SCJN pone a discusión la gratuidad de la educación superior en México

Publicado el Abril 20, 2016, Bajo Nacional, Autor LluviadeCafe.

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La educación en el país podría dar un giro de 180 grados ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá este miércoles un proyecto en donde se aclarará el tema de la gratuidad de la educación superior en México.

La ministra Norma Piña Hernández propuso a sus colegas de la Primera Sala de la Corte establecer que la Constitución no obliga al Estado a brindar educación superior gratuita, pero que tampoco la prohíbe, por lo que la Federación y las 32 entidades son libres para conceder este beneficio.

Ante esta discordia y con antecedentes previos de n ampara por una estudiante para no pagar, el proyecto que se debatirá señala que cuando una Constitución estatal reconoce el derecho a la educación superior gratuita, la medida no podrá ser revocada ni siquiera, bajo el principio de autonomía universitaria, a menos de que se prueba la inexistencia de recursos para su mantenimiento.

De acuerdo con la Constitución de Michoacán, el Estado es el responsable de mantener la gratuidad de la educación, sin embargo las instituciones autónomas tienen la facultad de cobrar y hacerlo con los parámetros que estas consideren pertinentes, así lo dijo el ministro de la Suprema Corte de Justicia Jorge Pardo en el primigenio mes de enero.

una alumna de la Universidad Nicolaíta de Michoacán que se niega a pagar la cuota de reinscripción fijada a partir del ciclo escolar de 2014.

“Existe una restricción constitucional al principio de gratuidad de la educación que imparte el Estado, consistente en que no es aplicable a los estudios cursados en universidades autónomas, pues son éstas las que en su facultad y responsabilidad de autogobierno, libre enseñanza y administración patrimonial, pueden determinar si deben o no cubrirse cuotas por los estudios que en las mismas se realizan, así como los montos”, dice el proyecto.

Piña propuso amparar a María Cárdenas Alvarado, estudiante de la Universidad Nicolaíta de Michoacán, contra el pago de 420 pesos de inscripción impuesto en 2014, así como de cualquier otro cobro hasta que termine su licenciatura, que deberá ser financiada por el Gobierno estatal.

Ante la Corte, la Nicolaíta fue enfática en defender la autonomía como un principio que permite el libre manejo del patrimonio de las universidades y el cobro de cuotas, pero el proyecto de Piña acota este concepto.

“La autonomía universitaria no puede invocarse como un argumento que justifique restringir algún aspecto del derecho humano al que está destinada a servir, como podría ser, en el caso, la gratuidad”, señala.

“Si el derecho humano a la educación superior, en determinado momento, incluye la nota de gratuidad, la facultad de administración del patrimonio derivada de la autonomía universitaria no puede invocarse en modo alguno como razón suficiente para desconocer ese aspecto del derecho humano”.

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