Los pataleos de Televisa – por @Krarman – #ColumnaRNR

Publicado el febrero 18, 2014, Bajo ColumnaRNR, Autor @Sociologuito.

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Radio la Nueva República | Columna RNR
Alejandro Ayala | @Krarman enero 18 de 2014

Los plazos se vencieron para los agitados poderes legislativos en la materia de telecomunicaciones, las disputas escalaron. Desde los lavaderos de la oligarquía concentradora de concesiones se cruzan amenazas, se miran con recelo, se atacan y se demandan como el caso Dish-Televisa, que trasciende en la opinión pública por tratarse de dos representantes de oligopolios de las comunicaciones en el país.

El fondo del problema es un criterio torcido para interpretar un litigio sobre titularidad de derechos de autor y la posibilidad de retransmisión de contenidos de televisión abierta en televisión restringida; es decir, must Carry-must offer. Las televisoras argumentan, agitando la ley en la mano, que defenderán sus derechos, y así en el argumento leguleyo logran sacar al órgano regulador: el Instituto Federal de telecomunicaciones (Ifetel), al ser considerado sin competencia para resolver sobre este asunto en particular.

Se debe resaltar que no está en duda la relevancia de los derechos de autor en la reforma telecomunicaciones. La materia fundamental del problema está en la concesión de una señal abierta para brindar un servicio público; las señales de los canales que conocemos, a pesar de su naturaleza comercial, cumplen una función social que les resulta ineludible: el derecho a la información y a un servicio de calidad, sin interrupciones.

Los usuarios de televisión restringida pagan por un servicio especial para recibir señales que no son abiertas y tienen el derecho de recibir los contenidos de las señales abiertas en sus pantallas; las empresas cableras, de transmitirlas; y las empresas concesionarias del servicio, de proporcionarlas en los términos que marca la Ley.

Adicionalmente, la condición para la retransmisión es hacerla de forma íntegra, sin alteraciones, es decir no se pude modificar el contenido original, respetando así los derechos de autor y la propiedad intelectual. De esta forma cumple con su cometido la existencia de señales abiertas. La reforma en telecomunicaciones estableció claramente la obligación de retransmisión de contenidos, además de establecer la gratuidad cuando no existiera predominancia del concesionario de televisión restringida.

¿Qué es la preponderancia?

A pesar de los esfuerzos de altos funcionarios de las televisoras para justificar sus exigencias del pago de contraprestaciones por parte de las empresas cableras, lo que no pueden acreditar es que la empresa Dish haya incumplido en alguna forma el texto del artículo octavo transitorio del decreto de reforma telecomunicaciones, que establece que ‘se considerará como agente económico preponderante, en razón de su participación nacional en la prestación de los servicios de radiodifusión o telecomunicaciones, a cualquiera que cuente, directa o indirectamente, con una participación nacional mayor al cincuenta por ciento, medido este porcentaje ya sea por el número de usuarios, suscriptores, audiencia, por el tráfico en sus redes o por la capacidad utilizada de las mismas, de acuerdo con los datos con que disponga el Instituto Federal de Telecomunicaciones.’

Para efectos prácticos, las empresas cableras están obligadas a transmitir los contenidos y los concesionarios de televisión abierta a proporcionarlos con calidad. El modelo de regulación asimétrica del mercado, así como la clausula de gratuidad, fueron planteados como métodos de competencia y apertura del sector, hasta hoy concentrado en pocas manos, pero sobre todo una nueva relación entre los concesionarios que permitiera mejor acceso y menor precio para el consumidor final.

Los pataleos

El alegato de los dueños de la televisora consentida del régimen, aquella cuyo presidente en los años 90 se asumió soldado del PRI, aduciendo razones de derechos de autor y propiedad intelectual, cae en el más absurdo de los posicionamientos frente a un nuevo modelo de regulación, ya que sin duda es la confesión de aquellos que han acumulado un arsenal de contenidos e inventarios de imagen que han avasallado la cultura, la política y la vida de nuestra población. Todo con el favor de la clase política que apoyó su concentración.
La descalificación del órgano regulador de telecomunicaciones por parte de las autoridades judiciales, escala el problema hasta la presidencia de la república que queda obligada a presentar el recurso legal contra resolución del juez; es decir, a un juego macabro de desgaste institucional que no ayuda al fortalecimiento de un Estado que aspira a ser rector del sector estratégico de sus comunicaciones.

La historia de la concentración mediática en México es de connivencia entre un Estado que vio un jugoso negocio en la desmedida concesión comercial de la radiodifusión y aquellos empresarios aventureros, que entraron a saco por el espectro radioeléctrico y las incipientes telecomunicaciones, aunque la propaganda lo presente como historias de éxito.

Este conflicto es sólo la punta del iceberg de otras batallas que librará la televisora de San Ángel no sólo en contra del Estado, sino en contra de los usuarios de servicios de telecomunicaciones bajo el mismo argumento de los derechos de autor y propiedad intelectual. En las próximas semanas será tema de discusión en muchas mesas la embestida de los mastodontes de la comunicación contra las redes sociales, en las cuales han perdido todas las batallas ideológicas y de censura del pensamiento y opinión.

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