El autoritarismo que ya está aquí

Publicado el septiembre 7, 2014, Bajo Nacional, Autor LluviadeCafe.

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Fuente: proceso

MÉXICO, D.F. (Proceso).- Las promesas iniciales de Enrique Peña Nieto, que de haberse concretado al menos en parte hubieran permitido hablar de un PRI renovado tras 12 años de estar fuera del gobierno federal, han resultado en un modelo cuyas bases son varios aspectos de las reformas constitucionales y las leyes secundarias que han sido aprobadas. Me aboco al tema de telecomunicaciones y transparencia. Veamos algunas razones del proceso de erosión del derecho a la información, de la debilitada rendición de cuentas y de la transparencia como apariencia.

Primero. Fiel al sofisma priista, el modelo EPN busca recuperar el control del Estado en lo político sobre los medios digitales, dejando a las empresas informativas su libertad económica siempre que sus contenidos no rebasen el umbral de tolerancia del gobierno, con algunas excepciones en materia de crítica, bajo el argumento del ideólogo priista Jesús Reyes Heroles en el sentido de que “lo que resiste apoya”. O como dice el Maquiavelo de Joly: “Hoy en día, utilizar a la prensa, utilizarla en todas sus formas, es ley para cualquier poder que pretenda subsistir. Hecho muy singular, pero es así”. (Diálogos en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu).

Segundo. Con la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión se da un trato diferenciado a las concesiones comerciales en relación con las de uso social o públicas. Las primeras pueden tener una concesión hasta por 20 años, y las segundas hasta por 15. Las estaciones comerciales no tienen límites para ser escuchadas por el mayor público de audiencia potencial. Los medios comunitarios e indígenas deben recibir frecuencias sólo en el “traspatio” de FM y AM.

Tercero. Con la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano se busca homologar contenidos en lo fundamental, dejando espacios de crítica en lo accesorio. Lo que se crea no es un órgano a imagen y semejanza de los estándares internacionales, pues las decisiones las toma el gobierno por tener mayoría en la Junta de Gobierno del Sistema, a la cual le asisten las principales atribuciones para vigilar que los medios públicos “cumplan sus fines”.

Cuarto. Se teme que a través de los medios comunitarios e indígenas puedan generarse redes de crítica y participación ciudadana, así como conductas que entren en colisión con el modelo de EPN. Por tal motivo, en la ley dichas emisoras son marginadas; se les reconoce jurídicamente sólo a cambio de que sean imperceptibles, aisladas y restringidas en lo económico, habida cuenta de los requisitos que establece la Ley de Telecom, muchos de ellos discrecionales.

Quinto. La alfabetización mediática prevista en la Ley de Telecom se convierte en un buen deseo, que separa la letra de la ley de la realidad posible. Hace recordar la frase virreinal de “acátese, pero no se cumpla”, con lo cual se alimentan la apatía, el miedo, la indiferencia y la falta de razonamiento crítico de la mayoría de la población, y ello a su vez favorece la existencia de un gobierno sin contrapesos.

Sexto. En la Ley de Telecom, a los medios de comunicación universitarios, ventanas usualmente abiertas a la crítica y a las diferencias de percepción y de criterio sobre una gran diversidad de temas, se les invisibiliza y condena a la desaparición o a una larga agonía al quedar prohibido el uso de recursos públicos para su mantenimiento.

Séptimo. En el ámbito de la transparencia se ha dado un largo salto regresivo desde el punto de vista legal y conductual, toda vez que la autonomía constitucional del IFAI quedó tocada por faltar a su compromiso con la sociedad y buscar quedar bien con los políticos que apoyaron las candidaturas de los comisionados que hoy forman parte de ese órgano. En un estudio que estoy realizando en materia de seguridad y procuración de justicia hice un gran catálogo de solicitudes en 2010, las mismas que volví a hacer hace tres meses, aunque esta vez tanto la calidad como la cantidad de las respuestas se redujeron en 45%.

Octavo. El sistema de gestión adoptado en materia de transparencia consta de cuatro ventanillas, dos en sede administrativa y dos en sede judicial, lo que orilla a los solicitantes a realizar una larga travesía para lograr respuestas satisfactorias a solicitudes de información pública en temas sensibles para el gobierno. Si antes los usuarios de las leyes de acceso constituían una cifra imperceptible, ésta será ahora más pequeña. En el mundo del absurdo, los mexicanos pagarán más para saber menos.

Noveno. La debilidad del tejido normativo sancionatorio abonará en perjuicio de los mexicanos que solicitan información y denuncian delitos pero que, como respuesta de la autoridad, obtienen silencio.

Décimo. La derogación de la figura de la inatacabilidad de las resoluciones del IFAI, permitiendo que el consejero jurídico de la Presidencia de la República pueda ahora acudir ante la Suprema Corte de Justicia para litigar la negativa a brindar información pública, cierra el círculo de este retroceso en perjuicio de la transparencia y la rendición de cuentas.

En síntesis, el modelo EPN apuesta a la forma sobre el fondo, a la recuperación del poder de la Presidencia bajo un esquema autoritario y a combatir todo espacio que critique a su gobierno. Bien lo dice Albert Camus: “Nada es más despreciable que el respeto basado en el miedo”.

ernestovillanueva@hushmail.com

@evillanuevamx

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