En Puebla “no hay presos políticos”: Moreno Valle; organizaciones contabilizan 241 personas en esa situación

Publicado el Agosto 12, 2015, Bajo Nacional, Autor LluviadeCafe.

moreno valle
REVOLUCION 3-0
Instituciones, organizaciones y defensores de los derechos humanos coincidieron en refutar al gobierno de Rafael Moreno Valle y afirmaron que en Puebla sí hay presos, perseguidos y procesados políticos; es decir, ciudadanos que son acosados, que han sido reprimidos y encarcelados por la defensa de sus derechos o la oposición a políticos y a proyectos gubernamentales.De los aproximadamente 800 presos, perseguidos y procesados políticos de México, 241 son de Puebla, gobernado por el panista Rafael Moreno Valle, lo cual convierte al estado en el de mayor número de acosados y encarcelados por sus ideas, luchas sociales y defensa de los derechos humanos, seguido de Oaxaca, con 80 personas, dieron a conocer participantes del primer encuentro nacional por los presos políticos.
Lo anterior fue denunciado el pasado fin de semana durante el Primer Encuentro Nacional del Comité de Organizaciones, Familiares y Amigos en Lucha por la Libertad de los Presos Políticos, que se celebró en el mercado Hidalgo y al cual acudieron representantes de 43 organizaciones sociales de todo el país.

No obstante el gobierno morenovallista se deslindó en una carta asegurando que en Puebla “no hay presos políticos”

Ileana Galilea Cariño Cepeda, responsable del Programa Universitario de Derechos Humanos del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría SJ de la Universidad Iberoamericana Puebla, advirtió que es considerado un preso político aquel ciudadano que es detenido y puesto en prisión por defender sus derechos, oponerse a un proyecto gubernamental o ejercer su garantía de protesta sin violencia .

En ese sentido, consideró que los activistas y ciudadanos que han sido puestos tras las rejas por defender el patrimonio cultural, el medio ambiente, su derecho al trabajo, o que simplemente fueron apresados por disentir u oponerse a la voluntad del gobierno de Rafael Moreno Valle, son presos políticos.

Para el Comité para la Libertad de los Presos Políticos y el Cese a la Represión Social en Puebla, un preso político es aquel que se encuentra detenido, procesado o hay una orden de aprehensión en su contra porque realizó una protesta pública –que en todos los casos, por cierto, fue pacífica– contra algunas de las políticas del gobernador Rafael Moreno Valle.

“Hay numerosas irregularidades en los procesos e incluso actos de tortura que también es necesario denunciar. Decenas de organizaciones sociales y políticas y cientos de individuos han denunciado esta situación”, agregó.

Israel Sampedro, de la Red de Defensa de los Derechos Humanos (REDDH), explicó que hay por lo menos tres condiciones que se precisan para considerar a una persona como un preso político:

La primera es aquel ciudadano que busca transformar su realidad por la vía de las armas y por eso su castigo en la cárcel se hace por motivos políticos. El segundo es el caso de los presos de conciencia; es decir, el de esas personas que también pretenden modificar el sistema pero por la vía democrática, por el camino pacífico y que son puestos en prisión.

El tercer caso, abundó el activista, es el de aquellas personas que por su participación, por ejemplo en manifestaciones o por pasar accidentalmente en los sitios donde hay movilizaciones, es detenido y encarcelado: también se consideran a estos ciudadanos presos políticos.

Por otro lado la Barra Libre de Abogados Democráticos de Puebla (BLADP) expuso que: “Es claro que este es un régimen, el de Moreno Valle, que primero conocimos como autoritario, porque no permitió críticas y reprimió; luego pasó a ser dictatorial, porque prácticamente dictó a un Congreso sumiso, abyecto y vergonzante leyes tan antidemocráticas para el pueblo, como la ley de expropiación y a últimas fechas se convirtió en un gobierno absolutista, ya que quiere controlarlo todo, a como dé lugar”.

La mayor parte de los presos políticos están tras las rejas por haber defendido el derecho al trabajo, el medio ambiente, el patrimonio cultural, los derechos humanos o por oponerse a proyectos y decisiones gubernamentales, pero los delitos que se les fincaron son inventados, aseveró Daniel Hernández, de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre.

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