México: Los vicios ocultos del plan energético

Publicado el Junio 20, 2014, Bajo Columna de opinión, Nacional, Petróleo, Política, Autor Gloriamlo.

comisión de energía

Jenaro Villamil
7 de junio de 2014
Las Reformas

El verdadero alcance de las reformas energética y de telecomunicaciones se definirá a partir de este martes 10, cuando el Congreso empiece a discutir las leyes secundarias en ambas materias. Son debates que decidirán el rostro de México durante las próximas décadas… pese a lo cual los legisladores eligieron realizarlos durante el Mundial Brasil 2014, cuando la atención pública se encuentre en las canchas y no en el futuro del país. Opositores temen que se pacte el desmantelamiento de Pemex y se otorgue demasiado poder al gobierno en internet y televisión

A pesar del discurso presidencial, de los spots televisivos y de los objetivos planteados en el proyecto de dictamen sobre la Ley de Hidrocarburos, cuya copia obtuvo Proceso, el paquete de leyes energéticas que el Ejecutivo federal envió al Senado y comenzará a discutirse en comisiones a partir del martes 10 constituye un desmantelamiento programado de Pemex y una apertura indiscriminada a un modelo de contratos privados en hidrocarburos y en otros recursos naturales.

La clave está en dos de las 10 leyes –la de hidrocarburos, reglamentaria del artícu­lo 27 constitucional, y la de Pemex– cuya aprobación ya negociaron el PRI y el PAN la semana pasada con un predictamen “planchado” aun antes de que lo discutieran los integrantes de la Comisión de Energía y de Estudios Legislativos Primera.

En su exposición de motivos los redactores del proyecto de dictamen de la Ley de Hidrocarburos señalan los objetivos: “incrementar la seguridad energética del país; aumentar la producción de petróleo y gas natural; alcanzar mayores tasas de restitución de reservas de petróleo y gas; detonar el dinamismo de la industria de la transformación de hidrocarburos; fortalecer la red de transporte, almacenamiento y distribución de hidrocarburos.

No establecen plazos ni metas para lograrlo. Ni siquiera definen lo que consideran como “renta petrolera”, aunque todo el predictamen hace referencia a ella. Y tampoco definen el concepto “valor de producción”.

Sin embargo, en varios artículos están los verdaderos objetivos, con plazos y metas específicos para desmantelar a Pemex. En el artículo octavo transitorio de la Ley de Hidrocarburos se establece, por ejemplo, que Pemex será el comercializador de todos los hidrocarburos hasta 2017. A partir de 2018, esa tarea se hará mediante una licitación a través de un ente privado.

Asimismo, según el artículo 28, la nueva Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) podrá contratar, sin la intervención de las secretarías de Energía o de Hacienda (Sener y SHCP), a Pemex, a otra empresa pública o a un ente privado mediante licitación pública.

Un análisis elaborado por el grupo de asesores del PRD en el Senado advierte que “si se deja a un privado la tarea de vender los hidrocarburos del Estado, aquel no podrá ser otro que una empresa extranjera, porque en México sólo existe una empresa dedicada a ese negocio y es pública (PMI Comercio Internacional)”.

El documento de 60 cuartillas titulado Análisis de la propuesta de legislación secundaria enviada por el Ejecutivo federal al Congreso de la Unión destaca también: “El comercializador del Estado sólo puede ser el Estado a través de sus instituciones. No hay razón para hacer a un lado a PMI, que ha recibido un amplio reconocimiento internacional por las fórmulas de sus precios y su labor de mercado. La confiabilidad y el prestigio del comercializador son elementos fundamentales en el funcionamiento del mercado petrolero internacional”.

Otro ejemplo: En el artículo 14 transitorio de la Ley de Pemex habla del pago anual de un dividendo estatal para 2015 –que será “de al menos 30%”– de los ingresos que le queden a Pemex después del pago de impuestos y derechos aplicados a las actividades de exploración y extracción, que representan 70%. Es decir, Pemex se quedaría sin un peso para invertir.

El mismo artículo establece que ese 30% se irá reduciendo gradualmente al 15% para 2021 hasta llegar al cero en 2026. Para entonces, afirman los asesores, Pemex ya no existiría.

Un cálculo de la senadora perredista Dolores Padierna destaca que, con las cifras de Pemex de 2013, ese 30% representaría “una sangría adicional de 118 mil millones de pesos para la paraestatal”; es decir, más de 10 mil millones de dólares.

La nueva Ley de Pemex fusiona a la paraestatal en dos grandes empresas productivas subsidiarias: Pemex Exploración y Producción con Pemex-Gas y Petroquímica Básica; y una segunda que fusiona Pemex Petroquímica con Pemex Refinación. De esta manera, desaparece la división en cuatro subsidiarias, creada por Francisco Rojas durante su gestión como director de la paraestatal en los sexenios de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas.

El análisis del PRD advierte que “después de más de 20 años de funcionar con un corporativo y cuatro subsidiarias, el consenso interno en Pemex es que debe reintegrarse en un solo organismo. Incluso existe un acuerdo del Consejo de Administración en este sentido. La Secretaría de Hacienda es el único ente gubernamental que se opone a la reintegración de Pemex.

“Su reticencia se basa en preocupaciones recaudatorias infundadas puesto que, independientemente de su organización, Pemex seguiría pagando derechos en función del valor de su producción. De hecho, es la única gran empresa petrolera que no se encuentra plenamente integrada.”

La idea empresarial de Pemex está expuesta en ambas iniciativas. La de Peña Nieto establece un mandato completamente inédito para la paraestatal: “competir con eficacia en la industria energética” (artículo 3) con la misión de generar valor económico y rentabilidad para el Estado mexicano, si bien restringe la autonomía presupuestal y financiera.

La iniciativa de Ley de Hidrocarburos “saca autoritariamente del negocio” del gas a Pemex. En materia de transporte e internación al país del gas, la norma faculta a la Sener a instrumentar acciones para que en cinco años ninguna empresa pública tenga más de 50% del mercado, porcentaje que deberá disminuir aún más para que en 10 años no supere el 20%.

Saca a Pemex del negocio del gas y crea una nueva entidad pública –Cenagas–, a partir de la infraestructura que se le quita a la petrolera (artículos 61 a 64). La misión de Cenagas no será comercializar el hidrocarburo, sino “ser un actor neutro, independiente de todos los participantes del mercado, públicos o privados” para “garantizar la continuidad del suministro de gas en el territorio nacional”.

Vulneran información
privilegiada de Pemex

Pemex deberá entregar no sólo la mayor parte de las áreas de interés petrolero identificadas para ofrecerlas a las compañías petroleras internacionales (algo que está en curso a través de la llamada Ronda Cero), sino que deberá entregar toda su información procesada e interpretada de cada campo y yacimiento para que la Sener y la SHCP tengan libre acceso y sin restricciones a esta información.

Así lo establece el artículo ocho transitorio de la Ley de Hidrocarburos. En su análisis, el PRD advierte:

“Hasta ahora, Pemex ha guardado celosamente esos datos, pero en el futuro inmediato tendrían acceso varias dependencias federales. El riesgo de fugas es alto e inminente. Además, Hacienda no necesita acceso a esta información técnica altamente especializada para establecer el contenido económico de los contratos.

“Este tema es muy relevante para la llamada Ronda Cero, pues como no hay reglamentación, existen presiones para que Pemex entregue de inmediato la información geológica, sin que la CNH cuente con los lugares adecuados para su resguardo y sin que se establezcan siquiera los conceptos de costos que serán cubiertos a Pemex. En todo caso, la información geológica que entregue Pemex debe ser información ‘cruda’ y no la información ya interpretada.”

En contraste, toda la información derivada de los yacimientos transfronterizos con Estados Unidos tendrá extrema confidencialidad (artículo 3), ya que estos acuerdos no pasan por el Senado y sus términos y condiciones son confidenciales e irreversibles.

Así se estableció en el Acuerdo de los Yacimientos Transfronterizos de Hidrocarburos, firmado por la Secretaría de Relaciones Exteriores en febrero de 2012 con el Departamento de Estado de Estados Unidos. En mayo de ese año el Senado aprobó el acuerdo. El 19 de diciembre de 2013 lo hizo el Senado estadunidense.

El documento propone “fortalecer la seguridad de América del Norte” y tener una “administración responsable” de los recursos energéticos. Asimismo, modifica los derechos de propiedad de la explotación petrolera en México.

Le quita el carácter de operador a Pemex para que otras empresas, especialmente petroleras trasnacionales, se ocupen de la exploración y extracción de hidrocarburos en la zona transfronteriza.

La información será confidencial para quienes obtengan las licencias, y los gobiernos deberán mantenerlas en ese carácter, de acuerdo con el texto aprobado por el Senado mexicano.

Los contratos al gusto

La ley reglamentaria del artículo 27 constitucional no define ni siquiera qué se entiende por “renta petrolera” ni establece porcentajes. De acuerdo con el análisis de la bancada del PRD en el Senado, se trata de “minimizar la proporción de renta que se traslade a los operadores internacionales que asuman riesgos geológicos”.

Los artículos 4 y 6 de la iniciativa de Ley de Hidrocarburos asientan que el gobierno podrá otorgar “asignaciones” y “contratos” a partir de la profundidad del subsuelo. El mecanismo privilegiado será el contrato otorgado mediante licitación y las asignaciones (entregadas a Pemex) serán excepcionales.

“Esta preferencia traduce la desconfianza hacia la empresa pública y la voluntad de compartir la renta con el ganador del concurso, a pesar de que el Estado podría obtener más renta y de manera más segura con una asignación”, señala el documento. Incluso, la Sener puede modificar los términos y condiciones de las asignaciones a Pemex.

Además, Pemex puede solicitar la migración de “asignación” a “contrato”, pero la Sener puede negárselos (artículo 12). Si Pemex quiere asociarse con un privado no escogerá al socio: éste será designado por la autoridad luego de un proceso de selección (artículo 13). “Esto no ocurre en ninguna parte del mundo”, advierte el análisis perredista.

De hecho, el Estado mexicano, vía Pemex, sólo podrá participar hasta con 30% de la inversión de los proyectos, y en los yacimientos transfronterizos con un mínimo de 20% (artículos 16 y 17).

Son tan benéficas las condiciones de los contratos privados que la responsabilidad ambiental y los programas de apoyo a las comunidades no se incluyen dentro de las cláusulas obligatorias de los contratos (artículo 19).

En el caso de las mineras, éstas serán las grandes favorecidas porque, en su caso, los contratos podrán celebrarse mediante asignación directa para desgasificar mantos de carbón (artículo 27).

La autoridad máxima en los contratos será la SHCP, no la CNH ni la Sener. A estas dos últimas se les encarga escoger el área, realizar la licitación y que las operaciones se realicen bien, pero a Hacienda “le toca decidir todos los aspectos técnicos y financieros” (artículo 30).

Incluso, las auditorías de Hacienda a los contratos con privados podrán realizarse con otros privados. Y todas las decisiones que tenga que tomar la Sener serán con la anuencia de la SHCP.

El modelo de contratos se establece en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. Son cuatro figuras: licencias, contratos de utilidad compartida; contratos de producción compartida, y contratos de servicios.

En la parte más rentable del negocio petrolero, exploración y producción, Pemex y los privados podrán celebrar todo tipo de licencias y contratos. Los privados podrán participar con o sin Pemex en oleoductos y gasoductos.

Incluso, los privados podrán registrar sus contratos “para efectos contables”. En otras palabras, podrán registrar las reservas de crudo del país para atraer inversionistas y para su información bursátil.

La Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos le otorga un enorme poder al titular de la SHCP para beneficiar a los privados o para regular fiscalmente a Pemex.

Entre las nuevas facultades que esta iniciativa le otorga a Hacienda están:

“a) Determinar bases y reglas sobre registros de costos, gastos, inversiones, procura de bienes y servicios;

“b) verificar el correcto pago de regalías y cuotas contractuales, y

“c) efectuar las operaciones y registros contables derivadas de los contratos.”

Además, “establece la posibilidad de celebrar contratos diferentes a los señaladas en la ley y nuevamente la Secretaría de Hacienda determinará las contraprestaciones correspondientes.”

Fuente: Proceso 1962
Post: Gloriamlo

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