México: tortura y la doctrina del shock por @rubengluengas

Publicado el abril 8, 2015, Bajo Columna de opinión, Autor LluviadeCafe.

Hijos de su fracking avaricia, lo que se le viene a México. Rubén Luengas.

La tortura es algo esencialmente vergonzoso que se practica en la sombra y busca siempre impunidad en diferentes países del mundo. Recordemos el caso funesto de la religiosa Dianna Ortiz.

El 2 de noviembre de 1989, la religiosa estadounidense Dianna Ortiz fue secuestrada, violada y torturada por elementos de las fuerzas de seguridad de Guatemala bajo la supervisión de un ciudadano norteamericano, según informó primero la propia monja cuando después de su tormento logró regresar a Estados Unidos:

“Tontamente pensé que ambos, mi gobierno y el pueblo estadounidense, estarían profundamente indignados al saber que un norteamericano estaba al mando de un escuadrón de torturadores en otro país. Todo lo contrario, tuve que pagar el precio por decir la verdad. La primera reacción de mi gobierno fue declarar que yo no había sido torturada, que yo era parte de un complot político para que el Congreso estadounidense le negara fondos de ayuda al ejército de Guatemala”.

El problema para que triunfara esa calumnia, es que la hermana Ortiz tenía en su espalda y en todo el cuerpo las huellas de quemadura de más de 111 cigarrillos. Entonces la historia cambió, pero no como la hermana hubiera deseado. Así lo contó ella misma :

“Aún así no había sido yo torturada. Las quemaduras habían venido, y cito,’por el comportamiento inusual de una lesbiana’ que se salió de control”.

En octubre de 1996, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, reconoció finalmente la veracidad de las declaraciones de Dianna Ortiz y condenó al Gobierno de Guatemala, pero sin hacer mención de Estados Unidos ni de su embajador, Thomas F. Stroock quien fue señalado por haber bloqueado las investigaciones.

Hermana Dianna Ortiz en Guatemala

Sombra muy densa requiere la tortura para transgredir secreta e impunemente los marcos del derecho internacional y del sentido más elemental de dignidad humana.

El pasado 9 de marzo, el relator de la Organización de Naciones Unidas, Juan Méndez, presentó la evaluación de su investigación sobre tortura realizada en México entre el 21 de abril y el 2 de mayo de 2014, concluyendo que la tortura en ese país es “una práctica generalizada” y revelando más tarde, como respuesta al disgusto gubernamental por su diagnóstico, que había recibido presiones para minimizar su informe:

“Hubiera sido una falta de ética de mi parte haber sucumbido a presiones que recibí en ese primer momento para que cambiara de parecer, cuando toda la evidencia que tengo ratifica mi evaluación”, declaró el relator Juan Méndez.

El gobierno mexicano se le echó encima al relator Méndez porque el calificativo “generalizada” incluido en su informe podría significar un crimen de lesa humanidad y tener consecuencias ante la Corte Penal Internacional (CPI) que podría atraer el caso y abrir una investigación contra el Estado mexicano.

Después de la controversia generada por el desencuentro entre el relator Méndez y el gobierno mexicano, este último reconoció finalmente en un comunicado oficial que la tortura es “una práctica a la que todavía se recurre en distintas formas y que no ha sido del todo erradicada”, pero rechazando nuevamente que se trate de algo generalizado.

Más allá de esa discusión puntual, ¿No es acaso México un país estructuralmente torturado? ¿Cuántos mexicanos experimentan condiciones cotidianas de inevitabilidad de la violencia sin poder sustraerse de ella, de peligrosidad permanente y durabilidad incierta ante la que individual y colectivamente han quedado en absoluta indefensión?

Para nadie es un secreto la existencia de áreas geográficas de México dominadas por situaciones extremas de violencia, crimen, impunidad, miedo, cuyas repercusiones sobre las personas implica la pérdida de la autoestima y hasta la presencia de serios trastornos psíquicos y emocionales.

La tortura ha sido definida como “un instrumento de violencia destinado a destruir la integridad moral y física del ser humano, reducir su existencia a la expresión vital más degradada y anular su voluntad para disponer enteramente de las personas y sus vidas”. ¿No está siendo aplicada estructuralmente esta receta perversa de dominación social para desalentar incluso formas de oposición y resistencia no violenta ante la imposición de las nuevas hegemonías políticas, culturales y económicas de la globalización aplicada en México?

En su libro, “La doctrina del shock”, la periodista e investigadora canadiense Naomi Klein, sostiene que el “auge del capitalismo del desastre” basado en las políticas económicas del Premio Nobel Milton Friedman y de la Escuela de Economía de Chicago, se ha dado no porque sus medidas fueran popularmente aceptadas, sino a través de impactos muy poderosos en la psicología social, a partir de desastres o contingencias que provocan conmoción y confusión, lo que ha sido aprovechado para realizar reformas que son de hecho impopulares.

Según Naomi Klein el capitalismo exacerbado o fundamentalista siempre ha necesitado de catástrofes, de la promoción social del miedo y de la parálisis colectiva para avanzar su agenda. “A través del shock se fuerza a la gente a obedecer”, sostiene Klein.

México es un país en “shock”, donde a comunidades enteras les ha sido secuestrada la confianza en sí mismas y les han sido destruidos sus vínculos de solidaridad y de legítimo derecho a la auto defensa. México es un país física y psíquicamente torturado por la violencia, la inseguridad, la impunidad, la corrupción. Por los efectos perniciosos de una falsa guerra contra el crimen organizado, que de ser cierta, hubiera perseguido ya a los verdaderos peces gordos que operan desde una densa sombra en los circuitos políticos y financieros.

México es un país en “shock” ahí donde ya no salen libremente los niños a jugar con sus amigos a la calle, ahí donde prevalece el miedo justificado a sufrir un asalto, una violación, un secuestro o un asesinato.

Según el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal A.C. (CCSPJP), “el secuestro se disparó en México durante los primeros 27 meses del gobierno de Enrique Peña Nieto, acumulando un total de cinco mil 389 casos, cifra que representa mil 860 casos más que los registrados durante los últimos 27 meses de gestión de su antecesor Felipe Calderón”. Los estados más afectados siguen siendo el Estado de México (420 casos), Guerrero (351 casos), Michoacán (338), Veracruz (288), Morelos (283), Tabasco (219), Distrito Federal (157), y Jalisco (123), según datos del CCSPJP.

Cuando la tortura en términos estrictos se ha aplicado contra las personas de manera regular y “generalizada” en diferentes partes del mundo, es porque “ha sido utilizada como instrumento de control político-social, afectando no sólo a aquellos que fueron sus víctimas directas o potenciales, sino a todo el conjunto de la sociedad. Difundida y ocultada a la opinión pública por los gobiernos, tiene un efecto ejemplificador, generando un clima de amedrentamiento y temor orientado a inhibir a nivel social cualquier manifestación disidente u opositora”, señalan estudios sobre el significado psicosocial de la tortura”.

¿No encierra la desaparición criminal de los 43 de Ayotzinapa un mensaje autoritario que pretendió obtener la sumisión de sus compañeros sobrevivientes, la de sus familiares y por añadidura la de otros movimientos de resistencia organizada ante la versión mexicana del llamado “nuevo orden internacional?

Si una nación es una entidad moral colectiva con identidad y carácter forjado a través de sus luchas en la historia, ¿Qué es hoy el pueblo mexicano que entre presidentes y políticos traidores, elecciones fraudulentas, pánico por epidemias de influenza, enfrentamientos de bandas criminales, regadero de cadáveres, decapitados, asesinados, secuestrados, feminicidios, violaciones, desaparecidos, pobreza extrema, marginación y despido de periodistas incómodos, se queda de espectador ante la imposición de un neoliberalismo pornográfico capaz de privatizarlo todo en nombre de un progreso inexistente?

De acuerdo con el informe del relator Juan Méndez, las víctimas de maltrato y tortura en México son por lo general personas de bajos recursos, de sectores sociales marginados que fueron detenidos por una presunta vinculación con el crimen organizado, pero señala la existencia de varios casos en los que personas sin aparente relación con el crimen, fueron detenidas y forzadas a firmar declaraciones obtenidas bajo tortura y sentenciadas en algunos casos por esas mismas declaraciones.

¿Qué ocurre entonces en México con el derecho a la defensa jurídica de inocencia frente al poder estatal, propio de una sociedad democrática y con el derecho a la integridad física y moral de las personas?

Escribía este artículo cuando recibí la llamada telefónica de alguien que fue víctima de tortura en su país, que trabaja desde Los Ángeles a favor de los derechos humanos y que sabía el tema de lo que estaba escribiendo. Me hablaba para compartirme una cita bíblica que a su vez comparto con ustedes:

“Recuerden a los que están en prisión como si estuvieran en la cárcel con ellos; a los que están siendo torturados , como si los estuvieran torturando a ustedes mismos” (Hebreos 13-3)

Sombra muy densa requiere la práctica aberrante de la tortura para escabullirse y vergonzoso sería quedarnos de espectadores, en México y en el mundo, ante una humanidad cada vez más amenazada.

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