Con EPN, el criminal no es el que mata sino el que protesta; y hay que espiarlo, silenciarlo: Vidulfo

Publicado el junio 24, 2017, Bajo Derechos Humanos, Autor LluviadeCafe.


SINEMBARGO
Ataques, amenazas, hostigamiento y hasta espionaje. Ese es el precio por defender los derechos humanos en México, dice el abogado indígena Vidulfo Rosales Sierra, quien ha encabezado una lucha que trasciende ya los últimos tres sexenios: el de Vicente Fox Quesada, el de Felipe Calderón Hinojosa y, actualmente, el de Enrique Peña Nieto.

De acuerdo con el actual defensor legal de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, de los tres últimos mandatarios del país es el Presidente Peña Nieto quien ha redoblado la mano dura contra sus críticos.

En entrevista para SinEmbargo, acusó que durante la administración peñista se han intensificado las expresiones de violencia y desprestigio hacia los críticos del Estado.

En abril del año pasado, recordó, se desató una campaña de desprestigio contra el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (GIEI-CIDH) encargados de investigar el caso de los 43, ccon el fin de terminar con su legitimidad y prestigio.

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Al mes siguiente fueron filtradas dos supuestas llamadas que involucraron al abogado Rosales Sierra con una mujer, y al padre de uno de los jóvenes desaparecidos.

En una de ellas, Vidulfo platica con una mujer y llama “piojosos” a los padres de los normalistas de Ayotzinapa. No obstante, aclaró, fueron un conjunto de llamadas que realizó diferentes tiempos con familiares, compañeros y amigos, y que finalmente fueron “pegadas” para dañarlo.

“Fueron pegando un conjunto de llamadas que se hicieron en otros contextos y en otros momentos de manera distinta, se pegaron y salió eso como si fuera una sola conversación”, explicó en entrevista con SinEmbargo.
En otra filtración, Mario César González Contreras, padre de unos de los normalistas, se sugieren nexos con el crimen organizado. La conversación giraba en torno a 200 mil pesos que supuestamente envió el grupo delictivo “Guerreros Unidos” a los padres de los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, pero que los recursos nunca habían llegado.

En ese caso, Vidulfo Rosales aclaró que la charla fue sacada de contexto, ya que el dinero al que hacían referencia obedecía a una donación que habría realizado el sindicato del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

“Algunos padres decían que no [hubo tal donación] y otros que sí, y no se sabía qué había pasado con los recursos […] Estábamos en un proceso de esclarecimiento dentro de la asamblea de padres, ese fue el caso”, comentó.

Además, el defensor indígena narró que después de la “verdad histórica” del ex titular de la Procuraduría General de la República (PGR), el priista Jesús Murillo Karam –con la que el Gobierno federal concluyó que los 43 normalistas fueron asesinados y sus cuerpos calcinados en el basurero de Cocula, además que sus cenizas fueron esparcidas en el río San Juan–, las amenazas de muerte estuvieron a la orden del día.

“Durante ese tiempo, cada cinco días recibía una amenaza vía telefónica, por mensajes de texto que muchas fueron soslayadas, ignoradas de mi parte, y no por todas puse denuncia. En el estado de Guerrero tengo interpuestas tres denuncias por amenazas que sí me preocuparon. Ha sido muy duro para mí este sexenio de Enrique Peña Nieto. Es como si se tratara de un Estado delincuencial, un Estado que acude a mecanismos sucios, a mecanismos ilegales para que tu desistas de la crítica, para que desistas de los señalamientos”, lamentó.
El defensor aseguró que tras un análisis con compañeros del Centro de Derechos Humanos de la Montaña (CDHM) Tlachinollan, de donde es miembro, concluyeron que las filtraciones de las llamadas quedó de manifiesto que al menos durante un año anterior su teléfono móvil estuvo intervenido. ¿Quién era el sospechoso de esa vigilancia? El propio Estado.

“En este país ningún grupo, ni la delincuencia organizada ni ninguna organización criminal tiene esa tecnología. El único que tiene esa tecnología para hacer ese tipo de intervenciones es el Gobierno […] y lo está haciendo con recursos públicos. La finalidad de esas intervenciones es la lucha contra el crimen organizado, pero se ha utilizado contra los defensores, menos contra los criminales”, recriminó.

Hoy, dijo, está seguro que su aparato telefónico continúa intervenido.

“Cuando hago mis llamadas escucho situaciones raras: ecos, sonidos, teclados y justamente cuando hablamos temas que tienen que ver con el caso de los 43, y que tienen relación con las normales rurales”, comentó.

Vidulfo Rosales Sierra, abogado de los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, considera que hay una mancuerna entre criminales y autoridades. Foto: Cri Rodríguez, SinEmbargoMx.

LA DEFENSA DE LOS INDÍGENAS

Vidulfo Rosales ha defendido lo kismo los derechos humanos de indígenas esterilizados por autoridades de salud, que a mujeres violadas por el Ejército mexicano.

Entre 1998 y 1999, durante el la administración de Ernesto Zedillo Ponce de León, 13 indígenas fueron esterilizados por autoridades de salud en la comunidad del Camalote, en el municipio guerrerense de Ayutla. Los funcionarios persuadieron a los jóvenes, de entre 27 y 32 años, para que aceptaran someterse a una vasectomía. Para convencerlos, contó Vidulfo, les prometieron múltiples beneficios: construcción de centros de atención médica, escuelas, despensas y apoyos económicos. Pero nada de eso llegó.

Pasaron los años y en 2004 algunas víctimas de la esterilización forzada, como se refiere a ella Vidulfo, comenzaron a presentar problemas de salud que se manifestaron con cansancio excesivo. Al ver la indiferencia por parte de las autoridades que no cumplieron con lo prometido, decidieron pedir apoyo en el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y el caso fue tomado por el hoy abogado de los padres de los 43 normalistas.

“Básicamente ellos acudieron porque no habían recibido los apoyos que les habían prometido, y no tanto por la preocupación de esta violación a los derechos humanos”, dijo. El abogado comenzó a trabajar en el tema y logró conseguir que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) estableciera que existió violación en la Norma Oficial Mexicana para obtener el consentimiento previo e informado, por lo tanto, destaco, “hubo violación grave a los derechos humanos”.
Además, el organismo emitió una recomendación para invitar al Gobierno de Guerrero a indemnizar a cada varón con 500 mil pesos, pero hasta hoy no se ha acatado.

Otra de las luchas en las que Vidulfo tuvo participación fue La Parota, un proyecto hidroeléctrico del Gobierno de VicenteFox, que según el abogado pudo afectar a 25 mil comuneros directamente, además de otros 75 mil de manera indirecta e implicaría la inundación de 17 mil hectáreas de selva, a 30 kilómetros de Acapulco, Guerrero.

Rosales aseguró que gracias a la oposición de los pueblos y a la evidencia de que el proyecto era ilegal, fue suspendido. Sin embargo, aseguró, cada año –al menos hasta 2016– en el presupuesto de la Federación hay una partida de recursos para la presa.

“Incluso hicimos trabajo en la Cámara de Diputados para destinar ese dinero a temas de vivienda y salud, por ejemplo […] El ejercicio del mismo [presupuesto] no sabemos quién lo está llevando a cabo, cómo se está ejecutando, esa falta de transparencia es la única parte que está pendiente, pero en suma el proyecto está suspendido”, expresó.

El asunto de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, dos indígenas violadas y torturadas por elementos del Ejército Mexicano en 2002, también estuvo en sus manos.

En octubre de 2010, durante la administración de Felipe Calderón, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) notificó dos sentencias contra el Estado Mexicano por dichos casos, pues determinó que ambas mujeres indígenas del pueblo me’phaa habían sido abusadas sexualmente y torturadas por elementos del Ejército Mexicano en diferentes momentos.

“La Corte Interamericana establece que hay un patrón de militarización en el estado de Guerrero, de violencia institucional. Hace un análisis de que desde los años sesentas ese fenómeno de la militarización se viene dando. Las fuerzas armadas, al no tener un marco legal, al no ser tareas propias que ellos deban realizar, han venido violando los derechos humanos de manera reiterada a la población”, destacó.

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Para 2011, Vidulfo defendió estudiantes que al exigir mejores condiciones en Escuela Normal la Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, fueron baleados, torturados y asesinados. Hace seis años, policías federales y estatales hirieron de muerte a dos de ellos durante el desalojo de un grupo de alumnos del plantel, quienes bloqueaban la Autopista del Sol México-Acapulco, a la altura de Chilpancingo.

“El Gobierno ha provocado en los medios de comunicación, en especial los oficiales, la idea de generar una estigmatización contra el que grita, contra el que denuncia, contra el que se inconforma y contra el que sale hoy a las calles a manifestar esa inconformidad, pues hoy en día es el delincuente, es al que hay que atacar, es al que hay que llevar a la cárcel, es al que hay que silenciar y ahí estamos periodistas y defensores que llevamos esta voz crítica de una realidad lacerante para México”, dijo.
Las autoridades, agregó, proyectan en los medios de comunicación que es más criminal quien bloquea una carretera que quien desaparece estudiantes.

Los jóvenes torturados fueron apoyados legalmente por Rosales y ese fue precisamente el caso que desató las amenazas en su contra, rememoró.

Lo que tocó fondo fue el tema de los estudiantes normalistas asesinados 12 de diciembre de 2011.

“Encontramos en las investigaciones que un fiscal y un comandante regional de Chilpancingo, Guerrero, habían torturado a ocho estudiantes”, expuso. Por ello presentó una denuncia ante Procuraduría General de Justicia de Guerrero, pero fue advertido por un “alto funcionario”: si ratificaba la denuncia habría consecuencias.

Aún con la amenaza latente, decidió continuar con el procedimiento legal.

“Continuamos y a los quince días efectivamente el director de averiguaciones previas Marciano Peñaloza Gama, quien trabajaba en la investigación de tortura, sufrió un atentado en el que dos de sus escoltas perdieron la vida. En un segundo ataque, al salir de la PGJ estatal, fue rescatado por elementos del Ejército”, relató.

Una semana después, narró, vivió en carne propia una persecución de gente armada, al salir de la Procuraduría. “Efectuaron disparos en mi contra, pero por azares del destino no fui agredido. Llegué a la oficina y me pude resguardar”.

No obstante, el hostigamiento continuó. Poco después del ataque recibió amenazas anónimas en el que le recordaron tres de los casos en los que se desempeñó: “Me dicen: ‘te andas metiendo en el caso de las mujeres violadas, en el de los huarachudos de La Parota y ahora con los vándalos de Ayotzinapa. Te vas a morir, tienes quince días para salir, no estamos jugando, vamos a ir por ti a donde estés, sabemos dónde te mueves’”.

Al sostener una reunión con los compañeros de Tlachinollan deciden que la mejor forma de resguardar su vida y su integridad era abandonando el país. Por lo que cerca de un año vivió en Estados Unidos y Costa Rica.

“Estamos hablando de aproximadamente un año que estuve en el exilio”, dijo. Nuevamente las sospechas sobre quién amenazó apuntaron al Estado y también a estructuras criminales.

“Vinieron del crimen organizado, pero también de la autoridad, concretamente yo creo que de la Procuraduría de Justicia del Estado de Guerrero. […] Hay un hilo muy delgado entre la autoridad y entre el crimen organizado. En estados como Guerrero y Veracruz, y en el norte, la línea entre autoridad y delincuencia organizada lamentablemente es muy delgada y los defensores de derechos humanos y periodistas justamente en estos casos es cuando sufrimos esas consecuencias”, manifestó.

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“Nosotros los que señalamos, que nos inconformamos con esta realidad de pobreza, de exclusión social, de insatisfacción de los derechos a la salud, a la educación; los que exigimos verdad, justicia, que los crímenes contra gente inocente sean castigados, que el uso de la fuerza policiaca sea usada de manera razonable y sea usada efectivamente para contener la delincuencia, para contener a aquellos que hacen mal a este país, esas voces nos colocamos al filo del peligro. Es vivir día con día en el peligro”, sostuvo.

El abogado dijo tener miedo, y tiene razones de sobra para experimentarlo. Al menos contabilizó 30 amenazas durante los puntos medulares de la investigación sobre los 43. A pesar del temor, expuso, la lucha no se detendrá, pues este caso le cambió la vida, especialmente cuando vio “en un charco de sangre” a Julio César Mondragón, uno de los muchachos asesinados aquella madrugada del 27 de septiembre de 2014.

“Ya no hay paso atrás, aunque a veces tengamos miedo, aunque a veces queramos regresar a la normalidad de la vida ya no se puede. Tenemos que estar en este camino, tenemos que cumplir con nuestro rol y tenemos que dar nuestro pequeño aporte para construir una sociedad mejor”, insistió.

–¿De quién tiene miedo? –se le preguntó.

–Principalmente del Estado, de las autoridades estatales, de los cuerpos policiacos. El fenómeno de la macrodelincuencia nos coloca en mucho más vulnerabilidad, con esta mimetización del crimen organizado y Gobierno que forman parte ya de una misma estructura delincuencial; entonces, tú no puedes distinguir si un Ayuntamiento, un policía federal, un policía ministerial, está actuando como Estado, como autoridad o está actuando como delincuencia organizada. Tú puedes recibir una agresión de un policía o de un grupo delincuencial, que para el caso conviven y tienen además un nexo orgánico.

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