Higa destroza cosechas de habitantes de Xochicuautla; “dicen que si nos seguimos oponiendo el Ejército nos va a reprimir

Publicado el agosto 11, 2015, Bajo Nacional, Autor LluviadeCafe.

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REVOLUCION 3.0
A un mes de que Enrique Peña Nieto emitiera el decreto expropiatorio de poco más de 37 hectáreas de la comunidad indígena de San Francisco Xochicuautla, pobladores de esta región mexiquense expresaron su preocupación ante el intento del gobierno de consumar el despojo por medio de la fuerza y que en próximos días se utilice al ejército para tomar los terrenos y sacar a la gente que ha iniciado la resistencia en contra del proyecto carretero Toluca- Naucalpan.

En tal sentido, José Luis Fernández, habitante de San Francisco Xochicuautla, pidió a la sociedad estar al pendiente de lo que pueda suceder en próximos días en esta localidad del Estado de México, pues, dijo, existe la sospecha que arriben las fuerzas del orden para que continúen las obras de este megaproyecto.

Al respecto, enfatizó que esta preocupación se incrementa luego que este lunes 10 de agostos se terminó el plazo de las medidas cautelares emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en las cuales se pide al gobierno mexiquense garantizar la integridad física y el respeto a los derechos de la comunidad indígena de Xochicuautla.

“Existen esos rumores. Ellos dicen que si nos seguimos oponiendo pues el Ejército va a llegar a tomar posesión de los terrenos y en este caso a desalojar a varias personas de sus terrenos (…) no dudamos que en próximos días se pueda dar, y por eso pedimos la atención de todos los medios porque no dudamos que en los próximos días, pasando las medidas cautelares, puedan hacer arribo para trabajar nuevamente en el territorio”, explicó.

En conferencia, José Luís Fernández detalló que hasta el momento ya han existido algunos despojos en contra de pobladores, además que la empresa constructora Autovan S. A. de C.V. (filial de Grupo Higa) ha destrozado algunas cosechas de los habitantes al pasar la maquinaria por los terrenos.

En lo referente a las medidas cautelares, el integrante de la comunidad de San Francisco Xochicuautla demandó que no fueron emitidas tal y como las solicitaron al propio presidente de este organismo, Raúl González Pérez. Dijo que debido a la magnitud del caso, se había pedido que estas medidas cautelares detuvieran los trabajos del proyecto y retirara la maquinaria hasta que se emitieran recomendaciones “apegadas al derecho”.

“Solicitamos personalmente al presidente de la CNDH que esas medidas (cautelares) detuvieran los trabajos y que saliera de nuestro territorio la maquinaria, el personal de la empresa, el personal del gobierno y los policías que en todo momento han acompañado a la empresa para realizar su trabajo ilegal, intimidando y hostigando a la comunidad. Estas medidas debían prolongarse hasta que se emitiera una recomendación por parte de la CNDH (…) Partiendo de la información dada a la CNDH para las medidas cautelares y de acuerdo a su propio reglamento interno, por la gravedad y vulnerabilidad que vive nuestra comunidad las medidas debieron ser emitidas tal y como las pedimos, pero no fue así lo único que emitieron fue que la policía garantizara la integridad de los habitantes”, explicó.

Reiteró que de acuerdo con el reglamento de la CNDH, las medidas cautelares debieron ser entregadas tal y como fueron solicitadas por la comunidad de San Francisco Xochicuatla. En este tenor exigió a este organismo que analice “exhaustivamente la documentación y pruebas presentadas” en aras de que emita la recomendación necesaria para cancelar el proyecto carretero pues “de acuerdo a todo lo que hemos documentado, por tantas anomalías que tiene el decreto (expropiatorio de EPN), por tantas violaciones que se han cometido en contra de la comunidad, por todo lo que hemos aportado y por la asesoría de gente que conoce de DD.HH., nos queda claro que ese proyecto se tiene que suspender, legalmente tiene que ser así”.

Por otro lado, José Luis Fernández detalló que el próximo 30 de agosto se presentará en la comunidad de San Francisco Xochicuautla el contradecreto expropiatorio, el cual de manera simbólica echará a bajo la medida dictada por EPN. A esta actividad, precisó Fernánadez, han invitado a diversos personajes como el obispo Raúl Vera, así como otras comunidades que han emprendido su lucha contra el despojo, como lo es la Tribu Yaqui. El habitante de Xochicuautla añadió que más que verse como un contradecreto, debe visualizarse “como una reapropiación de nuestro territorio”.

Aunado a lo anterior detalló que se han emitido dos amparos en contra del decreto de EPN. Dijo que uno reclama las afectaciones que trae consigo el proyecto para el paso a los lugares sagrados en donde la comunidad realiza peregrinaciones y ceremonias.

Nada que celebrar en el día Mundial de los Pueblos Indignas

Para la comunidad de San Francisco Xochicuautla, en el marco del Día Mundial de los Pueblos Indígenas, México no tiene nada que celebrar, puesto que las violaciones a los derechos de las comunidades se han agravado en los últimos años.

En este sentido, José Luis Fernández afirmó que “el Estado celebra usando a nuestras comunidades indígenas como mercadotecnia mediática para justificar las violaciones sistemáticas y generalizadas, el terrorismo de Estado y la desviación del poder promovidos en contra de nuestras comunidades como estrategia de exterminio y como parte central de su política de muerte, la imposición de megaproyectos de despojo, violando lo DD.HH. de nuestras comunidades”.

A lo anterior, agregó que el discurso del gobierno federal se empeña en asegurar que en el país se velan por los derechos de las comunidades, cuando en la práctica no es cierto. Añadió que desde las comunidades indígenas estos dichos de las autoridades sólo son vistos como “palabras adornadas para relucir su mediatismo”.

En lo referente reiteró que el decreto emitido por EPN el pasado 9 de julio para expropiar parte del Bosque Sagrado Otomí de la comunidad de Xochicuautla sólo busca legalizar el despojo así como “neutralizar la defensa jurídica y social que hemos venido realizando desde hace más de 8 años”.

Asimismo señaló que los Tribunales Federales en Materia de Amparo han actuado parcialmente  pues no han resuelto los procesos interpuestos con base a la objetividad. Además denunció que la Procuraduría General de la República (PGR) no ha atendido las denuncias interpuestas por despojo y por la tala indiscriminada que se ha presentado en la comunidad.

“No puede haber ni siquiera una consulta porque ya no estamos en tiempos para esa consulta. Ese proyecto por todas las violaciones y por cómo se ha venido trabajando de manera ilegal, ese proyecto se tiene que cancelar (…) Pedimos medidas cautelares que deberían entregarse de acuerdo a todo lo que estamos marcando y a lo que los abogados están presentando y no han hecho nada. No hay medidas cautelares, nos las han negado, pues lo que les interesa es que el proyecto se realice y las maquinarias avancen.

“Para nosotros no tiene caso platicar con ellos (autoridades), muchas veces ya les dijimos en el gobierno del Edomex, que su proyecto no nos interesa. Por toda la devastación y como se inició el proyecto en 2007, en este momento no tiene caso platicar, porque el proyecto no nos interesa, por la devastación ambiental, por las violaciones que se han generado. Nosotros cuando platiquemos con el gobierno será para reiterarle el rotundo No al proyecto o para que nos digan que el proyecto está cancelado. Sólo para eso”, dijo.

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