Buscado aquí y por la Interpol desde hace 37 días, César Duarte sigue con la cobija del PRI puesta

Publicado el mayo 6, 2017, Bajo Nacional, Autor LluviadeCafe.


SINEMBARGO
Prófugo de la justicia y buscado incluso por la Policía Internacional (Interpol) desde hace más de un mes, el ex Gobernador de Chihuahua, César Horacio Duarte Jáquez, sigue en las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), cuya Comisión Nacional de Justicia Partidaria lleva ya más de nueve meses sin resolver una solicitud para que se le expulse.

El 28 de marzo, el Gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, lo declaró oficialmente prófugo de la justicia. Hace 37 días.

La petición de cancelar la militancia priísta de Duarte Jáquez fue interpuesta desde el 20 de julio de 2016, cuando también se solicitaron procedimientos similares en contra de los ex mandatarios Javier Duarte de Ochoa, de Veracruz, y de Roberto Borge Angulo, de Quintana Roo.

El primero, también prófugo de la justicia desde el 13 de octubre, había sido expulsado del partido días antes, el 26 de septiembre. En diciembre siguiente, la Comisión resolvió suspenderle sus derechos partidarios a Borge y, ese mismo mes, y después de cuatro años de proceso interno, se expulsó del PRI al ex mandatario tamaulipeco Tomás Yárrington Ruvalcaba, buscado por narcotráfico por el Gobierno de Estados Unidos y detenido el pasado mes de abril en Italia.

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Duarte Jáquez, además de preservar su militancia, como Gobernador de Chihuahua contó con el apoyo de diversos funcionarios de la Secretaría de Hacienda durante el periodo en que ésta fue encabezada por el ex coordinador de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, el hoy Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso.

Desde Hacienda, por ejemplo, el ex Subsecretario Fernando Aportela dijo que “el endeudamiento de Chihuahua se encuentra en niveles adecuados y no representa ninguna problemática en términos macroeconómicos, porque su nivel es sólo del 2.9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) al nivel agregado”.

También desde Hacienda, a través del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS), encabezado entonces por el hoy candidato priísta al Gobierno del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, al hoy prófugo de la justicia se le enviaron cuatro créditos por cuatro mil 285.3 millones de pesos. Y, también desde esta oficina encabezada por Del Mazo Maza –primo de Peña Nieto–, Duarte Jáquez recibió garantías para mejorar sus calificaciones crediticias.

Y, gracias a un contrato con la firma en la que antes trabajaban Videgaray Caso y Aportela (Evercore), Duarte Jáquez tuvo acceso, en total, a once préstamos por 19 mil 725 millones de pesos y que aumentaron casi al doble la deuda pública del estado.

“El Estado de Chihuahua, Evercore Casa de Bolsa (Fiduciario) y Banobras (Garante) realizaron la firma del contrato de Garantía Parcial, Incondicional e Irrevocable con el fin de cubrir cualquier insuficiencia de pago a los acreedores de los créditos que cuentan con esta garantía, incluyendo intereses y montos de principal insolutos (…) Con la contratación de esta garantía a los financiamientos inscritos en el Fideicomiso F/0152, se obtuvo una mejora en sus calificaciones crediticias y por lo tanto una disminución en la sobretasa para el cobro de intereses”, dice un boletín de la calificadora HR Rating, publicado en noviembre de 2015.

Tanto Duarte de Ochoa como Duarte Jáquez y Roberto Borge fueron elogiados por Peña Nieto en 2012. Foto: Cuartoscuro

Los procedimientos de expulsión en contra de los Duarte y Borge fueron una medida impulsada por la corriente interna del PRI denominada Solidaridad y que advirtió que los hechos de corrupción atribuidos a los tres ex mandatarios –que además dejaron las deudas públicas más abultadas del país– fueron causa de las derrotas del tricolor en junio de 2016.

“Constituyen un hecho público y notorio y que influyeron negativamente en las elecciones constitucionales locales en perjuicio de nuestro instituto político”, dice el texto de la demanda.

Consultado en octubre, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, dijo a los medios de comunicación que los procedimientos estarían resueltos antes de que acabara 2016.

Cinco meses después de este plazo, y aun cuando el ex mandatario chihuahuense se encuentra prófugo de la Justicia internacional, el proceso de expulsión en su contra sigue sin avances en la Comisión Nacional de Justicia Partidaria.

“La Comisión Nacional de Justicia Partidaria es el órgano que encabeza al PRI para rendir cuentas en un proceso democrático y moderno hacia sus militantes y dirigentes”, dijo Ochoa Reza en abril pasado, cuestionado por el tiempo que transcurrió para la expulsión de Yárrington y por la permanencia de Duarte Jáquez.

“Seguirán analizándose cada uno de los casos. No podría yo, como presidente nacional del PRI, predecir qué debe de decidir la Comisión Nacional de Justicia Partidaria, pero sí el compromiso muy puntual de que se seguirá estudiando y analizando cada uno de los casos, y una vez que se llegue a una conclusión, como han sido los casos anteriores en Veracruz, en Quintana Roo y en Tamaulipas, se harán de conocimiento público”, agregó entonces el dirigente nacional.

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Tanto Duarte de Ochoa como Duarte Jáquez y Roberto Borge fueron elogiados en mayo de 2012 por el entonces candidato Enrique Peña Nieto, que los mencionó como ejemplo del proceso de “renovación interior” que vivía el PRI.

“Tú observas hoy los gobernadores de la gran mayoría de las entidades son jóvenes o actores de la nueva generación política: el Gobernador de Quintana Roo, Beto Borge; el Gobernador de Veracruz, Javier Duarte; César Duarte, Gobernador de Chihuahua…”, dijo Peña Nieto en mayo de 2012, cuando, en una entrevista de televisión, se le pidió poner “nombres” a su afirmación de que el partido se estaba renovando.

Cuatro años después, sin embargo, los estados gobernados por estos priístas fueron identificados como los más endeudados de México; grupo en el que también se encuentra el Estado de Coahuila, cuyo ex Gobernador y ex dirigente nacional priísta –y también acusado penalmente–, Humberto Moreira Valdés, perdió su militancia el 26 de abril pasado, pero por haberse postulado como candidato a diputado local por otro partido.

Diversas fuentes han coincidido en que la explicación de la impunidad de la que han gozado estos ex mandatarios, así como de los abusos de poder que se les atribuyen, está en el apoyo que habrían dado al hoy Presidente Enrique Peña Nieto desde su campaña por la recuperación del Poder Ejecutivo en 2012.

“Un grupo de priístas, empezando por quien era presidente nacional del partido entonces, Humberto Moreira Valdés; siguiendo con el Gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge; Javier Duarte, de Veracruz; César Duarte, de Chihuahua, aparentemente hicieron un compromiso económico que ahora limita al Presidente para combatir la corrupción”, informó una fuente del PRI en 2016, luego de las derrotas electorales.

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