Gobierno de BC entrega millones de pesos a sus propios funcionarios, socios, amigos y empresas fantasma

Publicado el agosto 18, 2015, Bajo Nacional, Autor LluviadeCafe.

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Imagen:agrobaja
REVOLUCION 3.0
Ya se apuntalaba la corrupción como la principal causa de riesgo en las empresas de Baja California, ahora desde la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO) de dicha entidad, se distribuyen millones de pesos a empresas propiedad del propio titular Carlo Bonfante Olache, de su esposa, así como de amigos, socios y para empresas fantasma.
El gobierno de Francisco Vega de Lamadrid presume a Baja California como “una de las cinco entidades de México con mayor presencia en la agenda de ciencia y tecnología”. Lo cierto es que entre 2013 y 2015, se han repartido 51 millones 935 mil 935 pesos a empresas sin registro ni domicilio físico, y que incluso, utilizan sitios web idénticos como única forma de presentación.

Mientras que las compañías propiedad del funcionario estatal y de su pareja sentimental, así como de empresarios asociados y amigos han recibido 14 millones 213 mil 947 pesos en “estímulos”, invertidos supuestamente en programas que, comparados a proyectos rechazados, resultan ser un fiasco.

El Artículo 228 del Código Penal de Baja California estipula que el delito de peculado es cometido por aquel “servidor público que, para usos propios o ajenos, distraiga de su objeto, dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al Estado o municipios, a organismos descentralizados”.

También el Artículo 305 castiga a los servidores públicos que cometan negociaciones ilícitas al otorgar “por sí o por interpósita persona, contratos, concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones o efectúe compras o ventas o realice cualquier acto jurídico que produzca beneficios económicos al propio servidor público”.

Ambos delitos se castigan tanto con prisión como con inhabilitación. En el caso de peculado, el monto máximo de multa es de 600 días multa, es decir, 420 mil pesos y hasta 14 años de cárcel.

Este 2015, uno de los 37 proyectos beneficiados en Baja California con fondos federales de CONACYT, corresponde a la empresa Zahori, propiedad de Eva María Gallego, cónyuge de Carlo Bonfante Olache.

La compañía Industrias Zahori, S.A. de C.V. se registró ante la Secretaría de Relaciones Exteriores el 21 de noviembre de 2002, y el 2 de diciembre de ese año, quedó asentada con un capital social de 60 mil pesos ante el Registro Público de la Propiedad y de  Comercio de Baja California.

La compañía cumplió con uno de los requisitos para participar en la convocatoria el 29 de septiembre de 2014, cuando ingresó al Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECYT) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, casi un año después de que Bonfante Olache asumiera su cargo como funcionario público.

Entre los documentos que vinculan al funcionario estatal con el empresario mexicalense José Federico Díaz Gallego, está un convenio modificatorio de apertura de crédito con el Banco del Atlántico por un monto de 675 mil dólares para el pago de pasivos.

Esta compañía, dedicada a la fabricación de partes, refacciones y herramientas, fue constituida en 1986 y aparecen como socios -nuevamente- Francisco Díaz Gallego y Eva María Gallego de Bonfante.

Por ejemplo, a las empresas propiedad de un socio de Eva María Gallego Salas, la esposa del secretario de Desarrollo Económico, se les asignaron recursos para que desarrollaran un sistema de enfriamiento de vegetales, dejando fuera proyectos para evitar la amputación de pie diabético, tratamientos contra el cáncer, o la creación de un laboratorio para quimioterapia dirigida.

Los nexos del secretario con las empresas beneficiadas con recursos de CONACYT, se extienden a la empresa Hielo Cachanilla, propiedad de Rolando Rodarte Guajardo, quien junto a Eva María Gallego de Bonfante, formó parte del Consejo Directivo 2013-2014 de la asociación civil Casino de Mexicali.

De los tres proyectos aprobados en 2013, ninguno aparece. Este 2015, tres nuevos proyectos le fueron aprobados por 6 millones 468 mil 750 pesos.

De acuerdo con Alfredo Babún, subsecretario de Desarrollo Económico, la dependencia estatal no conoce a las empresas Ultrakut, MegaInnovador ni Simple Complexity.

El funcionario estatal explicó que empresas no radicadas en Baja California, pueden concursar por la bolsa de recursos destinados para este Estado si se encuentran en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECYT) en Baja California.

El Comité Técnico local, el cual avalará el proyecto para que sea considerado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, está conformado por un representante del gobierno estatal, un representante académico, un representante del CONACYT y un representante del sector empresarial.

Entre las facultades de este primer grupo de evaluadores, está el definir los criterios de evaluación y, a la vez, asignar la bolsa de recursos, explicó el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico.

“Es una empresa de mi familia, no mía”: Bonfante

También involucrado en fraudes con seguros médicos

Carlo Umberto Bonfante Olache también forma parte de la empresa Latino Servicios de Salud, constituida en 2007 con el cargo de tesorero, junto quien también arrancó como funcionario del gobierno de Francisco Vega, Guillermo Trejo Dozal.

En 2014, la firma fue acusada de ofrecer servicios de seguros de gastos médicos sin autorización, delito grave que prevé hasta 15 años de prisión.

El secretario general de Gobierno con licencia, Trejo Dozal, fue aprehendido el 18 de marzo de 2015 cuando intentó cruzar la frontera de Mexicali hacia Calexico. Casi tres meses después, el 19 de junio, el funcionario salió de prisión para continuar el proceso en libertad.

Sin embargo, el secretario de Desarrollo Económico no ha sido llamado por la autoridad federal para responder por este delito.

De acuerdo a la causa penal en contra de Latino Servicios de Salud, esta firmó convenios con 13 empresas y sindicatos entre septiembre de 2008 y 2011, por montos de hasta 25 mil pesos, y facturó más de 4 millones de pesos.

Aunque el 31 de enero de 2014, el Juez Sexto de Distrito del Estado de Baja California, giró una orden de aprehensión contra los miembros del consejo de la empresa, Bonfante Olache no se vio involucrado en el pleito legal.

De hecho, la empresa fue embargada en 2014, en ese entonces el valor de la compañía se estimaba en 884 mil 24 pesos, pero como tesorero de la empresa que infringió la Ley, el secretario de Desarrollo Económico no realizó declaraciones al respecto.

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