Elecciones: sociedad contra gobierno – Estado de los ESTADOS: Columna de @Lilia_Arellano1

Publicado el mayo 25, 2017, Bajo Columna de opinión, Autor MonaLisa.

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Lilia Arellano – http://www.liliaarellano.com/
Jueves 25 mayo 2017 – Estado de los ESTADOS.

“La elección es de la sociedad y por tanto no puede ser un asunto cerrado”: Luis Donaldo Colosio

Elecciones: sociedad contra gobierno
EPN: terca, realidad lo refuta otra vez
Peñagate: opera espionaje a activistas
Metamorfosis hacia Estado totalitario
Edomex, Coahuila, Nayarit, Veracruz
Quintana Roo: adiós edenes y paraísos

Ciudad de México, 25 de mayo de 2017.- Es en varios sectores en donde puede percibirse el contrasentido y no sólo marcado entre lo que se dice y lo real, sino también en las decisiones de última hora, producto de los discursos de las cuales no se obtiene nada, ni bueno ni malo, sino todo lo contrario. Podríamos iniciar con la felicidad mostrada en el rostro de EPN al informar lo bien manejado de las finanzas, el éxito económico del país, las alabanzas lanzadas por el FMI. Lo anterior contrasta con la realidad y deja claramente visto el alcance de la mala información entregada al Ejecutivo federal –por hacer menos patente las mentiras vertidas-. No puede hablarse de triunfos económicos si, al mismo tiempo, se anuncia la aprobación de otro crédito multimillonario en dólares y las lisonjas se refieren a pagos puntuales de una deuda externa duplicada en cuatro años, billonaria, equivalente al 50 por ciento del Producto Interno Bruto.

El mexiquense se siente, probablemente, un buen presidente, sin embargo es imposible lograr sea ésta la calificación de la población cuando se cubre el gasto corriente con préstamos y se exigen comisiones a todo tipo de inversionistas, lo cual no incluye los moches por agilizar trámites y renglones de aportación monetaria del gobierno. La realidad refleja aumentan las cifras de desempleados, se derrumba el poder adquisitivo, permiten el manejo abusivo de la banca, se abastecen las arcas con los cobros exagerados del consumo energético, se niegan apoyos al campo y lo convierten en tierra para rentar o sembrar estupefacientes; el número de ejecutados, asesinados, desaparecidos, secuestrados, asaltados también crece cada 24 horas. Con estos registros y el incremento de la deuda bastaría y sobraría, en cualquier otro país, para manifestar el rechazo ciudadano.

Sin embargo, en nuestro país son pocas, escasas, las voces que se levantan en protesta y de ellas un número menor las escuchadas y de éstas ninguna atendida aunque si silenciada de infame manera. Se dedica mucho tiempo y dinero para hablar del Estado de Derecho, cuando tantas abdicaciones ya nos dejaron sin Estado, por lo tanto, del Derecho ya ni hablamos. Se presumió el respeto a las libertades y se instalan mesas dizque para elaborar estrategias y leyes en favor de la seguridad de informadores, periodistas, analistas, pero lo real se refleja en otro secuestro, el del propietario de un canal de TV michoacano. Dicen aplicar un nuevo sistema penal sin lograr la capacitación total de la cadena de aplicación necesaria. Eso sí, la danza de cifras dedicadas a esta tarea va y viene integrada por miles de millones de pesos.

Así, mientras por un lado recorren el país hablando de la recuperación de la seguridad, sus antes presentadas como estrategias sin posibilidad de error como el mando mixto policial, están en la orilla de la tumba. Pese a estar ya en la congeladora legislativa, se empeñan en afirmar se mantienen los instrumentos para trabajar en la seguridad y señalan la pretensión de transferir y certificar el uso de recursos entregados a los 2 mil 500 municipios. El jaloneo se centra en quien debe manejar el dinero destinado a las policías integradas en un mando único. Al no llegar a ningún acuerdo en este tema lo más probable es no se alcancen consensos para la muy discutida mediáticamente Ley de Seguridad Interior.

SOCIEDAD AMENAZADA

Cuando salen a la luz pública la serie de errores cometidos por los gobiernos, la reacción es lanzar culpas a diestra y siniestra, responsabilizar a terceros, eludir señalamientos y mostrar la elaboración de más estrategias apoyadas por nuevas leyes. Lo más reciente lo tenemos en el trato al asunto de los chupaductos de combustible. La responsabilidad de vigilarlos es del gobierno, no de la sociedad y tampoco de los concesionarios de estaciones de servicio. Todo apunta a intentar remediar el ilícito, terminar con el negocio en el cual los funcionarios son los enriquecidos, cerrar esta complicidad con el objetivo de entregarlos a la iniciativa privada extranjera. Se ha condicionado la participación a garantizar seguridad total en estas instalaciones. Esa y no otra es la razón del “descubrimiento” y una fingida puesta en marcha supervisión.

Quienes tienen una buena parte de pruebas para presentar la verdad sobre formas, complicidades, mercado de las gasolinas extraídas de los ductos, seguramente están entre el personal de transporte y tal vez en las gasolineras. Por lo tanto, deben surgir las amenazas necesarias a fin de garantizar el silencio. Renato Sales, comisionado nacional de seguridad –así, con minúsculas ante la insatisfactoria e inútil presencia-, anunció la investigación a empresarios por vender más combustibles del que le compran a Pemex. ¿Ahí está el grueso de la suma mencionada por la petrolera como pérdida por las extracciones? Lo seguro es, no. Son visibles los puestos instalados en las carreteras –no se ha mencionado autopistas- con venta de combustible. ¿Ahí reciben miles de millones de pesos? El engaño y las amenazas por delante ante la incapacidad para cuidar hasta lo inamovible.

Con versiones advirtiendo peligro, despiertan el miedo a la sociedad y, por tanto, la paralizan. Ante la cercanía del proceso electoral en el cual se disputará no solamente el triunfo sino el establecimiento de un nuevo orden para el país o el hundimiento total y la cancelación de desarrollo con otra década perdida, ya iniciaron su terrorista labor. Críticas a la contaminación en la capital de la República surgen del gobierno federal eludiendo la responsabilidad que tienen para coordinar acciones con los estados que conforman el Valle, los colindantes, haciendo patente lo inútil de otra Secretaria: la de protección al Medio Ambiente. No conformes distribuyeron la explosión vista a través de las redes y relacionada con el apagón del martes anterior para, horas después, desmentirla generando la esperada duda.

ESTADO CUASI TOTALITARIO

A 10 días de las elecciones para gobernador en el Estado de México, Coahuila y Nayarit, y para presidencias municipales en Veracruz, dos cuestiones se comprobarán: la eficiencia de la maquinaria oficial para acarrear votantes a las urnas junto con la complicidad de las autoridades federales con el grupo en el poder para concretar e imponer fraudes electorales; y el nivel de pérdida de apoyo popular al gobierno federal priísta de Enrique Peña Nieto y a los mandatos estatales emergidos del Revolucionario Institucional. Sociedad contra gobierno parece ser la cartelera que tendremos el próximo 4 de junio, mientras se acumulan evidencias del espionaje ilegal y desproporcionado operado por el gobierno federal contra sus ciudadanos en general y organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos civiles, en específico.

Enrique Peña Nieto es un mandatario surgido de un proceso electoral y, en teoría, es un presidente demócrata. Pero al recorrer más de dos terceras partes del periodo de su administración su gestión evolucionó hasta aproximarse a un estado totalitario, con la bota militar incluida y operada contra grupos civiles y de autodefensa, en donde un grupo político, con la complicidad de sus satélites partidistas en el Congreso, ejerce el poder sin ningún contrapeso, ni limitaciones asociadas a ciertos derechos civiles. El Poder Judicial también se observa alineado a sus fines.

A través de la corrupción de líderes partidistas del PAN y el PRD, cada día más evidente, el equipo Atlacomulco y los grupos económicos y financieros nacionales y extranjeros, impusieron en la ley sus ideas, criterios y doctrinas sin contrapeso de otras instituciones o grupos sociales. El Estado acapara absolutamente todas las competencias de gobierno, sin la participación de la ciudadanía y son suprimidos y minimizados los derechos individuales. Las libertades han sido restringidas y no existe una verdadera libertad de opinión, pues está es avasallada por una avalancha informativas desde los medios de comunicación afines.

El peñanietismo ha modificado a placer normas, leyes y reglas escritas a su conveniencia y la de los grupos económicos que lo respaldan. El Estado de derecho ha sido anulado al cambiarse arbitrariamente las normas y dejar sin efecto las garantías que presuntamente debería proporcionar a la democracia. Con un Congreso mayoriteado y “maiceado” y un Poder Judicial $ometido, no hay contrapesos constitucionales al poder presidencial. No hay quien salvaguarde los derechos individuales y la justicia no se aplica, simplemente no existe. Sólo se ejerce en función de los fines del grupo en el poder.

PEÑAGATE: SOCIEDAD ROMPE CON EPN

Por esas razones, entre otras, en las cuales destaca la corrupción y la impunidad, la sociedad civil le dio la espalda a Peña Nieto y a su administración; perdió definitivamente la confianza en las autoridades del Estado. Un ejemplo destacado de ello es la decisión tomada por una decena de organizaciones civiles, quienes el martes rompieron públicamente con la administración federal en la Alianza para el Gobierno, iniciativa impulsada desde la Organización de Naciones Unidas en 2011, y que en teoría debería velar por la transparencia gubernamental, la rendición de cuentas por parte del gobierno y la participación ciudadana para combatir la corrupción.

Es sumamente grave que en lugar de apoyar su gobierno en la sociedad civil organizada, la administración federal actual emprendió un escrupuloso espionaje en contra de los defensores de derechos ciudadanos. Y no se paró ahí: también se ejecutó ilícitos como el robo de discos duros de la Oficina de Causa Común, liderada por María Elena Morera; y el allanamiento de la casa de Genaro Lozano, columnista de Reforma. Desde el pasado mes de febrero, las organizaciones de la sociedad civil exigieron que la Fundación Pública y el INAI aclararan dicho espionaje revelado por la agrupación canadiense Citizen Lab contra tres defensores mexicanos: Simón Barquera, del Instituto Nacional de Salud Pública; Alejandro Calviño del Poder del Consumidor; y Luis Encarnación de la Coalición ContraPESO.

De acuerdo a la investigación de Citizen Lab, el gobierno mexicano utilizó la solución Pegasus de la firma israelí NSO Group, para espiar a los activistas. A través de mensajes cortos (SMS), señuelos sobre accidentes y muerte de familiares, supuestas pruebas sobre infidelidades y noticias falsas, el gobierno mexicano implantó software malicioso e intervino los dispositivos de científicos y promotores del impuesto a las bebidas azucaradas, con fines de espionaje. También desde el 2016, Citizen Lab evidenció que el periodista Rafael Cabrera fue víctima de vigilancia electrónica tras la publicación del reportaje de la Casa Blanca de Peña Nieto en el 2014, en el cual participó. Fue blanco de ataques de malware, los cuales buscaban infectar su teléfono celular a través de SMS para intervenir sus comunicaciones.

De los ocho naciones fundadores de la Alianza para el Gobierno, en México se da el primer caso en que la sociedad civil rompe con los trabajos por perder la confianza en las autoridades del Estado. En nuestro país se percibe un escenario de acoso en contra de organizaciones civiles, incluso de autoridades como el SAT, denunció Juan Pardinas, del Instituto Mexicano para la Competitividad. Las evidencias que apuntan a una mayor vigilancia de ciudadanos activistas por parte del gobierno mexicano, a través de herramientas tecnológicas de uso exclusivo oficial, se acumulan. Es “un modus operandi del gobierno; hay muchísimos (casos) que no sabíamos que había. En el espionaje hay una carrera tecnológica muy sofisticada y muy desbalanceada”, advirtió Juan Manuel Casanueva, director de SocialITIC, quien adelantó documentan más casos.

Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) y Social ITIC son las organizaciones civiles quienes reunieron las evidencias sobre el espionaje electrónico de los activistas para ser analizadas en colaboración con el Citizen Lab. Éstas ya se encuentran en proceso de investigación. Casanueva anunció se presentará un informe donde se documentarán los nuevos casos de espionaje, los cuales se tratan de vigilancia dirigida “porque es compra de licencias de malware para atacar blancos, y que son difíciles de detectar por un antivirus normal”. El motivo central que orilló al Núcleo de Organizaciones de la Sociedad Civil integrantes del Secretariado Técnico Tripartita (STT) de la Alianza para el Gobierno Abierto a retirarse del proceso de colaboración con el gobierno mexicano, fue precisamente el espionaje electrónico estatal sin control sobre activistas y periodistas, así como el silencio e inacción ante las exigencias de una investigación por parte de las autoridades.

Los hallazgos de febrero son sólo la punta del iceberg de las prácticas de vigilancia electrónica ilegal y desproporcionada del gobierno en contra de la sociedad civil, de acuerdo a los expertos. La administración federal de México es un gran comprador de software de alta tecnología para espionaje y vigilancia dirigida y es uno de los principales clientes de la empresa Hacking Team, productora de herramientas para el espionaje electrónico, de acuerdos a documentos filtrados en WikiLeaks. Por ejemplo, entidades como la Procuraduría General de la República (PGR) adquirieron herramientas de NSO Group taras pagar 15 millones de dólares.

Tras una investigación, la organización civil R3D encontró que sólo en el 8.73 por ciento de las averiguaciones previas en las que se ha utilizado alguna medida de vigilancia entre el 2013 y el 2015 se ha ejercido acción penal. Más del 90 por ciento de las personas que fueron objeto de vigilancia con fines de investigación penal no han sido acusadas de ningún delito ante un juez.

EDOMEX, COAHUILA Y NAYARIT

El próximo 4 de junio la sociedad enfrentará a la maquinaria priísta oficial en las urnas en el Estado de México, Coahuila y Nayarit, donde se renovarán las gubernaturas, y en Veracruz, cuando se realice la renovación de presidencias municipales. Todo el peso del dinero público, federal y estatales, así como financiamientos impronunciables, parecerían estar de lado del priísmo oficial y sus satélites en estos comicios, pero la organización ciudadana y su hartazgo está complicando mucho la operación de un monumental fraude ejecutado desde la residencia oficial de Los Pinos.

Han creado y mantienen “monstruosos” aparatos de vigilancia y control electoral y se empeñan en seguir comprando votos, en dilapidar millonarias sumas en propaganda, realizan promesas de apoyo económico si se alcanza el poder. Hablan de un objetivo y se dedican, se esfuerzan en hacer todo al revés. Con pruebas debidamente recabadas se presentan denuncias en contra de empresarios beneficiados con el respaldo de los gobiernos estatales y federal ante las autoridades y la respuesta no es una investigación y el castigo merecido ante los abusos expuestos en la documentación entregada y de los cuales son víctimas millones de ciudadanos, sino la aceptación de una contrademanda con todo y la exhibición mundial de practicar actos inaceptables en otros países.

Un ejemplo de lo anterior se encuentra en las actividades de OHL, constructora a cuyo cargo estuvo el Circuito Exterior Mexiquense y el Viaducto Bicentenario, obras prácticamente asignadas directamente bajo el esquema de amañada licitación. A la denuncia presentada por la organización política denominada “Ahora” a cargo de Emilio Álvarez Icaza, se unieron legisladores panistas con la exigencia a la PGR de abrir seriamente una investigación en contra de la empresa española y la forma en la cual obtuvieron recursos y aprobaciones por parte del gobierno mexiquense de bandera tricolor. Solamente este ejemplo tira por la borda cualquier intención, de las muchas manifestadas verbalmente, de terminar con la corrupción y la impunidad.

En el terruño de Peña Nieto se acumulan las denuncias por los ilícitos cometidos abierta y cínicamente por el gobierno federal y el estatal de Eruviel Ávila para salvar el pellejo del primazo del presidente, Alfredo del Mazo Maza. El representante de Morena ante el INE, Horacio Duarte, presentó otra queja por el reparto de tarjetas “Salario Rosa” con las cuales promotores del PRI pretenden coaccionar el voto con la promesa de depósitos de dinero, una vez, dicen, triunfe Del Mazo. Las tarjetas son repartidas a cambio de que las beneficiarias entreguen una copia de su credencial de elector. Junto a ellas, reciben un tríptico en el cual se comprometen otros apoyos como canastas alimenticias, becas, incentivos económicos, financiamiento a proyectos productivos, lentes, zapatos escolares y laptos, apoyos adicionales para adultos mayores. Esa estrategia de campaña es un engaño a las clases más necesitadas pues las tarjetas no cuentan con códigos de seguridad ni folio alguno. Los plásticos que han sido repartidos en diversos municipios mexiquense tampoco tiene chip ni banda magnética.

Dentro de la maquinación para el triunfo del PRI, el PRD y el PAN juegan un papel fundamental. Juan Zepeda, candidato perredista al gobierno mexiquense, no sólo se negó a declinar a favor de Delfina Gómez Álvarez, abanderada de Morena y quien encabeza holgadamente las encuestas sobre intención del voto, sino que se ha concentrado en atacar a Andrés Manuel López Obrador. En sus últimos eventos, azuza a sus simpatizantes en contra del líder nacional del Movimiento Regeneración Nacional (Morena). Ante su actitud, AMLO llamó a los perredistas a desobedecer a su dirigencia y votar por Morena. Precisamente en Nezahualcóyotl, el político tabasqueño hizo un llamado a los militantes y simpatizantes del PT, MC, PAN y PRD para “unirnos en contra de la mafia” en el poder”.

Los panistas centran sus esfuerzos en alcanzar el triunfo en Coahuila y Nayarit. Del Estado de México ya se olvidaron y dejaron, otra vez, sola a Josefina Vázquez Mota, en quien ya no confían ni sus familiares cercanos.

En la tierra de los tristemente famosos Moreira, el PAN centró su estrategia en la denuncia de la corrupción de los mandatos priístas. El candidato de Acción Nacional a la gubernatura coahuilense, Guillermo Anaya, reiteró sus acusaciones en contra de Miguel Riquelme, abanderado del PRI a la gubernatura estatal, de otorgar contratos de obra pública por más de 180 millones de pesos a empresas creadas por sus colaboradores durante su gestión como alcalde de Torreón.

Y en Nayarit, el gobernador Roberto Sandoval no siente lo duro sino lo tupido y se concentra ya no en ganar la elección sino en no terminar con sus huesos tras las rejas. La dirigencia nacional del PRD lo acusó ahora de obstruir las investigaciones en su contra por presuntos delitos electorales. Beatriz Mójica, secretaria general del Sol Azteca, reportó que la administración de Sandoval promovió un amparo contra las investigaciones que realiza la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade). Ese amparo, dijo, es una burla a la autoridad y a la ciudadanía, por lo cual llamó al Poder Judicial de la Federación a no aceptar este tipo de recursos legales.

ADIÓS EDENES Y PARAÍSOS

Lo políticamente correcto es el aplauso, la lisonja, los calificativos favorables con los cuales se resaltan acciones y pronunciamientos, sin evitar la palmada en la espalda, la sonrisa y el movimiento de cabeza en señal de gran aprobación, la fingida sonrisa. Prohibido reunirse para abordar problemas o denuncias, nada que empañe momentos triunfalistas. Así se vivió en Cancún el evento al cual asistió el titular del Ejecutivo federal. Ninguna información se proporcionó sobre ese cacareado halo protector al medio ambiente recientemente festejado. No se atrevieron a decirle, a narrarle, el grado de devastación del suelo marino y mucho menos del daño al ecosistema con proyectos como el de Tajamar. Tampoco se reclama la lentitud de la PGR. Debe el jerarca estatal brindar al nacional reverencias, es un dedo elector cuyo índice puede inclinarse por la familia.

Se dijo, en otra reunión, Quintana Roo está debidamente preparada para enfrentar cualquier desastre. Hasta el año pasado así ha quedado demostrado y, según versiones oficiales, sin contar con el famoso Atlas de Riesgo por el cual, aseguran los de hoy, pagaron una millonada y nadie lo encuentra. Se ha tomado en cuenta el lugar de origen de quienes han logrado sortear sin registro de víctimas mortales los embates de la naturaleza. Cozumeleños y chetumaleños han sobrevivido desde hace Siglos a huracanes, tormentas tropicales, etcétera, por lo tanto saben, conocen, tienen experiencia en buscar y lograr sobrevivencia. Con cinco anunciados fenómenos en puerta, Carlos Joaquín González habrá de demostrar en breve la existencia real de algún interés por el bienestar de los quintanarroenses y obviamente por su seguridad y, para lograrlo, ya contará con un Atlas de Riesgo bueno.

Hubo gira el miércoles en Benito Juárez, Cancún, con los eventos mencionados a los cuales se agrega la entrega de Playa Tortugas para el uso y disfrute de los ciudadanos cancunenses y huéspedes de hoteles sin playa. Casi tres años le llevó a Fonatur decidir el destino de este lugar una vez fuera recuperado. Se negó a entregarlo al gobierno estatal o al municipal. Se decidieron por los hoteleros, sin llevar a cabo ninguna consulta, como determinan muchas de sus acciones y de ellas se desprende, entre otras, mandarles el recibo de aportación para instalar señalamientos y anuncios en la Zona Hotelera fabricados por una empresa ya seleccionada y a la cual le han entregado diseños y puntos de ubicación. Nadie ha sido informado de estas intenciones, como tampoco lo fueron los ciudadanos de las ventas y autorizaciones para devastar Tajamar.

Ese manejo de las autoridades federales y de las estatales se refleja en los errores cometidos por las municipales a sabiendas de gobernar en los pueblos nopasanada. Resultaron fuera de toda responsabilidad los jerarcas de la policía benitojuarense. Quienes han sido despedidos y están siendo sujetos de investigación son los policías, una veintena de ellos. O sea, habrán de aplicarse medidas correctivas a quienes no portaban chalecos protectores, tampoco cuentan con adiestramiento para el manejo de armas, es más ni las tienen; carecen hasta de un megáfono desde el cual, sin exponerse físicamente pueden hacer llamados a la población irritada; manejan una patrulla y andar en ella les significa entregar una cuota diario de miles de pesos; no tienen el respaldo de los centros con tecnología que tanto han presumido para, por lo menos, contar con información sobre llamados como el lanzado a través de las redes y supuestamente causante de la presencia de una turba. Si a lo anterior le agregamos la recepción de salarios al estilo Wallmart y la certeza de contar con un seguro de vida no cubierto y de apenas sí 80 mil pesos con los cuales no lograrán sobrevivir sus familiares, ¿qué tanto puede reclamarse? Y habrá de buscarse permanecer muy pendientes porque a la seguridad de Remberto Estrada no le acercan ni una torta y las jornadas no son las legalmente aceptadas.

Los del INM tampoco tienen ninguna responsabilidad. El director de control y verificación, Mario Madrazo, se presentó como escudo para el comisionado del Instituto, Ardelio Vargas Fosado, y se sacó de la manga una historia casi leyenda sobre el ruso Aleksei Makeev, con la cual ha pretendido mostrar se cumple con todas las revisiones y entregas de visas. Nada de eso ha tenido efecto en Cancún. La delegación a cargo de Mauricio Saad Viveros carece de supervisión por parte de Seguismundo Doguin Garay y es vista como ejemplo de gran corrupción; concentra la trata, sirve para oficializar el paso de migrantes hacia EU y las instalaciones en la frontera Sur son infrahumanas, consideradas como un centro de asalto y violaciones. El autor de la roqueseñal, funcionario ahora en Gobernación como encargado de Población, Migración y Asuntos Religiosos, asegura será juzgado en México este sujeto. El consulado ruso en el lugar simple y sencillamente se lava las manos. Se nota el quiebre del hilo por lo más delgado: uniformados de a pie y sin respeto alguno, un luto familiar.

Como cereza para el pastel aparecen las alertas sobre reacciones por la apatía para resolver los asuntos relacionados con el transporte público y la cercanía de la fecha en la cual se sabrá quién sí y quién no ocupará la Auditoría estatal. Es muy probable en el primer caso se intente llevar a cabo una copia de la reglamentación que decida presentar para legalizar la entrada de Uber el gobierno vecino, el de Yucatán. Está por verse la acepten aquí y allá.

DE LOS PASILLOS

Juan Manuel Portal, auditor superior, dio al clavo al señalar el burocratismo y el rezago reinante en la PGR. Aunque haremos de agregar un par de renglones: complicidad y obediencia por encima de la Ley. Todo ello bien puede relacionarse en un primer término a los ex mandatarios considerados como prófugos y, aunque son lo más visto y señalado mediáticamente, porque los de la ASF han presentado 700 denuncias durante el último trienio y de ellas solamente han resuelto 30. Ni siquiera sacan a tiempo ordenes de aprehensión y, por lo tanto, fomentan “la fuga”…

Presentaron 46 diarios de todo el país un desplegado con el encabezado: “BASTA YA”. Demandan: “Que la manifestación de las ideas no sea objeto de ninguna inquisición, es un principio irrenunciable de la libertad de expresión y del ejercicio periodístico. Hoy en México la impunidad, la corrupción y, en especial, el crimen organizado han puesto en riesgo una labor fundamental para la sociedad. Como profesionales de la información, denunciamos la ofensiva asesina que han padecido miembros de nuestra comunidad en el ejercicio de su tarea de investigar y difundir las actividades de la criminalidad, entre estas, la narcodelincuencia en México. Unidos como una sola voz, convocaremos en breve a una serie de foros en los que se acordarán las medidas para enfrentar las amenazas y ataques a la labor periodística. Que el derecho a la información sea garantizado por el Estado es otro principio sobre la libertad de expresión en nuestro país que hoy más que nunca exigimos, por la seguridad de los periodistas mexicanos, de todo aquel que ejerce el periodismo en México y por el bien de la sociedad”…

El verdadero peine del TLCAN empezó a mostrarse. De las pretensiones de hacerse gallitos frente a los dictados de EU, los negociadores dieron el paso real, el de reconocer no habrá un renglón fácil, menos aún si se carece de objetivos claros, de los marcados por arrojar beneficios para quienes aceptan firmar en nombre de sus países y se supone, con ello, verán incrementada su productividad. Luis Videgaray e Idelfonso Guajardo, titulares de Relaciones Exteriores y Economía, respectivamente, insisten en dejar claro México no ha sido el único beneficiado, tanto Canadá como EU también suman renglones favorables. La pregunta: ¿México beneficiado cuando, a partir de esa firma se inició la ruta de reversa? También discutirán otros renglones no incluidos en el primer Tratado: comercio electrónico, telecomunicaciones, propiedad intelectual, derechos laborales y ambientales, en estos temas más vale “Dios nos agarre confesados” y, para cerrar la pinza, está el tema político, el relacionado con la proximidad electoral, tiempo negado para negociar, dicen…

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