Estado de los ESTADOS: EPN en caída libre – La columna de @Lilia_Arellano1

Publicado el julio 13, 2016, Bajo Columna de opinión, Autor MonaLisa.

lilia
Escrito por Lilia Arellano – http://www.liliaarellano.com/ Miércoles 13 julio 2016

“Es el resultado el que decide de qué lado está el derecho”: Immanuel Kant

EPN en caída libre

*Abren camino a AMLO hacia Los Pinos
*Sin delitos de por medio interviene PGR
*Con lupa seguirán el trabajo de la SCJN
*Anulan Federalismo; revive centralismo
* Veracruz, Chih. y Q.Roo, punta de lanza
* Ochoa Reza: legitimidad entre las dudas
* Adame Ochoa: jugoso pacto con el narco

Bien dicen que cuando se trata de descensos las escaleras sobran, las rampas se multiplican y las asentaderas se hinchan.

Algo muy parecido sucede en el gabinete presidencial y van en picada llevándose arrastrando a su mero jefe, quien les dio trabajo y oportunidad, el hombre al cual le deben lealtad y, según las leyes no escritas, ésta debe estar por encima de los ciudadanos y del país. La caída se ve, lo demás no aparece por ningún lugar. Por lo pronto, ya le abrieron la puerta de par en par al puntero en las encuestas rumbo al 2018, a Andrés Manuel López Obrador, y no solamente por los errores cometidos, sino por romper la de la legalidad, una vez derrumbada la de la legitimidad.

En uno de sus pronunciamientos como candidato a la presidencia, el tabasqueño habló y fuerte de la inutilidad de las instituciones –de esto ya hace 15 años-, de la necesidad de reformarlas a fondo. Estas declaraciones despertaron comentarios fuertes en su contra, al tiempo se ha comprobado la inutilidad, el desprestigio y la conversión en incubadoras de corrupción exitosas que han tenido. Se quejaron del discurso sostenido en relación a la corrupción, a la impunidad, a las mafias en el poder aliadas con las de referencia económica, y el tiempo y los descubrimientos de enriquecimiento no han hecho sino darle la razón al grado de obligar a los de los añejos partidos y al titular del Ejecutivo Federal a presentar una Ley para, por lo pronto, intentar poner un freno -aunque si es verdad y está vigente el refrán “perro que da en comer… aunque le quemen el hocico”- a tantos desmanes.

Ahora bien, las demandas del PAN y del PRD secundadas ahora por el mismísimo PRI en voz de un inexperto político, celebran “la decisión presidencial” de intervenir, vía la PGR, para frenar a las gobernadores de Veracruz, Chihuahua y Quintana Roo. Es decir, aplauden un rompimiento del pacto federal, se muestran satisfechos de la imposición fuera de ley de violar la autonomía estatal, tanto del Ejecutivo local como de los Legisladores y ahora hasta del Poder Judicial. Muestran regocijo por lo considerado como un acto respaldado por la voluntad ciudadana mostrada en un proceso electoral en el cual decidieron apoyar a otras organizaciones políticas aunque con abanderados legales pero no legítimos.

Habrá de considerarse la algarabía por lo ordenado por Peña Nieto como lo que es: la fabricación de una gran espada de Damocles apuntando a todo aquello no satisfactorio para quien ocupe el máximo poder del país. Las carcajadas serán producto de aplastar cualquier intento de llevar a la Nación a un auténtico Estado de Derecho, con pocas leyes pero todas puntuales y cumplidas. Todo este ámbito, el panorama creado, la festividad manifiesta será el marco en el cual López Obrador logre insertar todos sus deseos sin que se despierte una sola crítica.

No es nada improbable la llegada del tabasqueño a la Presidencia de la República. Para muchos, de un bando y de otro, simpatizantes y críticos rabiosos, las condiciones se están creando por tantos errores cometidos y el lastre que cada partido viene arrastrando y enriqueciendo a cada paso, con cada decisión, en los nombramientos de sus dirigentes y las actuaciones de los abanderados que alcanzan el poder. Por lo tanto y una vez con la certeza del daño causado a cada rincón del país, puede AMLO ejecutar cualquier acción, el antecedente existe y si se avanza tendrá hasta elementos para hacer lo que le plazca con la jurisprudencia creada.

Solo faltan dos años y se verá si permanece la misma sonrisa o… “el que ríe al último, ríe mejor”.

CADA QUIEN CON SU CADA CUAL

Existe una gran diferencia entre la manifestación de voluntad política sin transgredir la ley y la puesta en marcha de estas pretensiones pasando por encima de todos los dictados. En la falta de similitudes hasta el nombre cambia. Por lo tanto, Veracruz, tiene lo suyo; Quintana Roo, igualmente, y de Chihuahua será mejor recordar la introducción en el último momento, alguno de los sesudos colaboradores del mexiquense simplemente lo olvido, porque protección por la vía legal cada uno sabrá si la requiere.

Ayer mencionamos en estas mismas líneas los pasos y tiempos de la Suprema Corte, como también un hecho real, vigente hasta el momento de escribir estas líneas: no ha sido promulgado y, por lo tanto, no aparece en el Diario Oficial de la Federación con la fecha en la que debe entrar en vigor con todo y sus leyes secundarias –en caso de estar listas, parece que no- el Sistema Nacional Anticorrupción. Por lo tanto, las acciones señaladas por la PGR no tienen sustento para llevar a la elaboración y presentación de un dictamen. Si acaso y como se refería ayer a la elaboración de recomendaciones en las cuales respetuosamente –en razón de su autonomía- deberán dirigirse a los Congresos para hacer las modificaciones y adecuaciones que consideren para lograr afinidad con el nuevo documento aprobado por el Congreso.

A la hora de emitir semejante llamado a la Corte seguramente ooootro olvidadizo no reflexionó sobre el veto presidencial y lo que éste representaba en una nueva redacción. En lo correspondiente a Quintana Roo se sabe de dos situaciones: la primera está directamente relacionada con los cambios al sustraer del texto las referencias hacia los particulares y la segunda es sobre los nombramientos. Hasta ahora no se sabe que ese renglón hubiese sufrido alguna modificación en la cual se determinara el tiempo y quien debe presentar las ternas y hacer las aprobaciones. De no existir cambio alguno lo hecho está como los candidatos de la oposición, es legal aunque muchos no lo consideren legítimo.

Los festines, podrá verse, están en veremos en lo referente a esos señalamientos hechos de manera reiterada en los cuales no se contempla una correcta aplicación de la ley. Habría que buscar la manera de sustentar denuncias y pretensiones de investigación cuando los ciudadanos lleguen al extremo de dudar abiertamente sobre el origen de la riqueza de sus gobernantes. Una ley en la que la moral ocupara un lugar y la calidad de ésta fuera requisito indispensable hasta para aspirar a un cargo público.

Sólo que apenas estamos discutiendo de nueva cuenta si deben ser 100 o un millón los spots en las campañas y si mejor los pagan o si es preferible la realización de debates en cadena o si se deciden a castigar la compra de votos o de plano ponen cuáles artículos serán permitidos y cuáles no. El dinero, ese nunca cae mal.

OTRA CARA DE LA MISMA MONEDA

Al avanzar en el segundo trienio de su gobierno, Enrique Peña Nieto se consolidó como el presidente de México más repudiado de los últimos años. A su administración se le responsabiliza de las contundentes derrotas electorales en los recientes comicios. A su presidencia le urge incrementar su popularidad, pues es un mandatario mediático y sus decisiones de gobierno se enfocan en incrementar su rating, aunque eso lo lleve a ceder a presiones de empresarios o partidos políticos. Es en este contexto donde se da la decisión de presentar acciones de inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra los gobiernos y congresos de Veracruz y Quintana Roo y ahora también de Chihuahua, con el argumento de que impulsaron nombramientos y leyes a modo para el combate a la corrupción en sus entidades. La decisión se reflejó de inmediato en las primeras planas de los periódicos de la capital de la República.

El mensaje enviado fue: tenemos un presidente honesto y valiente, el cual no permitirá la impunidad en estados gobernados por militantes de su propio partido, aunque éste no corresponda a la realidad y el caso del ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, es la prueba más reciente del imperio de la impunidad en el país. En este escenario se inscriben también los casos de las residencias de su esposa, Angélica Rivera, conocida popularmente como “la casa blanca”, y la su secretario de Hacienda, Luis Videgaray, en Malinalco, producto de “moches” al más alto nivel; así como las filtraciones de actos de corrupción en contratos con la constructora Higa con el gobierno del Estado de México, cuando Peña Nieto era gobernador, y ahora con el gobierno federal que él mismo encabeza. Corrupción e impunidad, son dos de los principales problemas que resienten los mexicanos, de acuerdo a las últimas encuestas realizadas en territorio nacional.

¿SE BUSCA MODELO?

Las últimas reformas estructurales, las modificaciones a la Constitución en este sexenio y la determinación de militarizar el país, van encaminadas a sustituir la actual república federal por un régimen centralista. La Carta Magna vigente señala a México como una República Federal, es decir, una agrupación institucionalizada de entidades sociales relativamente autónomas, compuesta por divisiones territoriales con autogobiernos, denominados estados. Presentan facultades de gobierno o de legislación sobre determinados tópicos, diferentes de los que corresponden al gobierno de la República Federal. El estatus de gobierno de los estados se encuentra establecido por la Constitución y en la mayoría de los casos no puede alterarse de manera unilateral por la decisión del gobierno de la República.

La República Federal se opone directamente al Estado Centralista, en donde existe un solo centro de poder político, el cual extiende su accionar a lo largo de todo el territorio que comprende el estado, a partir de agentes de autoridades locales, representantes del poder central. La acción de inconstitucionalidad presentada por la Procuraduría General de la República (del Poder Ejecutivo) va encaminada a cancelar nombramientos y leyes promulgadas por los congresos (con autonomía federal) de Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua, a través de la intervención del Poder Judicial de la Federación (Suprema Corte de Justicia de la Nación), con el argumento de que son contrarios a los principios del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, el cual ni siquiera está concluido y mucho menos vigente. De ahí que Salvador Sandoval, subprocurador Jurídico y de Asuntos Internos de la PGR, precisará: “lo que en esencia se ha solicitado es que la Suprema Corte advierta que las entidades mencionadas carecen de facultades para crear sus sistemas locales anticorrupción sin que se hayan publicado las leyes generales correspondientes y se advierta que no pueden hacer nombramientos de funcionarios en dichas materias”.

Si las acciones de inconstitucionalidad llegaran a ser admitidas, se emplazará a los poderes Ejecutivos y Legislativos de Veracruz y Quintana Roo para defender sus reformas, las cuales seguirán vigentes. La resolución podría ser hasta finales de año, o incluso en 2017, cuando Javier y César Duarte y Roberto Borge ya no sean gobernadores. Por ahora, Duarte declaró desierta la convocatoria para nombrar al Fiscal anticorrupción en la entidad. Las tres personas que propuso para ser nombrados magistrados por el Congreso del Estado de la Sala Anticorrupción, declinaron a esa postulación, informó, por lo que se declara desierta la convocatoria. A su vez, el gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, aclaró que el Poder Ejecutivo del Estado no ha promovido la creación de ningún sistema anticorrupción y aseguró acatarán responsablemente la resolución de la SCJN sobre el señalado acto de inconstitucionalidad.

En el caso de Veracruz, la intervención de la Federación no se limita a la acción de inconstitucionalidad pues el Servicio de Administración Tributaria (SAT) documentó la existencia de 34 contribuyentes vinculados a un presunto desvío de recursos durante el gobierno de Javier Duarte. Por este caso ya presentó 32 denuncias ante la PGR, correspondientes a 31 empresas y una persona física. De acuerdo a lo que se ha filtrado de esta investigación, cuatro dependencias de la actual administración de Veracruz presuntamente realizaron 73 contratos con una red de empresas fantasma hasta por la cantidad de 645 millones de pesos. Este es ya otro caso que, documentado, permite la aplicación de la ley en condiciones correctas,

El control absoluto de Enrique Peña Nieto en la dirigencia del PRI a través de Enrique Ochoa se evidencia con las declaraciones de éste tras registrarse como aspirante a presidir el Comité Ejecutivo Nacional del tricolor: los gobernadores del PRI están obligados a rendir cuentas. Aunque debió de señalar: la ley precisa que todos los gobernadores, sin importar su filiación política, están obligados a rendir cuentas de sus administraciones ante los congresos locales y sus ciudadanos. Además, el PRI como oposición en diversas entidades federativas está obligado a ser un escrupuloso vigilante de las administraciones estatales. Eso ya no convino porque debe hacerse justicia en las mulas de mi vecino.

PRI: PROBLEMA DE LEGITIMIDAD

La ex dirigente nacional del PRI, Dulce María Sauri Riancho, sostiene: la designación de Enrique Ochoa como presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI carece de legitimidad, lo que se suma al pesado lastre de corrupción e impunidad que arrastra este instituto político. Analistas políticos observan que la llegada del ex director de la CFE al PRI es para tener un contrapeso a la juvenil dirigencia nacional del PAN, en la persona de Ricardo Anaya, quien poco a poco se ha posicionado como posible candidato de Acción Nacional a la Presidencia de la República.

También señalan el hecho de que quien se cuelga la medalla de haber impulsado al nuevo dirigente priísta es precisamente José Murat, toda vez que su hijo Alejandro, hoy gobernador electo de Oaxaca, es muy amigo de Enrique Ochoa, desde su etapa estudiantil. La correcta acción de Ulises Ruiz al manifestarse en contra del relevo del PRI, que llegó al extremo de pedir una consulta interna con el fin de que Ochoa Reza no sea el nuevo líder del Revolucionario Institucional ha permitido se levanten voces advirtiendo que su enojo es por la “expulsión” del oaxaqueño en su propia tierra y no a su militancia añeja y desde las bases en ese partido… En una entrevista radiofónica, el también ex mandatario oaxaqueño señaló: “estamos en una postura de primero solicitar la consulta, luego declarar desierta la convocatoria”.

Ruiz advirtió que de consumarse el liderazgo de Ochoa Reza al frente del PRI, el partido repetirá los errores del pasado y estará en camino a la derrota en los comicios presidenciales de 2018. Sostuvo que el PRI necesita “un sacudidón”, que toda la militancia se movilice para elegir a su dirigente y, con ello, legitimarlo y fortalecerlo. No obstante, es muy difícil suceda esto dada la tradición de la militancia priísta de someterse a los dictados de su real dirigente político, el presidente de la República. Así pues queda demostrado el poder presidencial absoluto y en el presente respaldado, paradójicamente, no sólo por su partido político sino por los de la oposición.

Enrique Ochoa Reza tendrá las riendas de un PRI en una de sus peores crisis. Su batalla más significativa será la conquista de su propio partido, para lo cual debe lidiar con los saldos de la derrota electoral de este año y las pugnas internas de cara al 2018. Ya empezó a batallar con la postura de Enrique Peña Nieto de oponerse a las medidas aprobadas por los congresos de Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua. Una batalla de antemano perdida será la defensa de las reformas estructurales que enfrentan serios cuestionamientos sociales. Los retos inmediatos son la selección de candidatos a gobernadores en tres entidades, incluida el Estado de México, en la cual no tendrá ningún problema en, una vez más, solamente obedecer. Pero su gran reto será la elección presidencial del 2018.

EL CRIMEN SI PAGA

Para muestra de la validez de la oración: “Dios mío, no me des, ponme donde hay”, está la fortuna acumulada por un funcionario cuyas responsabilidades, comparadas con las de un mandatario estatal, son mínimas y sus ingresos también deberían serlo. Así quedó de claro en una investigación realizada en Estados Unidos en la cual se reveló que el ex fiscal mexicano Sergio Adame Ochoa acumuló una fortuna personal de 15.8 millones de dólares y recibió por lo menos 6.5 millones de dólares en transferencias directas de la banda de narcotraficantes “Los Piojos” entre 2010 y 2011. Adame fue detenido en Texas el 16 de junio pasado. El juez John Primomo se negó a conceder libertad bajo fianza al ex funcionario, el cual seguirá preso durante el trámite del proceso en su contra por fraude y lavado de dinero.

De acuerdo a la indagatoria, los hermanos Villarreal Arelis, narcotraficantes al servicio de “Los Zetas”, el Cartel del Golfo, y el colombiano Javier Urestigui, aportaron 2 millones de dólares a Adame Ochoa en la primavera de 2010, para pagar el crédito bancario que le había permitido adquirir lotes en la zona residencial de Riverside Plaza en McAllen. Los Villarreal también aportaron 3 millones de dólares a la empresa de Adame, Alan Land, para construir un centro comercial en Riverside, y cerca de 1 millón de dólares para comprar el edificio de Bank of America en el centro de Harlingen, Texas. En el domicilio de Adame fueron encontrados documentos de esas transferencias así como un estado de cuenta que indica que Adame tiene 15.8 millones de dólares en activos financieros.

Adame Ochoa, de 65 años, tiene la doble ciudadanía y según declaró a la Corte, trabajo como fiscal en la PGR durante seis años, otro periodo igual como “agente aduanal” y dos años como director de Inteligencia de la Fiscalía de Jalisco, entre 2013 y 2014. De acuerdo con la Fiscalía General de Estados Unidos, está acusado de lavar cerca de 30 millones de dólares procedentes de “importar, recibir, ocultar, comprar y vender cocaína” en Estados Unidos. También está acusado de fraude para obtener créditos de hasta 1.7 millones de dólares con un banco estadounidense para financiar la compra de una propiedad en la fronteriza ciudad de Mission, en el estado de Texas.

La Fiscalía General de Estados Unidos ordenó la incautación de 12 propiedades ubicadas al sur de Texas y valoradas en 15 millones de dólares. El operativo realizado en San Antonio, Austin y diversas localidades de la frontera, confiscó también 500 mil dólares en efectivo, 20 vehículos, 60 armas de fuego, 30 caballos y maquinaria agrícola valorada en 500 mil dólares. De ser condenado, Adame Ochoa, quien trabajó en la administración del gobernador Jorge Aristóteles Sandoval, y ex colaborador del ex mandatario panista Emilio González Márquez, enfrentaría una pena de 20 años de cárcel por el delito de lavado de dinero.

El ex funcionario llegó a ocupar uno de los puestos de mayor importancia en el resguardo de la seguridad de Jalisco. Al inicio de la gestión del mandatario priísta Jorge Aristóteles Sandoval, fungió como comisionado de Inteligencia y Comunicaciones, cuando Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco era el responsable de la Fiscalía General. Adame Ochoa ingresó al gobierno estatal el 16 de noviembre de 2012 en la administración de Emilio González. Trabajó en el despacho del gobernador como coordinador de Proyectos Especiales, después laboró al interior de la Fiscalía General, hasta el pasado 16 de julio de 2015.

Su salida de la administración estatal ocurrió cuando se desataba el escándalo por las presuntas ligas de su jefe, Luis Carlos Nájera, con la delincuencia organizada en julio del año pasado. Varios medios de comunicación dejaron correr la versión de que Nájera y Emilio González habían protegido al Cártel de Jalisco Nueva Generación y a su líder Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, durante su administración.

DE LOS PASILLOS

Las reformas estructurales no funcionaron porque los precios de la luz y la gasolina subieron en lugar de bajar, acusa Andrés Manuel López Obrador en el nuevo spot de Morena, el cual se trasmitirá por radio y televisión… En su página oficial de Facebook, el presidente nacional de Morena publicó el clip de 30 segundos de duración en el cual critica las reformas estructurales implementadas por el gobierno de Enrique Peña Nieto. “Hay veces que duele tener la razón, si antes todo iba mal, ahora todo ha empeorado. Ahí está el caso de las llamadas reformas estructurales, por ejemplo, ofrecieron que iban a bajar el precio de las gasolinas, de la luz y fue lo contrario, aumentó el precio de las gasolinas, aumenta el precio de la luz. Mintieron”, dice…

Como parte de los acuerdos alcanzados el lunes entre la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y la Secretaría de Gobernación, la madrugada del martes fueron trasladados al estado de Oaxaca los dirigentes de la Sección 22 que se encontraban presos en el Cefereso de Hermosillo, Sonora. Rubén Núñez Ginez, secretario general; Francisco Villalobos, secretario de Organización; Aciel Sibaja Mendoza, secretario de Finanzas; y Heriberto Margariño López, representante regional del Istmo de Tehuantepec, arribaron a la entidad alrededor de las 3:30 horas y fueron recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 13 de Mengolia, municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz.

Lo invitamos a visitar nuestra página www.liliaarellano.com

Esperamos sus comentarios al correo: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.”>Lilia_arellano@yahoo.com; Facebook LiliaArellanoOficial y twitter @Lilia_Arellano1.

COMENTA TAMBIÉN SIN FACEBOOK: