Luego de ganar amparo que detiene megaproyecto, indígenas en Juchitán denuncian amenazas y hostigamiento

Publicado el Octubre 19, 2015, Bajo Nacional, Autor LluviadeCafe.

Eólico Istmo San Dionisio

Revolución TRESPUNTOCERO

Integrantes de la comunidad indígena binnizá de Juchitán, Oaxaca, denunciaron que luego de ganar el amparo que detiene los avances del proyecto energético de Eólica del Sur, los ataques y acciones de hostigamiento en contra de los pobladores que han decidido hacer frente a esta obra no se han hecho esperar.

Los indígenas de esta región del sureste mexicano detallaron que las agresiones y amenazas no son nuevas y que se han presentado por lo menos desde hace un año, tiempo en que Eólica del Sur ha intentado realizar el proyecto.

Recordaron que a pesar que la comunidad indígena de Juchitán se opone a la obra, las autoridades entregaron los permisos para que esta compañía desarrollara el parque eólica trazado, el cual contempla 136 aerogeneradores que buscan producir más de 460 megawatts.

Raymundo Regalado, representante de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ), Oaxaca, detalló que el pueblo juchiteco ha descubierto la existencia de “un brazo armado” formado por la empresa Eólica del Sur. Detalló que este grupo delincuencial ha tratado de propagar el terror entre los indígenas con la finalidad de que desistan de su lucha.

“Hoy sabemos que existe un brazo ejecutor de Eólica del Sur que es el que mantiene en zozobra a toda la población binnizá con las amenazas, con los levantones, con los secuestros, y circula una amenaza contra todos los compañeros que militamos dentro de las organizaciones que hoy defendemos los DD.HH. del pueblo.

“Hacemos esta denuncia porque la compañera Bettina Cruz Velázquez (representante de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio [APIITDTT]) ha sufrido ya un atentado en su domicilio. Mis hijos también han estado vigilados por personas que no conocemos y ese es el miedo y temor que tenemos por eso hacemos esta denuncia”, demandó.

En este sentido detalló las acciones violentas derivadas de la resolución del amparo que un juez federal emitió el pasado 30 de septiembre. Indicó que el día tres de octubre se dio el primer altercado en contra de Bettina Cruz, cuando un “sicario” llegó a su domicilio y gritó amenazas de muerte.

Además de lo anterior: “en Unión Hidalgo, la compañera Guadalupe Ramírez Castellanos y su esposo el señor Juan Regalado Martínez, han sido objeto de diversas agresiones y hostigamientos por parte de sicarios, debido a su insistencia en que se haga justicia a una demanda que han interpuesto. En la comunidad de Álvaro Obregón, las agresiones se han radicalizado, el día cuatro de octubre, aproximadamente a las dos de la tarde, fueron agredidos los compañeros Miguel Jiménez Orozco, de 30 años de edad y Brigido Numenthey Jiménez, compañero sordomudo de 20 años de edad, por personas armadas bajo el mando de Jorge Alonso, operador político de Saúl Vicente Vasquez y Héctor Sánchez López. Al compañero Miguel Jiménez lo agredieron embistiéndolo con una unidad de mototaxi, hiriéndolo gravemente, mientras que Brigido Numenthey fue agredido con un machetazo entre la cabeza y el cuello. Los dos compañeros fueron internados de urgencias y aún se encuentran bajo vigilancia médica. Asimismo ha comenzado la interferencia a las radios comunitarias, como radio Totopo para impedir que podamos difusión al pueblo binnizá de Juchitán”, sentenció.

Aunado a esto exigió al gobierno federal que respete la resolución del amparo, y que hasta que no se resuelva el juicio no genere ninguna acción que violente al pueblo y contribuya a los avances del proyecto.

Regalado responsabilizó al gobierno en sus tres niveles por cualquier ataque en contra de los indígenas que han emprendido la lucha y detenido el megaproyecto eólico. Explicó que han tratado de militarizar la región de Juchitán, con el propósito de acabar la resistencia de los pueblos indígenas.

“Responsabilizamos al gobierno del estado, al gobierno federal porque han querido militarizar a Juchitán para poder detener y espantar a nuestra gente, para que no defiendan su pueblo, para que no defiendan sus bienes. Aclaramos que los bienes de Juchitán son de uso común, son bienes comunales, no existe propiedad privada, ni pequeña propiedad. Esa es la denuncia que hacemos a nombre de los pueblos del Istmo, a nombre de los indígenas del Istmo, no sólo de Juchitán”, señaló.

Por otro lado, recordó que este mismo proyecto se intentó imponer hace dos, sólo que con la empresa Maraña Renovable. Dijo que en aquel momento, al igual que ahora, los indígenas ganaron un amparo que detuvo definitivamente el proyecto. Sin embargo, detalló, el gobierno utilizó acciones violentas para tratar de llevar a cabo las obras.

“Hace dos años no se llamaba Eólica del Sur, sino Maraña Renovable y también los indígenas del Istmo interpusimos una demanda en contra de Maraña Renovable y salió en favor del pueblo indígena. Sin embargo el gobierno no acató la ley y lo que hizo es a la mala, meterse y pasar sobre este amparo. Tuvimos un enfrentamiento con la policía.

“Hacemos esta denuncia, y que el gobierno acepte esta garantía que la ley nos otorga, y no vaya a pasar como hace dos años, que tengamos que enfrentarnos a la fuerza pública por la necedad del gobierno de poder seguir con la construcción del proyecto de Eólica del Sur”, expuso.

La consulta simulada

Bettina Cruz Velázquez, representante de la APIITDTT enfatizó que se han presentado irregularidades desde el inicio del proceso para la implementación del proyecto. Recordó que se violentó el derecho a la consulta libre, previa e informada, pues entre otras cosas, no se otorgaron los datos solicitados sobre el proyecto.

“En Juchitán se dio una supuesta consulta que inició en noviembre de 2014 y terminó el 30 de julio de 2015, donde el gobierno federal y todas sus instituciones: Secretaría de Energía (Sener), Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Comisión Nacional del Agua (Conagua), Secretaría de Salud (SS), todos llegaron a dar la información que ellos quisieron, no la información que como pueblo indígena estábamos exigiendo”, dijo.

Bettina Cruz reiteró que antes de iniciar la consulta, las autoridades ya habían aprobado la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), lo cual, aseguró, demuestra la falsa intención del gobierno por realizar una consulta.

La comunidad indígena binnizá hizo el llamado a la sociedad para estar atentos de lo que suceda en próximas fechas en esta región oaxaqueña. De manera particular pidió a la ciudadanía estar pendientes ante cualquier nuevo atentado en contra de los comuneros.

“Solicitamos a las organizaciones civiles, de defensa de derechos humanos, a los pueblos indígenas hermanos nuestros y a la población en general, estén pendientes de los hechos de violencia que se puedan desencadenar en nuestra región, y nos acompañen en la exigencia de que se cumpla la orden de suspensión otorgada por el Juez Séptimo de Distrito. Esta es una nueva batalla ganada para continuar caminando hacia la autodeterminación y autonomía de nuestros pueblos. Reafirmamos nuestro compromiso con la resistencia y la defensa de nuestro territorio, en solidaridad con todos los pueblos indígenas hermanos y organizaciones sociales de México y del continente”.

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