del “mando único” impulsado por Calderón y que se consolida en el país.

Por su parte, la canalización de recursos cuantiosos a la prevención del delito responde también a una línea del pasado, cuando se focalizaban los operativos conjuntos. Las acciones y el dinero están concentrados en cerca de 10% de los municipios (los 257 más violentos, según el diagnóstico oficial), en tanto que la incidencia delictiva real afecta prácticamente a más de la mitad del país (17 entidades, de acuerdo con estudios serios, como el que dio a conocer recientemente el Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C. (CIDAC).

Inteligencia y militarización

Uno de los efectos de la crisis de seguridad y la manera en que la enfrentaron las administraciones panistas –con un visión punitiva empujada por Estados Unidos–, fue la de prohijar diversas estructuras y subestructuras de inteligencia y unidades operativas que se coordinaban sólo en apariencia. Cada agencia de seguridad y de las Fuerzas Armadas desarrolló agendas paralelas para atribuirse logros y culpar de fracasos a otros. Esta fue una de las razones del fracaso calderonista y los estrategas actuales, civiles y militares, no sólo reconocen este hecho, sino que advierten, en un ejercicio de reflexión al interior de las Fuerzas Armadas, que ahora el escenario es de pasmo y omisión de acciones (La Jornada, 28 de agosto).

La afirmación del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, sobre la captura de 61 cabecillas del crimen organizado y del narcotráfico con base en “inteligencia” (la lista incluye 121) rememora a Calderón con su lista de 37 capos, de los que capturó o ejecutó a 25). No se desarticulan organizaciones con sus redes cómplices en el gobierno y la iniciativa privada. Sigue pendiente una transformación profunda de las capacidades de inteligencia del Estado mexicano. El Plan Nacional de Desarrollo establece pretensiones ambiciosas en la materia (bajo el concepto de fusión) que corren el riesgo de quedarse en el papel si no se emprenden cambios estructurales con visión de Estado integral.

Iniciativa Mérida y más allá: Soberanía debilitada

La permisividad irresponsable del calderonismo dio lugar a una injerencia estadunidense abusiva y sin precedente. Peña Nieto tuvo que limitar su presencia e influencia operativa de los agentes del vecino país en territorio nacional. Sin embargo, subsiste el enfoque punitivo de Estados Unidos que busca evitar que la violencia mexicana llegue a su país y utilizar al nuestro como pivote de contención en la seguridad regional de Centroamérica.

De los 1.9 mil millones de dólares de la Iniciativa Mérida aún no se ejercen 417.1 millones contemplados para éste y el año siguiente. Entre 80 y 85% de esos recursos se destinarán a fortalecimiento de capacidades policiacas y de investigación; el resto (entre 15 y 120%) serán para los componentes de justicia y derechos humanos. Es importante recordar que las leyes sobre lavado de dinero se inscriben en la lógica de la Iniciativa Mérida.

Como parte de esta colaboración, hasta mayo último se han entrenado y capacitado 19 mil oficiales de policía (4 mil son investigadores federales, el resto de origen estatal, en particular de las entidades que hacen frontera con Estados Unidos). Para aplicar las reformas del nuevo sistema penal acusatorio, los cursos al otro lado de la frontera han sido dirigidos a 31 mil empleados y funcionarios del aparato judicial (22 mil 500 de ellos del ámbito estatal).

Por su parte, la visión militar de Estados Unidos en la lucha contra las drogas está inserta en la Iniciativa Mérida y en acciones de colaboración a través del Comando Norte. Los drones espías en la frontera, la asistencia castrense y los cursos de entrenamiento no se han suspendido, si bien es algunos aspectos esperan ser reorientados por el gobierno de Peña Nieto.

En este escenario preocupa la gobernabilidad comprometida. Además de los grupos criminales y narcotraficantes, hay nuevos actores disruptivos –grupos parapoliciales y paramilitares–, así como protestas sociales expuestas a la radicalización. El gobierno de Pena Nieto tiene nuevos retos que enfrenta con enfoques de dudosa eficacia y herramientas de seguridad debilitadas. Se corre el riesgo de perder la oportunidad (como ocurrió con Fox en la alternancia) de transformar la visión de seguridad del Estado mexicano.

De administrar la herencia institucional calderonista –con sus 60 mil muertos y 25 mil desaparecidos– el mandatario transitará un camino con un resultado que ya conocemos.

Fuente: Proceso 1922

Post: Gloriamlo

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