¡ATENCIÓN! Videgaray, el monarca del subsuelo – Leyes secundarias presentadas el 30 de abril 14

Publicado el mayo 6, 2014, Bajo Política, Autor MonaLisa.

La legislación secundaria propuesta por Peña Nieto para el sector energético encumbra a un monarca en el sector: Luis Videgaray, secretario de Hacienda. Si la normativa se aprueba, el cercanísimo amigo del presidente decidirá en qué se invertirá la renta petrolera y cómo serán los contratos que se firmen, tendrá voz y voto en todas las dependencias y subsidiarias de Pemex y podrá jugar a la Bolsa con dinero público. Y lo peor: todo podrá decidirlo en lo oscurito.

Como titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis Videgaray decidirá, sin requerir autorización del Congreso, cuánto y dónde invertirá los millones que captará México por compartir su renta petrolera con empresas trasnacionales.

Si se concretan las reformas a las leyes secundarias de la industria, la mano derecha de Enrique Peña Nieto será la “gran manipuladora” de los contratos que se firmen, gozará de impunidad si se presenta un descalabro económico y además “podrá reservar” toda la información que considere prudente.

Por Jesusa Cervantes /Proceso/El Mañana -05 mayo 2014

Videgaray podrá desenvolverse con opacidad a la hora de manejar los tres tipos de contratos (licencia, utilidad compartida y producción compartida) y las asignaciones a Pemex para explorar, explotar y vender hidrocarburos.

Tendrá también la posibilidad de emplear los principales ingresos del país como un “fondo de inversiones”, que al menos en parte estará sometido a las leyes del mercado.

Acerca de las nueve leyes secundarias propuestas por el Ejecutivo federal el pasado 30 de abril, especialistas en derecho como la diputada federal Loretta Ahlf y el actual consejero independiente de Pemex Fluvio Ruiz, sostienen que la injerencia de esa secretaría será el eje rector en la industria, contrario al anuncio de que “Hacienda sacaría las manos de Pemex”.

Acusan que eso invade facultades del Congreso establecidas en la propia Constitución.

En el paquete legislativo que se discutirá en junio destacan dos normas por su peso económico y técnico: la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos (LIH), que define los tres tipos de contrato, los beneficios fiscales que obtendrán las empresas trasnacionales y el régimen fiscal que guiará a Pemex.

La otra es la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo (LFMPED): Ahí se detalla cómo se concentrará y usará el dinero que pague la iniciativa privada por explorar y explotar petróleo y gas.

Según el artículo 36 de la LIH, el contenido de un contrato, los costos, gastos e inversión, el pago de dividendos al Estado y a las empresas estarán a cargo del secretario de Hacienda.
El fondo que recibirá los ingresos lo manejará un “comité técnico”, encabezado por el titular de la SHCP.
Y los consejos de administración de Pemex, sus subsidiarias y filiales –que tendrán la facultad de definir sus presupuestos– serán dirigidos, por vez primera, por el encargado de las finanzas de la nación, Luis Videgaray, de acuerdo con el artículo 13 de la ley petrolera a debate.

“Hacienda no saca las manos de Pemex.
En la práctica –y ahora por ley– los consejos los controla Hacienda, y en los contratos, que son la parte central de esta reforma, Hacienda se vuelve el gran controlador.
Esta reforma convierte al titular de Hacienda en el todopoderoso.
No fue gratuito que la presentación de todo el plan se hiciera en sus oficinas y que tan sólo por cortesía se invitara al secretario de Energía”, sostiene Fluvio Ruiz.

ERARIO, FONDO DE INVERSIÓN
Más que un recaudador responsable de la política económica, Videgaray tendrá bajo su tutela, “por el peso político que hoy representa”, el fondo petrolero, “que nada tiene que ver, por ejemplo, con el fondo noruego, que destina lo que se capta por exploración y explotación petrolera a garantizar la educación y bienestar de sus futuras generaciones”, dice Ruiz.

De acuerdo con la LFMPED, conformada por 23 normas, el fondo tendrá como fin “recibir, administrar y distribuir los ingresos derivados de asignaciones y contratos”.
El fondo tomará la forma de un fideicomiso, pero no estará regulado por las leyes que rigen los fideicomisos públicos.
“Es decir, se manejará con el secreto financiero, y no debe ser así porque es público, integrado con recursos públicos que debieran ser transparentados”, cuestiona Ahlf.

Ese fondo estará manejado por un “comité técnico”, integrado por el secretario de Hacienda, el de Energía, el gobernador del Banco de México y cuatro miembros independientes.
La ley no establece quién los propondrá pero sí que deberán ser palomeados por el Senado.

Según las proyecciones del gobierno federal se espera que el fondo alcance 4.
7% del Producto Interno Bruto, lo que en metálico significaría 784 mil 709 millones 555 mil pesos.
Sobre el destino de ese dinero sólo dispondrá el grupo encabezado por Videgaray.

Las facultades del comité exceden lo permitido en la Ley de la Administración Pública, acusan los expertos.
Incluso “invaden las potestades” que la Constitución otorga a la Cámara de Diputados, hasta hoy la única instancia que puede decidir en qué se gasta el erario.
La carta magna también establece que las facultades del Congreso “no son delegables”, puntualiza la legisladora Ahlf.

En el artículo 8, fracción II de la LFMPED, que define las atribuciones del comité, se lee que su presidente (Videgaray) propondrá formalmente a la Cámara de Diputados cuánto hay que asignar al “fondo de sistema de pensión universal”, cuánto para financiar proyectos de inversión en ciencia, tecnología e innovación y en energías renovables, y cuánto para infraestructura.

Además, podrá transferir parte del dinero al Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas y al Fondo de Extracción de los Hidrocarburos.

Un punto central es que el dinero del fondo no formará parte de la Ley de Ingresos ni del Presupuesto de Egresos y tampoco ingresará a la Tesorería de la Federación.
Como se dijo, estará en un fideicomiso privado en Banxico, que gozará de secrecía.
Cuando el comité determine cuánto entregar a los fondos de Estabilización y de Extracción de Hidrocarburos “instruirá al fiduciario para que realice la transferencia a la Tesorería”, dice el artículo 8.
Banxico será el que haga los pagos a las “asignaciones” y contratos.

“Es un exceso que el comité pueda decidir cuántos recursos va a entregar a la pensión universal.
No establece cuánto ni de qué manera, pero además decidirá lo que va a destinar para completar el Presupuesto de Egresos.
Es decir, vamos a tener que completar con recursos petroleros lo que le faltó al gobierno, según dice el artículo 16.
Esos son recursos de la nación.
¿No debieran entonces ser determinados o etiquetados por el Congreso federal? Es una ley secundaria que invade facultades propias de la Cámara de Diputados”, denuncia la diputada federal, quien resume: el fondo será ahora “la caja del Ejecutivo federal, que no tendrá el control del Congreso”.

Añade que aunque se aprueben la ley del fondo y la de responsabilidad hacendaria no podrían operar tan fácilmente, porque se interpondría una controversia constitucional.

A ECHAR NÚMEROS
Una vez que el fondo cubra todos sus pagos a los contratistas, a las cuentas de estabilización, a la pensión universal y demás, tendrá un remanente de 482 mil millones de pesos, según estimaciones del gobierno federal.
Ese “pilón” se llamará “reserva del fondo” y podrá invertirse en la Bolsa.

En el artículo 8 de la ley fiduciaria se lee: “(Se podrá) fondear un vehículo de inversión especializado en proyectos petroleros”.
Uno de los fondos especializados en petróleo que ya existen es Navix, encabezado por Gonzalo Gil White, hijo del extitular de Hacienda Francisco Gil Díaz.

El artículo 17 consigna que el comité deberá buscar “el máximo retorno a la inversión con un nivel adecuado de riesgo (…) mediante la diversificación”.
El comité determinará el “límite de exposición por tipo de activos, países y regiones y sectores económicos”.

No sólo eso, también podrá “contemplar la utilización de derivados con el único fin de facilitar la instrumentación de las políticas de inversión”.
Los “derivados” son instrumentos financieros muy volátiles.
De hecho, la crisis económica de 2008 se debió, en buena parte, a un mal manejo de derivados.

Todos los instrumentos anteriores se manejarán en las bolsas de valores y estarán sujetos a las leyes del mercado.

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