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Publicado el julio 17, 2017, Bajo Columna de opinión, Autor MonaLisa.

Carlos Fernández-Vega, opinión La Jornada 17 julio 17

Ruiz Esparza: socios impunes
Malos ratos y corrupción
Negocios público-privados

Con sensibilidad de buldócer, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, celebra que por el mal rato que pasaron ya se indemnizó a los deudos de las más recientes víctimas del Paso Exprés de Cuernavaca. Así es: a las corruptelas, contratos amañados, presupuestos inflados, obras incompletas y/o fallidas, descarada protección a los amigos del régimen y a las consecuencias de tan nefastas prácticas, ahora el gobierno las tipifica como mal rato.

Lo cierto es que desde hace muchos años el mal rato se extiende por la geografía nacional y se prolonga, entre tantas otras cosas, por prácticas como las citadas y en empresas de negro historial, entre ellas las asociadas a un oscuro empresario de nombre Juan Diego Gutiérrez Cortina –cliente VIP rescatado por el Fobaproa– y a las tropelías de su familia, que no son pocas. Este personaje se cuenta entre los accionistas de Banamex que no pagaron un centavo de impuestos (cortesía de Vicente Fox y Francisco Gil Díaz) por la venta de la institución financiera a Citibank, en 2001.

En el cuento de nunca acabar: empresas inhabilitadas por la Secretaría de la Función Pública (como la constructora Gutsa, de Gutiérrez Cortina, ahora conocida como Epccor, a cargo de sus retoños), que simplemente cambian de razón social para seguir pegadas a la ubre presupuestal, sin que se registren consecuencias legales por la pésima calidad de las obra realizadas, el interminable retraso en la entrega de las mismas, los contratos amañados (corrupción galopante) y la descarada práctica de inflar precios luego de ganar licitaciones gubernamentales (el caso del Paseo Exprés no es excepción, sino regla; recuérdese, por ejemplo, la fraudulenta Estela de Luz y/o la rehabilitación de la carretera México-Acapulco, conocida como Autopista del Sol).

Desde luego que esa buena estrella no es casual, ya que el fundador de la dinastía, Antonio Gutiérrez Prieto, fue muy cercano a la familia política –la priísta, en primer lugar, sin olvidar a la panista– y, por ejemplo, perteneció a la Comisión de Financiamiento y Consolidación Patrimonial del PRI para financiar la campaña presidencial de Carlos Salinas de Gortari (participaron otros 15 empresarios, todos favorecidos con la venta de firmas paraestatales, como Telmex, reprivatización de la banca, aerolíneas e ingenios azucareros, y la apertura económica). Seis años después, también formó parte del pase de charola organizado por el propio CSG en casa de Antonio Ortiz Mena (25 millones de dólares por cabeza) para financiar la campaña de Luis Donaldo Colosio (al final el beneficiado fue Ernesto Zedillo), contribución que generó mayor fortuna, mediante más contratos y prebendas públicas.

El circuito perfecto de la política y los negocios. Lo anterior llevó al gobierno de Zedillo a rescatar (vía erario nacional) a muchos empresarios amigos, como los Gutiérrez Prieto-Cortina. Entre otras muchas cosas, por medio del Fobaproa (Banamex, con créditos relacionados –ilegales– y el entonces denominado Bital, hoy HSBC; Aeroméxico, que junto con otros empresarios adquirió durante el salinato, al igual que Multibanco Comermex, después Inverlat y más tarde comprado por Scotiabank) y más adelante del negocio carretero (también concesionado por Salinas). La familia salió ilesa, pero no el erario. Y así, sexenio tras sexenio, este tipo de personajes amarran negocios tras negocios con la garantía de impunidad y continuidad que les otorga el financiamiento de campañas políticas, especialmente las presidenciales.

Por ello, a estas alturas resultan incalculables (por número de casos, víctimas fatales y presupuesto involucrado, en todos los sectores) los malos ratos (Ruiz Esparza dixit) que a lo largo de los sexenios han pasado, y pasan, los mexicanos y la ausencia total –salvo en casos altamente mediáticos, como el de Paso Exprés– de indemnizaciones para el sufrido pueblo nacional al que, sin más, le pasan el cúmulo de facturas del cochinero público-privado.

Una muestra de ellos es el rescate carretero (con la creación a modo del Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas, el Farac, constituido en Banobras, también por cortesía de Ernesto Zedillo), un barril sin fondo que este año cumple dos décadas a lo largo de las cuales los mexicanos han pagado una cantidad multimillonaria –y la seguirán pagando cuando menos hasta 2033–, cuyo saldo lejos de disminuir se ve incrementado sexenio tras sexenio.

Salinas Gortari concesionó a sus amigos empresarios (entre ellos los Gutiérrez Prieto-Cortina) 52 carreteras, con una vigencia hasta de 50 años. El objetivo, oficialmente, fue ampliar la red carretera federal, garantizar su mantenimiento y su operación eficiente. El concepto incluía la construcción de 5 mil kilómetros de nuevas autopistas entre 1989 y 1994.

Pero el novedoso esquema reventó con rapidez y en agosto de 1997 Zedillo entró al quite de sus amigos de campaña electoral involucrados en este negocio: rescató 23 de esas concesiones (Fox sumó 14, para un total de 37, pero algunas de las originales fueron regresadas a los empresarios rescatados) con 57 mil 700 millones de pesos (los cuales, como en el caso del Fobaproa, el erario aportó ilegalmente, por no ser considerados como deuda pública).

Pero el mal rato resulta interminable, porque 20 años después del rescate carretero, y miles y miles de millones en pago de intereses, el saldo del Farac (al cierre de mayo pasado) asciende a 226 mil millones de pesos, es decir, la altruista deuda heredada por Ernesto Zedillo y condimentada por Vicente Fox se ha multiplicado por cuatro, sin incluir las voluminosas erogaciones por intereses, todas ellas con recursos públicos.

Sobre el particular, la Auditoría Superior de la Federación ha documentado que los pasivos a cargo del Fideicomiso 1936 (Farac) no fueron considerados como deuda pública, no obstante que están garantizados por el gobierno federal, bajo el argumento de tener éste el carácter de un fideicomiso no paraestatal, es decir, no perteneciente a la administración pública federal. El Ejecutivo (Zedillo) no registró el endeudamiento por 57 mil 756 millones de pesos como parte de la deuda pública; tampoco el pago de la indemnización a los 23 ex concesionarios en el Presupuesto de Egresos de la Federación, ni se rindió cuentas a la Cámara de Diputados.

Las rebanadas del pastel

Y como esos malos ratos, miles más. Todos, a costillas de los mexicanos.

cfvmexico_sa@hotmail.com

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