Proyecto En el camino: – Una ley para expulsar

Publicado el Junio 25, 2014, Bajo Internacional, Nacional, Noticias, Autor @gabriel_Mzuma.

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Los mexicanos suelen quejarse de las barreras infranqueables que Estados Unidos pone a los migrantes, pero pocas veces vuelven la mirada a su propia realidad. A pesar del discurso oficial que presume las “bondades” de la nueva Ley de Migración, en el fondo la estrategia de México es deshacerse de quienes cruzan su frontera en busca de una mejor vida. Otra cara de la paradoja de ser víctimas en el norte y victimarios en el sur.

* El presente texto forma parte del proyecto En el Camino, realizado por la Red de Periodistas de a Pie con el apoyo de Open Society Fundations.

Texto: Ángeles Mariscal/ Imágenes: Moysés Zuñiga Santiago

► La joven hondureña sale de la oficina con una orden de deportación en mano. Diez años en tierra mexicana, un par de hijos nacidos aquí y una pareja originaria de este país, no fueron suficientes para que autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) le reconocieran su estancia legal en México.

La impotencia y el coraje le corren en forma de lágrimas.

Lo único que lamenta, dice al salir azotando las puertas de las oficinas en Tapachula, es haber mantenido la esperanza durante los seis meses que tardó la travesía burocrática, desde que hizo la solicitud y volvió cada semana a darle seguimiento, hasta el día de hoy. Eso, y el haber gastado lo más de 6 mil pesos que cuesta sólo el trámite.

“Quiero arreglar mis papeles, vine porque quiero arreglar mis papeles. No tengo dinero suficiente para pagarlo pero me dijeron, ´usted tiene que pagarlo,´ y pagué. Y a la mera hora me dicen simplemente que ´no ´, que me tengo que ir de México”, relata afuera de las oficinas.

La mujer migrante no quiere compartirnos su nombre. Desde ahora, desde siempre, se siente “ilegal”, criminalizada y vulnerable en un país que le ofrece una estancia legal, pero que en realidad pretende expulsarla. Su identidad quedó registrada en la base de datos de poco más de 2 millones 476 mil personas que han solicitado regularizar su estatus migratorio de noviembre de 2012 a diciembre de 2013 -según la estadística que conserva la página web del INM-.

Ahora, ni siquiera tiene la esperanza de un día caminar libre y segura por las calles. Si viaja en un transporte regular, correrá el riesgo de ser identificada como migrante y deportada. No podrá solicitar un trabajo formal “ni en una farmacia, donde si no tienes pasaporte y tu FM2 (así se le denomina a la Forma Migratoria de inmigrante), no te aceptan”. No podrá abrir ninguna cuenta bancaria. No podrá adquirir ningún inmueble. Vivirá a salto de mata, con el temor y la incertidumbre de que en cualquier momento puede ser expulsada de México.

Sube a un taxi y asegura que la negativa no la va a detener en su camino para establecerse en condiciones de seguridad, en la Ciudad de México.

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¿Regularización?

Nora Rodríguez ha visto esa escena repetirse miles de veces. Sentada en una silla de plástico, frente a una mesa de madera colocada provisionalmente afuera de las oficinas del INM en Tapachula, podría fácilmente hacer un estudio sociológico, económico y hasta político de la estrategia migratoria del gobierno de México, y su impacto en la comunidad: tiene ocho años de conocer las historias de sus paisanos centroamericanos, y la respuesta de las autoridades de los países involucrados en la problemática.

“Yo entré a México en el año 2000. Iba a cruzar hasta Estados Unidos, pero me dio miedo seguir, me quedé sin dinero, sin todos los ahorros de mi vida”, cuenta Nora, quien como miles, acaso millones de migrantes –no hay una cifra oficial de cuántos han cruzado la frontera-, decidió vivir en México.

“En 2003 vi la necesidad de ser una migrante regular, legalizada, porque quería traer a mis hijos. Ya no quería vivir con el temor de ser expulsada y quería conseguir un mejor trabajo. Hice la solicitud, en ese momento sólo cobraban 556 pesos, pero había que hacer muchos trámites, llenar muchos oficios y por cada hoja nos cobraban 50 pesos”, recuerda.

“Así conocí lo que se sufre en estas oficinas. Me conmovía ver a mis paisanos desesperados, a las mujeres de Guatemala que no saben leer y escribir y que ni siquiera hablan español. Dije ´es muy triste que nos traten con tanta discriminación, que nos cobren tanto dinero cuando apenas y ganamos para sobrevivir´. Conseguí una máquina de escribir, me hice mecanógrafa pública y me puse en esta mesa para apoyar a mis paisanos en los trámites. Desde 2005 estoy en este lugar”.

De las 9 de la mañana a las 2 de la tarde, de lunes a viernes, Nora ve desfilar frente a las oficinas del INM en Tapachula a decenas de migrantes -a veces, en un solo día, se juntan hasta 200- que hacen fila desde la madrugada, acostados en cartones, esperando que abran las puertas del lugar.

Hombres, mujeres, niños y niñas; familias completas. Llegan, hacen su trámite y regresan cada semana en espera de noticias. En sus rostros es evidente el cansancio pero también esperanza. A veces coraje, desesperanza e impotencia una evolución de sentimientos atada al progreso o no de su solicitud de regularización migratoria.

La ley, a secas

De acuerdo con la Ley de Migración, vigente desde 2012, para obtener permiso de estancia en el país se requiere:

Tener pasaporte o identificación oficial, pagar más de 6 mil pesos (460 dólares) (3 mil 943 por el permiso de residencia, mil 346 de multa por ingresar de manera ilegal, más mil 34 por el estudio de documentos). Y lo más importante: demostrar vínculos familiares con mexicanos y un trabajo formal.

En una fotografía que muestra Nora, tomada en las afueras de las oficinas del INM, aparecen tres mujeres jóvenes sentadas con ella. Una de ellas, con tal de tener la autorización se casó con un mexicano y tuvo un hijo, luego se fue al norte, sola. La mayoría de los solicitantes son personas de muy bajos recursos y las mujeres que trabajan en bares y son chantajeadas por agentes migratorios.

Tantas historias ha recabado Nora que se convirtió en defensora de sus paisanos. Las fotografías son una de sus herramientas para difundir los abusos. Algunos casos han sido dramáticos como el de una mujer que en otra fotografía aparece sentada en una silla de ruedas.

“A Doña Lolis la conocí cuando llegue a vivir a Tapachula. Tenía un trabajo formal, pero con el tiempo, cuando yo ya estaba de mecanógrafa trabajando aquí, empezó a tener problemas con migración y empezó sus trámites”, recuerda. “Con mucho esfuerzo juntamos el dinero para pagar los trámites, hicimos rifas… Al final, le dieron un oficio de salida, de expulsión. Entonces una embolia le paralizó la mitad de la cara y el cuerpo, y la confinó en la silla de ruedas”.

Ver a su amiga en esa situación la motivó a organizar a la comunidad centroamericana de Tapachula, realizar marchas y protestar contra la política migratoria mexicana. Las principales demandas fueron la exoneración de pagos y suspender las deportaciones. En 2013 realizaron cinco manifestaciones públicas.

Con las protestas lograron que el INM revisara algunos casos particulares, como el de Doña Lolis quien obtuvo su permiso, pero físicamente no se recuperó y regresó a Honduras.

“Somos miles las que nos quedamos, pero también miles las que se van porque la situación migratoria se puso más difícil, porque aunque cumplas todos los trámites y requisitos, ya no están permitiendo quedarse”.

Los inalcanzables 6 mil pesos

Carmelina Chilel Ramirez, de 26 años, nunca ha intentado regularizar su estatus migratorio. No lo ve factible. Se resignó a vivir en la indefensión, a vivir con lo imprescindible. Viste una gorra, playera de manga larga para protegerse del sol y las moscas y una falda fabricada con hilos de colores que, aunque parduscos por el sol y el tiempo, la ubican como originaria de los pueblos indígenas de Guatemala.

Todas las mañanas, ella, sus cuatro hijos, menores de 10 años, y su joven y tímido esposo salen de su vivienda para dirigirse al basurero municipal. Entre todos hurgan en busca material que puedan revender en centros de reciclaje. Su ganancia máxima es de 100 pesos diarios (7.6 dólares) que alcanzan para comida. Desde que llegó a México, hace 15 años, su vida ha sido así. Aquí se enamoró y aquí, en este basurero, nacieron sus cuatro hijos.

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“Tenemos un poco de tierra en San Marcos (Guatemala), allá es muy bonito, pero no hay chamba”, dice mientras mira los cerros de desechos rodeados por buitres y moscas.

¿Buscar un mejor trabajo? ¿Ser una migrante regular? Carmelina tarda en responder.

“No quiero nada. Para mis hijos sí, pero yo no tengo estudio, no tengo nada. No sé cuánto cueste… a ver que dice Dios, a ver más después”, dice, y hace las cuentas que la ubican en su realidad:

Para iniciar el trámite de regularización migratoria, esta familia tendría que pagar 6 mil pesos por cada uno de sus miembros: inalcanzables 36 mil pesos.

Migrar para quedarse

Cada vez son más migrantes buscan asentarse en México en lugar de seguir su viaje a Estados Unidos. En 2013 el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI) reportó que por cada 10 mil residentes en el país, 19 personas llegaron del extranjero. Fenómenos meteorológicos, conflictos sociales, violencia, y pobreza son algunos de los factores que empujan el flujo migratorio.

En la región del Soconusco, al sur de Chiapas, existe desde hace más de cien años un intenso flujo migratorio de guatemaltecos que cruzan la frontera para trabajar en fincas cafetaleras o en servicios domésticos en Tapachula.

A partir de 1982 miles de mujeres, niños y hombres del pueblo Ixil huyeron de la guerra civil en Guatemala y solicitaron refugio en México. Muchos permanecieron en el país. El huracán Mitch que en 1988 devastó una parte de Centroamérica provocó una salida masiva de personas provenientes de Honduras y El Salvador. Y más recientemente se registró una nueva oleada de hondureños que huyeron de la represión desatada en su país tras el golpe de estado de 2009 así como la violencia generada por las pandillas de Maras.

Al mismo tiempo aumentó la llegada de migrantes de otros lugares, como Cuba o África.

Destino: expulsión de México

Para Fermina Rodríguez Velasco, coordinadora del área de integración social del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, la nueva Ley de Migración dificulta la regularización de los migrantes y con eso implícitamente los expulsa del país.

En la legislación, dice, se colocó en el mismo estatus a migrantes de países desarrollados que llegan a México a estudiar o desarrollar algún proyecto, y a personas de muy escasos recursos que salen de sus países por la violencia y la pobreza; que tienen escolaridad mínima y se insertan en actividades poco remuneradas, como trabajadoras domésticas, vendedores ambulantes, albañiles.

“No están en condiciones de cumplir con los requisitos para la regularización, y cuando lo hacen se ven envueltos en nuevas problemáticas”.

Una de ellas es la exigencia de los vínculos familiares con mexicanos que se traduce, en muchos casos, en relaciones forzadas de las que nacen hijos no deseados quienes al final quedan en un estado de indefensión. También establece una carga adicional a quienes contratan migrantes, pues se les exige un estatus legal ante la Secretaría de Hacienda y solicitar previamente un permiso para emplear a estos trabajadores.

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Pese a las dificultades miles de migrantes buscan su regularización “porque sienten seguridad jurídica y emocional, y eso les permite acercarse a cualquier institución a exigir sus derechos”.

Algo que no siempre resulta: el acceso a los servicios de salud, educación y a programas sociales siguen restringidos a los migrantes, y la discriminación, maltrato y despidos injustificados son comunes entre sus empleadores.

Es claro. La restricción oficial a los trámites de regularización es para miles de personas una virtual expulsión de México. Y contar con un documento migratorio no garantiza el respeto a sus derechos.

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