Víctimas de tortura a manos del Ejército aumentan 100% en 2 años; desde Calderón es sistemática y generalizada

Publicado el junio 26, 2015, Bajo Nacional, Autor LluviadeCafe.

Calderon-Ejercito
REVOLUCION 3.0
Desde el inicio de la guerra contra el narcotráfico en 2006, las violaciones a los derechos humanos han registrado una escalada importante, al grado que a 9 años de la implementación de esta “estrategia de seguridad” por Felipe Calderón Hinojosa (FCH),  las consecuencias han sido costosas para la población, llevando a señalar que en el país se vive una crisis humanitaria.

En tal sentido el tema de la tortura es uno de los que ha registrado un aumento considerable en los últimos años. Como informó Revolución TRESPUNTOCERO, de acuerdo a la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDDH) se ha presentado un aumento del 700% en este fenómeno.

Al respecto, de acuerdo con el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, hoy en día no hay estado de la república en la que no se practique la tortura. Asimismo esta organización manifestó que desde el gobierno panista de Calderón, diversas organizaciones señalaron que este fenómeno ya era generalizado y sistemático.

Javier Enriquez Sam, director del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, enfatizó que en las últimas dos administraciones- la de Felipe Calderón y lo que lleva la de Enrique Peña Nieto- la tortura se ha afianzado en territorio nacional como una práctica cometida por parte de las “fuerzas represoras”. Añadió que estados como Guerrero y Oaxaca es donde se presentan los índices más altos de este fenómeno.

“Desde el sexenio de FCH con su política de inseguridad, muchas organizaciones defensoras de DDHH nacionales e internacionales, expresamos que la tortura en México ya era sistemática y generalizada. Sistemática porque las fuerzas del orden siempre han utilizado la tortura como método para investigar, para obtener una confesión y para castigar al movimiento social (…) Hay estados del país donde su presencia es más elevada como los que hemos documentado: Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Jalisco, DF, Edomex, Baja California, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas es donde más alta es la tortura; aunque estamos ciertos que no hay estado que no escape a esta práctica”, dijo.

En este sentido recordó el señalamiento que hizo el relator especial para la tortura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) hace unos meses, en donde afirmó que este fenómeno es generalizado en el país. Enríquez indicó que hasta que una autoridad internacional oficial como lo es el relator pone en evidencia el hecho, el gobierno mexicano “se preocupa, le incomoda y le inconforma”.

En lo referente habló sobre la respuesta que tuvo el gobierno mexicano a los señalamientos del relator, en donde la administración de Peña descalificó lo dicho por el experto de la ONU.

“Este tipo de respuestas que maneja el Estado mexicano, omisa, de descalificar o desprestigiar es la que aplica de manera frecuente contra ONG’s de DD.HH.  nacionales e internacionales. Y lo que no hace la autoridad es aportar elementos contundentes y verídicos sobre datos duros y registros de la tortura, para que podamos dialogar sobre el hecho”, apuntó.

Javier Enríquez comentó que el Colectivo al que representa ha podido documentar 415 casos de tortura en 16 entidades del país. Detalló que en los últimos 2 años las peticiones para acompañar a víctimas de tortura han aumentado en 100%, casos en los que se señala como responsables a la Policía Federal (PF), a los agentes de procuradurías estatales, al ejército, a la marina, entre otros.

Aunado a lo anterior explicó que la tortura se utiliza, por un lado, como instrumento de represión contra las personas incomodas al régimen, así como un mecanismo de las autoridades para obtener confesiones y declaraciones por parte de presuntos delincuentes.

“Los métodos de tortura más frecuente son los golpes, tanto con los puños, patadas con botas, macanas y culatas de arma en diversas partes del cuerpo. Insultos, amenazas de muerte, amenazas a los familiares, humillaciones, presenciar y/o escuchar la tortura de otras personas, asfixia húmeda y seca, los toques eléctricos en genitales, la desnudez forzada y la tortura sexual, prevaleciendo dos contextos principalmente en su utilización: la que se aplica a activistas, líderes sociales, defensores y periodistas, como instrumento de represión y criminalización de la protesta social;  y otra las de las personas detenidas arbitrariamente acusados de pertenecer al crimen organizado o narcotráfico y torturados para obtener una declaración auto inculpatoria, es decir presuntos culpables para cubrir a verdaderos responsables”, expuso.

Por otro lado, Enriquez Sam detalló que de 2010 a 2013, la CNDH recibió 7,164 denuncias por tortura, de las cuales ninguna tuvo una condena penal, situación que impide se detenga el fenómeno al quedar impunes.

En lo referente aseguró que los últimos años las denuncias en contra de elementos castrenses por realizar tortura también han tenido un aumento considerable, lo que contrario al discurso oficial, habla de la constante participación de militares en las violaciones a los derechos humanos. En este sentido citó casos como Tlatlaya o Apatzinán, en donde militares se han visto envueltos en casos de violaciones a derechos.

“Igualmente de 2006 a la fecha ha habido un aumento considerable de denuncias en contra de la Secretaría de la Defensa (Sedena), lo que nos da una idea del incremento de violaciones de DD.HH. cometidos por el ejército y la marina (…) Miembros del ejército y de la marina continúan estando involucrados en graves violaciones de DD.HH.  como la tortura, las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas. En este sentido, en su visita el relator de la tortura, en mayo de 2014 señaló que le preocupa la continua militarización de varias regiones del país, y la persistente participación de mandos militares en corporaciones civiles”, señaló.

Javier Enriquez habló sobre los procedimientos emprendidos para documentar e investigar los casos de tortura. En específico tocó el tema de la implementación del Protocolo de Estambul, manual adoptado por la ONU para documentar esta clase de fenómenos.

Enriquez apuntó que a pesar de ser reconocido como la principal herramienta para determinar si existe la tortura o no, su aplicación en la mayoría de las veces es errónea lo que provoca que algunos casos en donde sí existe esta clase de violación a los derechos humanos se niegue.

“En cuanto a la documentación de la tortura, la aplicación del Protocolo de Estambul ha sido considerada por la autoridad judicial como la principal prueba utilizada para su reconocimiento, sin embargo su aplicación no siempre se realiza de forma adecuada y completa, muchas veces se lleva a cabo en forma tardía, y se retraumatiza a las personas cuando estas se realizan. La aplicación del Protocolo de Estambul por los peritos oficiales en su gran mayoría suelen ser negativas y con ello se asume que no existió tortura, restándole peso a los peritajes independientes o de las comisiones de DD.HH públicas que resultan positivas, todas estas dificultades han sido documentadas y señalada en su vista del relator especial de la tortura”, dijo.

El director del Colectivo contra la Tortura afirmó que en la actualidad es necesario que se empiece a desarrollar una ley general sobre la tortura para poder tratar mejor el tema, en donde se incluya de manera integral la prevención y la rehabilitación de los sobrevivientes de este fenómeno.

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