Carta a los Relatores de Libertad de Expresión de la ONU y de la OEA sobre #LeyTelecom

Publicado el abril 26, 2014, Bajo Noticias, Autor @Sociologuito.


De: http://contingentemx.net/

Ciudad de México, 21 de abril de 2014.

Carolina Botero Mariano
Relatora Especial para la Libertad de Expresión
Organización de los Estados Americanos

Frank La Rue
Relator Especial para la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión
Organización de las Naciones Unidas

P r e s e n t e

En ejercicio de nuestro de derecho reconocido en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en defensa del derecho de acceso libre a internet libre reconocido en el artículo 6 de la Constitución de nuestro país, dirigimos a ustedes la presente comunicación sobre la situación que atraviesa México en relación con los derechos humanos en internet.

I. A n te c e d e n t e s

El Contingente MX es un grupo de activistas digitales creado en 2010 ha participado en la
defensa de casos relacionados con la libertad de expresión en internet y en la incidencia
en reformas legislativas que abordan derechos digitales. Ha defendido a activistas
digitales y a usuarios de redes sociales en contra del autoritarismo gubernamental. Se ha
manifestado públicamente en contra de las formas de espionaje ejercidas por gobiernos
nacionales y de otros países. En este sentido, cabe mencionar que México ha sido
llamado por organismos internacionales como uno de los países que más ha comprado
programas de spyware como FinFisher, Da Vinci y Bluecoat. Su uso generalizado ha sido
criticado abiertamente por organismos nacionales e internacionales y su dudosa
legalidad ha sido cuestionada por el Congreso mexicano.

Estamos convencidos de que la libertad de expresión es una de las principales
manifestaciones para la consolidación la democracia en cualquier país. Sin libertad de
expresión las sociedades están condenadas a prescindir de información para el libre
ejercicio de otros derechos. Del mismo modo, un apropiado manejo de datos personales
con estrictos protocolos administrativos así como el tratamiento igualitario a contenidos y
servicios, posibilita el pleno respeto a los derechos de las personas.

Conforme a estos principios, en marzo de 2013 fue presentada una iniciativa ciudadana
por el colectivo Libre Internet para Todos -del que el Contingente MX forma parte- que
incluyó por primera vez la agenda digital ciudadana a la discusión legislativa en
telecomunicaciones, al menos en lo que a Internet se refiere. Con la firma de 127 mil
ciudadanos, esta iniciativa consiguió reformar la Constitución Mexicana para adicionar el
1artículo 6 y establecer “la garantía para el derecho de acceso a las tecnologías de la
información y comunicación, a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, banda
ancha e internet”.

A pesar de este logro ciudadano, la reciente propuesta de Ley secundaria en
Telecomunicaciones, presentada el 24 de marzo de 2014 por el presidente Enrique Peña
Nieto, contraviene lo establecido un año atrás no únicamente en cuanto a garantizar el
derecho de acceso, sino en varias disposiciones que de aprobarse abonarían a un Estado
autoritario y controlador de las comunicaciones digitales de la ciudadanía mexicana. Con
preocupación observamos que las modificaciones no consideran a las personas y sus
derechos como eje principal del marco regulatorio, ni siquiera hay un capítulo designado
para tal fin. Los proveedores de servicios y las facultades atribuidas al Estado se ubican
por encima de las personas. Como colectivo acudimos a los Foros en el Senado para fijar
nuestra postura sobre la reforma y posteriormente entregamos una propuesta técnica
detallada (incluir link con documento) de lo que la ley debe contemplar para cumplir con
los tratados y estándares internacionales de derechos humanos.
Hemos detectado al menos cuatro planteamientos indispensables para la consolidación
de una sociedad democrática que están siendo vulnerados con la iniciativa presidencial:

II. Análisis de la propuesta del ejecutivo federal desde la óptica de los
derechos humanos

1. Garantía del derecho de acceso a Internet
La propuesta de ley secundaria de Peña Nieto no consideró la iniciativa de ley
reglamentaria del artículo 6, llevada hasta el Congreso por el Colectivo Libre Internet Para
Todos desde hace un año, y hasta la fecha no dictaminada por los legisladores. La
desatención a esta propuesta ciudadana pone en riesgo el derecho de acceso consagrado
en la Constitución. No se habla de infraestructura, instalaciones y tecnología necesaria
para este efecto. Así como tampoco se definen las responsabilidades del Estado.

2. Libertad de expresión
El artículo 197 de la propuesta se refiere a la posibilidad de interrumpir las señales de
telecomunicaciones y establece a la letra que se podrá “bloquear, inhibir o anular de
manera temporal las señales de telecomunicaciones en eventos y lugares críticos para la
seguridad pública y nacional a solicitud de las autoridades competentes” pero no aclara
en qué tipo de lugares o situaciones podría aplicar la norma y deja un espacio peligroso a
la interpretación subjetiva del artículo.

En este sentido, la Declaración Conjunta sobre la Libertad de Expresión e Internet por
ustedes firmada, establece que:
La interrupción del acceso a Internet, o a parte de este, aplicada a poblaciones
enteras o a determinados segmentos del público (cancelación de Internet) no
puede estar justificada en ningún caso, ni siquiera por razones de orden público o
seguridad nacional. Lo mismo se aplica a las medidas de reducción de la velocidad
de navegación de Internet o de partes de este.Además, el artículo 145 contiene disposiciones que se traducirían en actos de censura
porque los concesionarios o proveedores del servicio de Internet podrían “bloquear el
acceso a determinados contenidos, aplicaciones o servicios a petición expresa del
usuario, cuando medie orden de autoridad o sean contrarios a alguna normatividad”. De
esta manera se abre la oportunidad a una selección indiscriminada de contenidos a
publicarse o no. Consideramos que la selección expresa del usuario, de ser necesaria,
puede llevarse a cabo sin la intervención de la autoridad y con la utilización de
aplicaciones para tal efecto, como los controles parentales.

La propuesta contradice lo que la Declaración Conjunta, arriba mencionada, establece
para este tema:
Los sistemas de filtrado de contenido impuestos por los gobiernos y los
proveedores de servicios comerciales que no sean controlados por el usuario final
constituyen una forma de censura previa, y bajo ningún caso representan una
restricción justificada a la libertad de expresión.

3. Privacidad
En lo que refiere al tema de la privacidad de los usuarios y protección de datos
personales, la propuesta presidencial a través del artículo 189 obligaría al proveedor del
servicio de Internet a geolocalizar dispositivos en tiempo real por motivos de
“inteligencia” y sin estricta orden de un juez sino a petición “del Procurador General de la
República, de los procuradores de las Entidades Federativas o de los agentes del
Ministerio Público”.
En el mismo capítulo, el artículo 190 obliga a concesionarios y proveedores a permitir que
“autoridades facultadas por la ley ejerzan el control y ejecución de la intervención de las
comunicaciones privadas y a brindarles el apoyo que éstas les soliciten”. Es importante
hacer hincapié en que en el documento se solicita a concesionarios y proveedores contar
con la tecnología de vigilancia pero no explica cómo se controlará su ejecución, a fin de
evitar abusos.

La iniciativa no menciona qué tipo de tratamiento deberán dar los concesionarios a los
datos personales que están obligados a almacenar según esta ley. A pesar de que para
este efecto instrumenta la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de
Particulares, esta disposición no se adecua a los fines de este tipo de vigilancia, los que
gozan de una protección especial.

Contra una tendencia internacional creciente que establece límites estrictos sobre la
retención de datos o incluso su prohibición absoluta, los artículos 192, 193 y 194
establecen para los proveedores de servicios la retención de datos durante dos años, que
puede extenderse a solicitud – y para este caso, a discreción- de las autoridades.

4. Neutralidad de la red
La Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión e Internet advierte que:
3El tratamiento de los datos y el tráfico de Internet no debe ser objeto de ningún
tipo de discriminación en función de factores como dispositivos, contenido, autor,
origen y/o destino del material, servicio o aplicación.

El presidente Peña Nieto propone que :
“Artículo 146. Los concesionarios y los autorizados que presten el servicio de acceso a
Internet podrán hacer ofertas según las necesidades de los segmentos de mercado y
clientes, diferenciando entre niveles de capacidad, velocidad o calidad”.

Después de haber avanzado en la consagración del derecho de acceso a Internet como
un derecho constitucional pleno (artículo 6), la iniciativa de Peña no promueve medios de
acceso a los sectores más vulnerables de la población; más bien, es un catálogo limitado
de programas generales sin hacer avanzar los derechos específicos, y condena a este
país a seguir ocupando los niveles más bajos en términos de acceso a Internet.

El pasado noviembre, el Contingente Mx instó al gobierno mexicano, para manifestar su
apoyo al proyecto de resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas en
relación con la privacidad en Internet, tal como se había propuesto originalmente por
Alemania y Brasil. México no solo votó a su favor, se convirtió en uno de sus primeros
proponentes.
La resolución A/C.3/68/L.45/Rev.1 de la ONU correspondiente a El Derecho a la Privacidad
en la Era Digital, específicamente en el artículo 4, apartados a) , b ) , c ) y d) establece
garantías de protección a la privacidad, así como garantías de no impunidad en casos de
abuso; además, establece procedimientos de control de las intervenciones legales, la
rendición de cuentas independiente y requisitos de transparencia, así como mecanismos
de supervisión de la vigilancia oficial.

En concreto, pugnamos para que la legislación mexicana se fundamente en la Resolución
de la ONU sobre el Derecho a la Privacidad en la Era Digital, y la Declaración Conjunta de
la OEA relacionada con los programas de vigilancia y su impacto para la Libertad de
Expresión. Además deberá considerar los 13 Principios Internacionales pertinentes a la
Aplicación de los Derechos Humanos para la Vigilancia de Comunicaciones, así como
índices internacionales que garanticen el respeto absoluto de los Derechos Humanos en
Internet.

III. Petitorios

Por lo anteriormente expuesto, atentamente solicitamos que en el marco de su mandato:

1. Dirijan una comunicación al Congreso de México con la finalidad de recordar las
obligaciones del Estado mexicano contenidas en los tratados internacionales y en
las recomendaciones de los órganos especializados.

2. Soliciten al Congreso mexicano información adicional sobre el proceso de
legislativo de dictamen de la iniciativa de ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión presentada por Enrique Peña Nieto.

Atentamente
Contingente Mx

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