Estado de los ESTADOS: Ante la CIDH, México exhibido

Publicado el Octubre 21, 2015, Bajo Columna de opinión, Autor LluviadeCafe.

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Algún significado habrán de tener frases como las siguientes: “en Cocula, nada es cierto”; “la PGR ha cometido toda clase de anomalías y ocultamientos”; “tenemos confianza en ustedes porque el gobierno no puede hacer nada”; “solicitamos que se queden hasta que se esclarezcan los hechos y aparezcan nuestros hijos, además de que ayuden a que se castigue a los culpables”.

Todas ellas fueron pronunciadas por los padres y familiares de los 43 normalistas desaparecidos y expuestas a través de un video dentro de la reunión que sostuvieran autoridades mexicanas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos celebrada en Washington.

La comparecencia pública puso de relevancia nuevamente la grave crisis de derechos humanos en México, que fue destacada en el análisis de cada uno de los temas: el caso Acteal; el Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre el caso Ayotzinapa; la revisión de las políticas de drogas y derechos humanos; y sobre todo en el análisis del tema de las ejecuciones extrajudiciales, en donde se ha llegado a extremos inaceptables en las consecuencias de la lucha contra los cárteles de las drogas.

Mientras los activistas defensores de derechos humanos del país insistieron en que la guerra contra las drogas y la militarización asociada a ella se reconocen como el detonante de la violencia que se vive en muchas regiones de la República, y que las ejecuciones extrajudiciales son la representación de las consecuencias de estas políticas en un Estado impune, los representantes de la administración de Enrique Peña Nieto respondieron que todos los casos denunciados están siendo investigados, insistieron en que “vamos por el camino correcto”, y justificaron el uso de las fuerzas armadas contra las organizaciones criminales por la capacidad de fuego que han alcanzado.

A pesar de que Roberto Campa Cifrian, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, insistió en que hay un compromiso del gobierno mexicano con la independencia, transparencia y efectividad de las investigaciones en curso, poco pudieron argumentar los funcionarios mexicanos ante las evidencias que se incluyeron en el informe del caso Ayotzinapa, que fue presentado ante el pleno de la CIDH, en el que se retrataron las fallas del sistema de justicia en México y también en el caso Acteal, donde fueron asesinados 45 indígenas por grupos paramilitares, que representan la impunidad en la que habitualmente quedan las masacres en este país.

La audiencia se llevó a cabo apenas una semana después de la visita in situ de integrantes de la CIDH en México, en la que se constató la grave crisis de derechos humanos que se resiente en el país, que se caracteriza por una situación de extrema inseguridad y violencia, reflejada hasta en las mediciones oficiales del Inegi; las graves violaciones a derechos humanos, en particular desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura; la profunda impunidad y la atención inadecuada e insuficiente a las víctimas y familiares.

VERDADES AL ROSTRO

Dada la rudeza de las expresiones dichas por los familiares de los normalistas mismas que revelan la nula investigación de los hechos, Eber Betanzos, subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, no tuvo más remedio que mostrarse humilde y aceptar que los expertos del GEI se queden, se tomen en consideración cada una de sus recomendaciones, que se sigan las investigaciones, y dio una serie de posiciones que hablan más del burocratismo y de la lentitud con la que se manejan en las instituciones de legalidad e impartición de justicia que de las intenciones serias de llegar al fondo de este asunto que al ser de exhibición internacional deben prestarle atención.

Se dedicó una y otra vez a reconocer “de manera puntual” el trabajo realizado por el grupo de expertos y reconoció que ello se debió a la intervención de los familiares que así lo motivaron. Dijo, como si se tratara de canonjías, que “el gobierno ha permitido que se llevan a cabo todas las acciones que, debo reconocer, han sido fundamentales para el avance de la investigación”. Habrá que ser muy claros y señalar que tales “avances” están en lo oscurito porque hasta ahora los familiares de las víctimas han denunciado una y otra vez que no hay absolutamente nada. De nuevo y como si se tratara de un hecho en el cual están condescendiendo, señaló que “las PGR reconoce la legitimidad del reclamo de justicia por los hechos acontecidos y afirma que la investigación de los delitos se encuentra abierta y no cerrará hasta que sea castigado el último responsable de lo sucedido el 26 de septiembre”.

Dijo también que, como si no hubiese transcurrido ya más de un año, habrá un replanteamiento de la investigación con supervisión internacional y señaló la participación de un área dentro de la fiscalía de personas desaparecidas para hacerse cargo de las denuncias de personas no pertenecientes al grupo de los 43 y que tampoco aparecen y han sido denunciadas. Hubo, porque no hay otro remedio, una aceptación a la permanencia y a los informes e investigaciones a cargo del Grupo, mismas que, dijo, se integrarán al expediente ya existente. Para ahondar en esa vergüenza ajena que ya parece sello para muchos ciudadanos mexicanos, el funcionario señaló que van a usar tecnología de acuerdo las sugerencias recibidas. O sea que todo lo que han hecho ha sido artesanal y suponemos que estarán ciertos de que el pensamiento de millones y millones es igual y por lo tanto susceptible a creerlo todo, hasta esa fantasiosa incineración.

Hubo otras denuncias en las que se habla de malos tratos y torturas y al respecto señalaron que los que están detenidos por supuesta participación en los hechos de Ayotzinapa, tienen la oportunidad de que se les practique el Protocolo de Estambul, de nueva cuenta como si se trata de una consideración, de una canonjía, de mostrar que el gobierno mexicano es “buena onda”. Y, de nuevo dando muestras de que sus avances serios, formales, legales, son nulos, Betanzos sostuvo que lo que les ha señalado el GEI les ayuda a trazar nuevas líneas de investigación relacionados con otras responsabilidad a partir del desahogo de diligencias ministeriales.

Habrá, dijo, investigación de responsables señalados por expertos, o sea de nuevo a partir de una nada, de puntos en los cuales han estado enredados merced a todas las mentiras y alteraciones que han pretendido tanto de la zona en la que desaparecieron los normalistas como en los lugares en donde se dijo se encontraron después hasta quedar reducidos a cenizas o ser arrojados a unas aguas de las cuales no lograron obtener las pruebas suficientes para determinar que lo que dijeron era la más estricta verdad. Se habló también de la participación de expertos en la unidad de análisis financiero para cruzar información. ¿Financiero en hechos de esta naturaleza? Solamente que en ello quieran de nueva cuenta sacar a relucir la participación del narco en complicidad con autoridades y admitir que hubo camiones en los cuales se pretendió trasladar droga.

Nuevas líneas de investigación es lo que prometieron para el futuro y en ello lo que hay es tiempo… para que concluya el sexenio.

MILITARES SOLO ANTE EL MP

En el medular tema de la petición del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de entrevistar a los militares del 27 Batallón de Infantería, sólo se logró acordar con los representantes del Estado mexicano que únicamente el Ministerio Público podrá entrevistarlos. Desde el mes de agosto se tomó la declaración de 16 militares que fueron señalados por el grupo de haber estado presentes en los hechos, pero los expertos no han recibido las declaraciones. El acuerdo alcanzado en la CIDH establece la verificación y realización de solicitudes de entrevistas, que se consideran vitales para la búsqueda de los normalistas.

A pesar de que en la audiencia en Washington representantes de la Organización Civil Las Abejas y diversos centros de derechos humanos señalaron que la masacre de Acteal, donde fueron asesinados 45 indígenas, incluidos niños y mujeres embarazadas, en diciembre de 1997, fue consecuencia de una “estrategia contrainsurgente” del gobierno federal en contra de los zapatistas, los funcionarios mexicanos también rechazaron cualquier responsabilidad del Estado mexicano en dicha masacre, con el argumento de que no hay ningún informe o recomendaciones que acredite alguna responsabilidad de agentes del Estado.

IMPUNIDAD Y VIOLENCIA

Van tres años de la administración de Enrique Peña Nieto y nuevamente la agenda de la violencia se impone, como sucedió en el pasado gobierno de Felipe Calderón. La inseguridad se posiciona como el tema prioritario del país, incluso por encima del económico. La administración y procuración de justicia en este gobierno siguen reprobadas. Los derechos humanos, simplemente no se respetan en territorio nacional. Las organizaciones defensoras coinciden en que el gobierno federal alienta que los criminales se eliminen entre sí, lo que habría desatado la ola de ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones, los actos de tortura, las detenciones arbitrarias, los allanamientos ilegales, entre otros, a lo que se suma la inacción por parte de los organismos encargados de investigar y castigar estos hechos, lo que da como resultado una oleada de violaciones a los derechos humanos en el país, que ha superado la capacidad institucional para administrar y procurar justicia.

La impunidad es el sello de esta administración en la materia. De las cuatro mil denuncias por tortura que se han presentado de 2007 a 2014, sólo hay once consignaciones y cinco sentencias. De las cifras de desaparecidos, que siguen aumentando y superan las 26 mil, sólo hay sentencias firmes en seis casos. Estos datos demuestran que la situación ha rebasado al gobierno mexicano. Aunque los funcionarios presentes en la audiencia coincidieron en la necesidad de investigar eficientemente, a fin de reducir la impunidad, de ninguna manera concedieron la necesidad de revisar el papel de los cuerpos policíacos en la lucha contra el crimen organizado.

HAMBRE EN MÉXICO

A nivel mundial México es el fabricante de alimentos número 12 y el tercero en América Latina, con una producción agrícola de 250.1 millones de toneladas, esta es la información oficial, no obstante, el país tiene 28 millones de mexicanos que padecen hambre, y su población con carencias de alimentación pasó de 23.3 a 23.4 por ciento, lo cual da al traste con la pretensión de hacer pasar al país como un gran fabricante. Los esfuerzos por superar la situación de hambruna es totalmente insuficiente. La cruzada nacional contra el hambre se diseñó para atender sólo a 7.5 millones que padecen hambre –eso es también lo que dicen-, con resultados que alcanzan, según datos oficiales, el 73 por ciento de las metas, por lo que el resto sigue en las mismas condiciones.

Según la administración federal, la Cruzada Nacional contra el Hambre pretendía abatir de manera masiva la pobreza, la desnutrición y la marginación social en México. La realidad revela que los logros alcanzados son marginales. Las metas particulares tampoco se han alcanzado: no se ha eliminado el hambre de personas de escasos recursos; no desaparece la desnutrición entre los niños; no se ha aumentado la producción alimentaria y el ingreso de campesinos y agricultores; no se han reducido las pérdidas post-cosecha; y no se ha promovido la participación de las comunidades y beneficiarios del programa.

Con este contexto, se ve contradictorio que se realice en suelo mexicano el 18 Encuentro de Ministros de Agricultura de las Américas 2015 y la 18 Reunión Ordinaria de la Junta Interamericana de Agricultura, que es el órgano máximo del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. El diagnóstico técnico que sustenta la toma de decisiones, en las proyecciones a futuro establece que a nivel mundial se requiere incrementar la producción de alimentos en un 60 por ciento para el 2050 a fin de atender los requerimientos de la población mundial que para entonces, se tiene previsto, será de 9 mil 700 millones de personas.

El crecimiento del valor agregado agrícola de México se ubica en apenas el 2.2 por ciento, mientras que otras naciones como Brasil tiene niveles de hasta 6.7 por ciento y República Dominicana llega hasta 5.5 por ciento. Otras naciones mantienen avances marginales como Panamá con 0.8 por ciento y Belice con 3.2 por ciento, mientras que otros más presentan decrecimientos como Bolivia con -0.01 por ciento. A nivel de América Latina, la situación es aún más grave pues el 40 por ciento de la población son pobres, en tanto que el 10 por ciento tiene problemas de desnutrición.

DE LOS PASILLOS

Sin duda alguna, los diputados federales se aliaron con la industria refresquera trasnacional al reducir el impuesto a las bebidas azucaradas, lo que tendrá un efecto negativo en las niñas y niños mexicanos, advirtió la organización El Poder del Consumidor, integrante de la Alianza por la Salud Alimentaria. Advirtió que “estas bebidas, comercializadas por Nestlé, Coca-Cola, Danone y Pepsico contienen una cantidad de azúcar cercana a los cinco gramos por 100 ml, en su presentación más común (botellita de 300 ml) por lo que al consumirlas los niños ingieren hasta 15 gramos de azúcares añadidos”. La organización destacó que en el país uno de cada tres niños nacidos a partir de 2010 desarrollará diabetes en su vida y dijo que los legisladores están contribuyendo a ello…

Los mexicanos están jodidos pero satisfechos, según la Encuesta de Bienestar Subejtivo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía que revela que los mexicanos tienen una alta satisfacción con la vida, con un promedio en el país de 8.0 en una escala de cero al 10, asociada a la calidad de las relaciones familiares y afectivas. Eduardo Sojo Garza Aldape, presidente del Inegi, dijo que de los 80.7 millones de adultos en México (de 18 años y más), 67.3 millones se consideran satisfechos y muy satisfechos con su vida. La encuesta también mostró que 13.4 millones de mexicanos están insatisfechos y muy insatisfechos con su vida, y el tema que más influye es el de seguridad.

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