Puebla: Foco Rojo de Autoritarismo en México por @maiteazuela

Publicado el agosto 19, 2014, Bajo Columna de opinión, Autor MonaLisa.

Puebla foco Rojo
Por: Maite Azuela, 19 agosto 14, http://www.newsweek.mx/

* Debemos estar alertas sobre el efecto dominó que las actuaciones represivas puedan tener en el resto del país.

El poder y el deseo por mantenerlo parece tener un efecto adictivo y perturbador sobre algunos gobernadores. Desde ahí cualquier tentación de control resulta incontenible, sobre todo cuando no existen contrapesos legislativos ni reacciones de grupos de interés que pongan límites a quienes ven en la democracia y la libre expresión una amenaza directa contra su autoestima. Es el caso del gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, quien ha prendido un foco rojo que puede ser el inicio de una serie de luces que enciendan en el país otras lamentables escenas derivadas de la represión.

Debemos estar alertas sobre el efecto dominó que las actuaciones represivas puedan tener en el resto del territorio nacional.

La secuencia con la que ha articulado la ejecución de su poder deja a la vista el desprecio que siente por la pluralidad de ideas, así como la dificultad que le representa dialogar y acordar con quienes piensan diferente a él. Primero promulga una ley que pone en riesgo la vida de cualquier ciudadano que ose manifestarse en algún espacio público; después miente asegurando que se realizaron las modificaciones para no permitir el uso de armas letales; detiene sin debido proceso a cualquier activista o periodista que le resulte incómodo; viola el dictamen emitido por un juez derivado de los amparos de la sociedad civil para detener la “ley bala”(la cual permite el uso de balas de goma contra manifestantes); arremete contra los pobladores de San Bernardino Chalchihuapan que solicitaban facilidades para mantener el registro civil en las juntas auxiliares; ante la muerte del menor José Luis Alberto Tehuatlie a manos de sus policías ha evadido cualquier responsabilidad obligando a la Procuraduría de Justicia del estado a armar montajes insostenibles, ha presionado sin demasiado esfuerzo a la Comisión de Derechos Humanos del estado de Puebla y, finalmente, ha incorporado a una ficha clave para salir ileso ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

El equipo de comunicación del gobierno poblano simuló policías lastimados y enlistó los argumentos para justificar la remoción del registro civil de las juntas auxiliares. Lástima que no comunicaron con anticipación sus preocupaciones sobre los posibles giros negros generados por la corrupción avalada en estos registros. Sin duda alguna, la operación del crimen organizado y la trata de personas que los malos manejos de estos registros provocaban deben detenerse. Sin embargo, la solución no necesariamente era removerlos y ameritaba, al menos, la disposición para sostener conversaciones y para alcanzar acuerdos de cooperación con las comunidades afectadas. Ahora resulta hasta irónico que mientras enlistan entre los horrores de los registros civiles la germinación de trata, convierten en víctima y héroe a un policía que supuestamente fue agredido en la manifestación, al que detuvieron en 2011 por ese mismo delito.

La energía que enciende el foco rojo en Puebla está latente en otros estados de la república, por eso es indispensable poner atención tanto a la forma en la que procede el gobierno local, como a las reacciones u omisiones que se detonan desde la Federación. No solo Puebla tiene en vigor una ley que permite lastimar manifestantes. Este año diversas entidades federativas han iniciado procesos legislativos con iniciativas de ley que resultan violatorios del derecho a la libertad de expresión y reunión en contextos de protesta social. También aspiran al uso de armas de fuego contra manifestantes en Chiapas; existen iniciativas de ley contra las manifestaciones públicas en San Luis Potosí, el Distrito Federal, Jalisco y Quintana Roo. Además de la “Ley Mordaza” aprobada ya en el Congreso de Sinaloa.

No hay partido político que no haya participado en la promoción o ejecución de estos instrumentos de represión. Aunque hay algunas voces disidentes, hasta ahora ninguno ha declarado su completo rechazo a los instrumentos legales que avalan el uso de la fuerza contra los ciudadanos sin protocolos garantes de los derechos humanos. El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado solicitó formalmente que la Procuraduría General de la República (PGR) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atraigan el caso. Ya es tarde, pero al menos se empiezan a sentir los contrapesos. En el punto de acuerdo presentado por los senadores Alejandro Encinas Rodríguez y Luis Sánchez Jiménez se hace un recuento de los hechos para advertir que existe un “conflicto de intereses” en la investigación que realizan las autoridades locales, por lo que es indispensable la intervención de autoridades federales. Si este acuerdo no arroja resultado alguno, el tintineo de luces se hará realidad en otras entidades federativas.

Tras la marcha Puebla de Luto, que congregó el domingo 10 de agosto a más de 5000 manifestantes, el gobierno tampoco supo reaccionar con sensibilidad. Minimizó la asistencia, hizo oídos sordos a las voces de los ciudadanos. Sus omisiones definen su apego por el autoritarismo. Esperaríamos que sustituyeran de inmediato la “Ley Bala” por un instrumento jurídico que privilegie la vida e integridad de quienes ejercen pacíficamente su derecho a la libre expresión. Urge que admitan, ofrezcan disculpas por el uso de armas contra los manifestantes de Chalchihuapan y encarcelen a los responsables de la muerte del menor. Además, sería necesario que definan cómo repararán los daños a las víctimas de ese desafortunado evento. Finalmente, si desean mostrar algún tipo de empatía por sus gobernados deberían liberar a los más de 30 presos políticos que su gobierno detuvo en estos meses sin el debido proceso.

Finalmente hay una remota posibilidad de que estos focos se vayan apagando, pues la CNDH ha retomado el asunto. Para Rafael Moreno Valle los tiempos podrían mover el viento en su contra, pues se acerca la definición de quién será el ombudsman nacional durante el próximo período. Así que para Raúl Plascencia Villanueva, el actual presidente de la CNDH, el asunto de Puebla es una papa caliente. Entre él y Moreno Valle hay un interlocutor que sirve a ambos con total devoción: Juan Pablo Piña Kurczyn. ¿La posibilidad de perder el cargo esta vez podría alterar el patrón de compadrazgo de Plascencia Villanueva?

La cuestionada trayectoria del actual presidente de la CNDH pone ya en riesgo su ratificación, pero la decisión sobre este asunto será sin duda una importantísima evidencia de sus criterios para proceder. Aunque Plascencia advirtió que, de confirmarse violaciones a derechos humanos cometidas contra los habitantes de San Bernardino Chalchihuapan, este organismo solicitaría juicio político contra funcionarios estatales, incluido el gobernador Rafael Moreno Valle, esto está por verse.

Los esfuerzos de federalizar el equilibrio de poderes siguen siendo insuficientes, son casi nulas o muy contadas las excepciones en las que los congresos locales o las comisiones de derechos humanos de las entidades federativas actúan de manera autónoma cuando se trata de contradecir a los gobernadores. Así que ahora las expectativas están puestas en la Federación. Desafortunadamente no hay referentes en nuestro país en los que una comisión legislativa o un dictamen del ombudsman nacional neutralice realmente el poder feudal de un gobernador.

Maite Azuela es analista política y activista ciudadana. @maiteazuela

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