La educación para otro país por Bernardo Batiz

Publicado el agosto 10, 2015, Bajo Opinión, Autor LluviadeCafe.

Bernardo Bátiz
LA JORNADA
El debate acerca de la educación pública pretende ser reducido por los medios de comunicación del sistema a una pugna entre maestros rebeldes, que se oponen a la flamantereforma educativa y la autoridad, en especial la Secretaría de Educación Pública, empeñada en dar a los niños y jóvenes de México una educación de calidad, que nos torne competitivos. En el fondo, se trata de un debate entre conceptos fundamentales: o bien la educación es considerada un derecho de los educandos o es considerada, como pretende la reforma, una mercancía o producto, cuya característica debe ser la calidad.Los maestros organizados que se oponen a la reforma han dicho que se trata de una maniobra política que tiene dos objetivos: uno es controlar y someter a los profesores que han sido siempre participativos, libres y dispuestos a apoyar a la gente en sus causas legítimas, y el otro es abrir camino para la futura privatización de la educación.

Los maestros tienen razón. La reforma del artículo tercero constitucional aprobada en febrero de 2013, al amparo del llamado Pacto por México, rompe con la historia y los valores que han inspirado a la educación en México. Parece como si se tratara de una educación para otro país, que poco tiene que ver con los profesores y los niños mexicanos.

En 1857, los liberales buscaron romper el monopolio de la educación en manos de la Iglesia con un artículo tercero escueto: La enseñanza es libre. La ley determinará que profesiones necesitan título para su ejercicio y con qué requisitos se deben expedir. No se trataba de acabar con un monopolio para crear otro ni tampoco de imponer a la educación criterios obligatorios o líneas predeterminadas; cualquiera podía enseñar y cualquiera podía aprender, era el principio.

En el siglo XIX se trató de disputar a la Iglesia la exclusividad que había tenido en la educación y sobre la mesa estaban temas como la ilustración y la libertad.

En el siglo XX se dieron pasos en el camino de nuestra educación, a través de debates de altura en el Constituyente de Querétaro, que redactó finalmente reglas encaminadas a garantizar la educación laica y dar al Estado la responsabilidad de la que sería educación obligatoria y potestad sobre la educación privada.

En 1921, José Vasconcelos logró que se reformara la Constitución para que la educación fuera federal y se creara la secretaría del ramo, de la que fue titular y desde la cual dio el más grande impulso a la democratización de nuestro sistema educativo, a tal grado que lo fundamental de su proyecto, que fue retomado en el gobierno del general Cárdenas, sigue vigente.

Después del criticado texto de 1934, que dio a la educación el calificativo de socialista, acorde con las ideas que se debatían entonces, se aprobó finalmente en 1946 un artículo tercero que fue más allá de ser sólo una disposición jurídica y fue aceptado como una verdadera declaración de principios. Su texto es lo que define al Estado mexicano en la educación, pero también en su vida social y política; su redacción es impecable y constituye un ideario que unificó opiniones y elevó las metas de la educación a valores democráticos y patrióticos.

El apartado segundo del tercero constitucional debe ser conocido por todos los mexicanos; tenía, antes de la reforma de 2013, sólo tres incisos, pero éstos constituyen una verdadera doctrina política y social, elevada a rango constitucional. Los criterios que según el texto constitucional orientarán la educación que imparta el Estado son estos: a) será democrática, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo; b) será nacional; c) Contribuirá a la mejor convivencia humana.

El inciso d, agregado por la reforma del Pacto por México, rompió estilo y profundidad de pensamiento; dice que el criterio de nuestra educación también será de calidad con base en el mejoramiento constante y el máximo logro académico de los educandos.

A criterios de filosofía política y de pedagogía trajo a nuestro texto constitucional un concepto sacado de la mercadotecnia; la publicidad comercial suele atribuir a los productos que quiere vender el carácter de superiores, de calidad. Introducir esta idea pedestre en un texto tan acabado y de tan alto valor jurídico y político ha motivado la resistencia de los profesores que se oponen al capricho de los gobernantes.

Si la SEP, con el apoyo de la fuerza y de las campañas mediáticas a su servicio, doblega a los profesores y a la parte del pueblo que está de su lado, estará imponiendo un modelo educativo que no es nuestro, que es para otro país. Nosotros optamos por una educación popular, gratuita, que busque la igualdad y la justicia, y no aceptamos que esa responsabilidad fundamental del Estado se convierta en una mercadería al alcance solo de los que disponen de recursos para pagar.

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