En Tonalá, Chiapas, policías ejercen tortura y detenciones arbitrarias contra jóvenes y periodistas

Publicado el octubre 23, 2015, Bajo Nacional, Autor LluviadeCafe.

Dia Internacional de la tortura

Revolución TRESPUNTOCERO

La actuación de la Policía Especializada y Policía Estatal Preventiva en Tonalá, Chiapas ha convertido a la población del municipio en ciudadanos que temen padecer, a manos de los elementos, detenciones arbitrarias y tortura, que los lleven a la muerte.

A decir por la activista comunitaria Fabiola Betanzos, en dicho municipio ambas policías se han convertido en delincuentes que asolan las calles de la ciudad, en busca de víctimas potenciales, “en algunas ocasiones actúan en forma aleatoria, es decir a quien vean en la calle si les parece que puede ser catalogado como ‘delincuente’ lo levantan como delincuente, después de la violencia física que no es más que tortura, los presionan para que acepten algún delito, a veces ni siquiera buscan falsos culpables, solamente si ven a alguien les cae mal o lo que es peor ven a muchachas o adolescentes sobre quienes quieren ejercer tocamientos indebidos, usan el pretexto de la detención”, comenta la activista a Revolución TRESPUNTOCERO.

En otras ocasiones estas policías actúan por consigna, esto se da cuando se tratan de amedrentar a quienes se encuentren abiertamente en contra de las acciones de fuerzas de seguridad, autoridades locales y estatales, ya sean activistas, defensores de derechos humanos y periodistas, ejerciendo sobre ellos malos tratos y tortura.

Dos de los casos más sobresalientes y que reflejan las acciones de estos grupos policíacos en contra de la sociedad de Tonalá, se han perpetrados recientemente, sin que la justicia puede llegar a otorgarles un resarcimiento de los daños causados, principalmente por el temor de las víctimas a ser reprimidos nuevamente e incluso, aseguran no quieren perder la vida, por demandar castigo para los culpables.

Isis Princesa, una adolecente de 16 años, padeció recientemente una detención arbitraria que derivó en incomunicación, violencia física y tortura psicológica, a manos de la Policía Especializada del aquel municipio.

La chica se encontraba en compañía de su novio Jorge Caballero Pineda, vendiendo panes en una de las principales calles de aquella localidad, cuando elementos policíacos se acercaron a ella directamente y sin ninguna orden de aprehensión fue sometida violentamente para subirla a bordo de una camioneta tipo Takoma color gris.

Según el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, el comandante de la Policía se refería a la joven diciéndole: ‘no te hagas pendeja y dinos en donde está tu papá’. Momentos después, los elementos con la chica detenida, se trasladaron a un domicilio particular, ahí se encontraba Areli Salinas, entraron y golpearon a dos personas más que venían en la parte trasera de las diferentes camionetas, esto con el fin que les indicaran el domicilio de otras personas que estaban buscando, ahí mismo sometieron a Areli, quien se encuentra embarazada y posteriormente fue detenida.

Dos horas más tarde, Isis y otras cuatro personas más que fueron detenidas, finalmente fueron trasladadas a la Comandancia de la Policía Especializada, donde la menor nuevamente fue víctima de tortura psicológica, mientras la mantenías incomunicada. “a Isis no la dejaron hacer una llamada para comunicarse con nosotros y decirnos qué había pasado y dónde estaba, ella no sabía lo que pasaba y la estaban haciendo sufrir demasiado, la trataron en forma inhumana y la ultrajaron por ser pobre.

Mucho menos le dijeron que podía tener un abogado que la ayudaría, estaba en medio de todos esos policías y vio como casi mataban a golpes a otros detenidos, los estaban torturando mientras la obligaban a ver cómo lo hacían en un cuarto cerrado, donde había gritos y sangre, eso provocó en Isis un gran daño el cual podría padecer siempre”, asegura a Revolución TRESPUNTOCERO un familiar que prefirió mantenerse en el anonimato por temor a las represalias por parte de las policías.

Pasó poco más de medio día sin que la familia de la adolecente se enterara de los hechos y de su paradero, esto incluso cuando en repetidas ocasiones fueron a la Comandancia de la Policía Especializada y a la Fiscalía de Distrito Istmo Costa, donde se les negó que Isis hubiera sido detenida, lo que provocó mayor temor, porque pensaron que pudo haber sido víctima de desaparición forzada, por parte de los elementos.

Fue hasta pasada la media noche que personal del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, se puso en contacto con la Visitadora de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de la ciudad de Arriaga y a la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría estatal para solicitarle la búsqueda de la menor.

Fue hasta casi después de la media noche, cuando finalmente fue traslada a la Fiscalía en Atención a la Violencia contra la Mujer y la Familia para que rindiera su declaración ministerial, sin que tuviera un abogado que le ayudara en ésta, finalmente fue puesta en libertad, pasada las dos de la mañana, dado a que no existían delitos qué perseguir.

“Pero los policías no se quedaron sin pena alguna, conocían cuál era la casa donde vivía Isis, entraron los elementos de la policía especializada y pusieron la casa de arriba para abajo, catearon todos los rincones, tuvimos miedo porque pensamos que iban a inventar algún delito, echaron a perder varias de nuestras cosas, sino es que todas, también puertas y ventanas, rompieron hasta los documentos de cada uno, después de todo esto, se fueron, pero cada que ella tenía que salir un carro la seguía”, afirma el familiar.

El Centro de Derechos Humanos externó su preocupación por la “actuación y práctica recurrente de la Policía Especializada y Policía Estatal Preventiva en Tonalá, Chiapas, quienes detuvieron de manera arbitraria, y torturaron a la menor Isis Princesa”, y exigió que se investigue de manera seria e imparcial las violaciones a los derechos humanos cometidas en contra de Isis Princesa y su familia, además de pedir se garantice la reparación de los daños.

Aunque también se exigió una investigación urgente en contra de los servidores públicos responsables, nada ha progresado, debido a que ni siquiera se pueden identificar a los elementos que cometieron todos los malos tratos y tortura en contra de la menor.

Este tipo de actos no han sido aislados, se asegura que siendo una de las entidades más pobres y olvidadas por el gobierno del estado e inexistente para el gobierno federal, en Tonalá, Chiapas se ha introducido la violencia por parte de las policías, quienes en ocasiones también inculpan y sobornan al detenido para que les otorgue ‘cuotas’, que van de los 500 pesos semanales a los 5 mil pesos, a cambio de su libertad.

En otras ocasiones solamente se busca justificar presos, para que se crea que los delitos están siendo combatidos, a su vez el actual presidente municipal, ha decir por la activista, ha establecido una ley mordaza por medio de las amenazas y el temor a ser víctimas de las policías si los medios se ‘ponen en su contra’, “enviando con el ataque el periodista Roberto Carlos Rodas, un mensaje claro, nadie debe ni puede meterse con la autoridad municipal y policiaca”.

En marzo pasado la policía municipal, con extrema violencia, prepotencia, abuso de autoridad y amenazas de muerte, hostigaron a la esposa e hijos del periodista y director general del periódico local “Expresión”, Roberto Carlos Rodas.

Según testigos de los hechos, inculparon a su familia por “alterar el orden público”, una ya clásica justificación entre los mandos policiacos para detener arbitrariamente, después fueron incomunicados y torturados psicológicamente, lo anterior, según se aseguró fue derivado de las varias notas informativas, publicadas por el medio, que con exposición de hechos demostraron constantemente los fallos en la administración del alcalde priista Manuel Narcía Coutiño (quien finalizó su periodo en semanas pasadas).

Rodas aseguró que su familia fue tratada “como lo peor”; les rociaron agua y un comandante, “de escasos 22 años de edad, Daniel Vázquez, con palabras altisonantes despojó de sus pertenencias a las tres personas” incluso llegó a desenfundar un arma con la que los amenazó de muerte, porque los muchachos pedían que su madre fuera atendida por un médico, ya que se encontraba mal después del golpe que recibió.

En su momento el periodista afirmó que fue “una venganza del alcalde Manuel Narcía Coutiño, porque en mi semanario he criticado su administración”. Aunque interpuso una queja a las autoridades competentes, ésta no procedió.

Las acusaciones con respecto a éstas policías a diario se acrecientan, la población cree que son ellos quienes ejercer el control para mantener sometidos a voluntad del gobierno a los pobladores. Aunque los gobiernos cambian, se asegura que por pertenecer al mismo partido político (PRI) manejan las mismas ‘tácticas’, “siendo un municipio pequeño y de los más olvidados, donde cruzan migrantes, maras y narcotraficantes, a la sociedad no se le brinda seguridad, sino que se le acosa para que no se queje”, afirma la activista.

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