La quiebra de Mexicana, el gran negocio de Borderless

Publicado el octubre 18, 2017, Bajo Investigación, Autor LluviadeCafe.


PROCESO
El pasado 28 de agosto se cumplieron siete años desde que la Compañía Mexicana de Aviación (CMA) comenzó a tener problemas financieros y días después fue sometida a concurso mercantil, sin embargo los intentos por reactivarla fracasaron y el 4 de abril de 2014 la jueza Edith Alarcón declaró en quiebra a la aerolínea y sus filiales.No obstante, la empresa Borderless Air Cargo insiste en quedarse con los recintos fiscalizados en la aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), que siguen operando con la empresa desaparecida.

El 30 de mayo de 2015 el representante de esa firma pidió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al Servicio de Administración Tributaria (SAT), a la Administración General de Aduanas y a la Administración Central de Apoyo Jurídico de Aduanas modificar el permiso 301-6932 que le dio la Dirección General de Aduanas a la extinta CMA para usar la superficie de 7 mil 938 metros cuadrados, que es el área total de los almacenes 17 y 18 de la aduana del AICM.

El permiso al que se refería se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 2 de agosto de 1990 y tenía vigencia 15 años, prorrogables siempre y cuando la solicitud se hiciera seis meses antes de su vencimiento y cumpliera las reglas aduaneras.

El 27 de mayo de 2005 (oficio 326-SAT-30813) la Administración General de Aduanas del SAT concedió la prórroga otros 20 años a Borderless Air Cargo, a partir del 3 de octubre de ese mismo año.

Pero como la CMA fue declarada en quiebra por la jueza Alarcón el 4 de abril de 2014, esa autorización queda en el aire, pues el artículo 144 de la Ley de Aduanas establece, entre otros puntos, que el SAT puede revocar las concesiones o cancelar las autorizaciones “cuando se graven, cedan o transmitan parcial o totalmente los derechos derivados de la concesión o autorización o cuando se declare, por autoridad competente, la quiebra o suspensión de pagos del titular de la concesión o autorización”.

Desde el 13 de marzo de 2014, el entonces abogado del sindicato de tierra de la aerolínea detectó el problema. Y advirtió: “Seis días después de la quiebra (anunciada el 28 de agosto de 2010), los trabajadores (de CMA) enfrentan otro conflicto porque la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) pretende quedarse con los almacenes generales de depósito 17 y 18 del aeropuerto que Mexicana de Aviación operaba en la Aduana”. (Proceso 1954).

Pese a ello, Borderless insiste en que se le conceda la transferencia, pues viene operado los recintos fiscalizados desde 2011, un año después de que la CMA fue declarada en concurso mercantil.

En un documento del apoderado legal de la empresa, consultado por la reportera, Borderless expone que el 18 de marzo de 2011 suscribió con la CMA un contrato “respecto a (la prestación de) los servicios de manejo, custodia y almacenaje de mercancías de comercio exterior en los recintos 17 y 18 de la Aduana del AICM, los cuales corresponden al permiso y la prórroga, a los cuales se les denomina recintos fiscalizados”.

Y añade: el 20 de marzo de 2016, dos años después de declarada la quiebra –sentencia que, según Borderless, “no ha quedado firme”–, suscribieron un contrato de prestación de servicios, “por la cual mi representada (Borderless) continúa apoyando a Mexicana de Aviación”.

El 27 de marzo de 2014, a menos de un mes de la quiebra, CMA adquirió 70% del capital de Borderless, es decir, mil 50 acciones ordinarias serie A, a mil 500 pesos cada una. En ese momento, la empresa era dirigida por Fernando Ramos Casas, exfuncionario de la Administración de Aduanas, cesado en el sexenio de Vicente Fox por pérdida de confianza.

En 2010, Ramos Casas formaba parte de la agrupación México Unido contra la Delincuencia, fundada en 1998. El 27 de junio de 2004 convocó a la marcha Rescatemos México, promovida por miembros de la ultraderechista organización El Yunque. Casas aún es miembro de esta asociación civil “sin fines de lucro”.

De acuerdo con el SAT, Borderless –cuyo Registro Federal de Contribuyentes es el BA/11028HGA– es una Sociedad Anónima de Capital Variable que inició operaciones el 18 de septiembre de 2011. No obstante, ese mismo día hizo su último cambio de estado.

Proceso obtuvo una copia de la constancia de la situación de la empresa en 2017 que tiene como domicilio “el interior de la aduana del AICM”. Su número interior es “el almacén fiscalizado No. 17 en el AICM, Av. 602” s/n, entre la calle Texcoco, en la “zona federal Ciudad de México”, delegación Venustiano Carranza.

Fraude al fraude

El 6 de septiembre de 2010, el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil declaró a CMA en concurso mercantil. Contemplando el escenario de quiebra –de acuerdo con la solicitud de Borderless– el entonces conciliador de la aerolínea, Gerardo Badín Cherit, “diseñó una propuesta que permitiría que, para el caso de que fuese declarada en quiebra, el permiso y la prórroga para la operación de los recintos fiscalizados no fuese revocado, beneficiando económicamente a la masa concursal y preservando los empleos que los referidos recintos generan, todo ello en beneficio de acreedores del concurso mercantil”.

Este plan se le dio a conocer al juez, al interventor de Bancomext –institución a la que Mexicana de Aviación le adeudaba 992 millones de pesos–, a Aeropuertos y Servicios Auxiliares y al AICM, en el que, además de referir la compra del capital social de Borderless por parte de CMA, solicitaba a la Administración General de Aduanas que, en beneficio de la masa concursal y de los acreedores del concurso mercantil, modificara el permiso y la prórroga relacionada con los recintos financieros para que Borderless detentara la titularidad.

El 2 de abril de 2014, la juez Alarcón, dentro del expediente del concurso mercantil, aprobó la estrategia de Badín, quien en el escrito 27089 declaró que la fuente de ingresos de Mexicana de Aviación por los recintos fiscalizados tenía indefiniciones legales “que ponen en riesgo su operación y continuidad, lo que agravaría la situación financiera de la concursada en perjuicio de sus acreedores”.

Desde el 15 de abril de 2013, Badín solicitó a la aduana modificar la autorización a favor de Borderless, pero a la fecha la empresa no ha recibido constancia alguna, por lo que teme se le cancele la autorización, pues Mexicana ya quebró.

Borderless arguye que, si los recintos fiscalizados siguen a nombre de la desaparecida aerolínea, se revocará el permiso, cesarán las operaciones, se perjudicará a los acreedores, se perderán empleos, los recintos fiscalizados se saturarán y Hacienda perdería “el aprovechamiento que hoy paga Mexicana por la explotación del permiso”.

En cambio, según la empresa, si los opera Borderless, Mexicana incrementará su masa, manteniendo como activo 70% de Borderless, pues son suyos, consolida la quiebra y los permisos no se revocan. Así, apunta, Mexicana continúa recibiendo ingresos por concepto de dividendos de los accionistas y enajenará 70% de las acciones de Borderless de las que sea titular y se beneficiará a los acreedores.

Los accionistas principales de Borderless son: Diego González Luna González Rubio y Rafael Rubín de Celis Arellano, con 15% de las acciones y CMA con 70%.

Finalmente, en la convocatoria del pago de acreedores del 6 de abril de 2017, el síndico Alfonso Ascencio Triujeque señaló, en la Convocatoria Pago Acreedores CM 432/2010, que obtuvieron 29 millones 250 mil 90 pesos por arrendamiento e intereses por operación de los recintos fiscalizados, excluyendo los gastos de administración.

Dentro de la ejecución de la etapa de quiebra, la Secretaría Auxiliar de Emplazamientos a Huelga de la Junta Local de la Ciudad de México emitió los juicios laborales 7709/2010 y III-67 para que se cumpliera con lo anterior, pero el 16 de julio de 2015 el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil declaró que la solicitud “era legalmente improcedente”.

La Junta comunicó al Juzgado que en el expediente laboral 139/2006 promovido por la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA) se decretó una medida precautoria que culminó con el embargo sobre bienes de Mexicana de Aviación practicado el 12 de mayo de ese año.

El 8 de julio de 2016, el juez undécimo pidió al síndico Ascencio Triujeque continuar con el cumplimiento del resolutivo decimotercero de la sentencia de quiebra del 4 de abril de 2014.

Luego, mediante el escrito con registro número 20546, el síndico informó que la Junta ordenó el embargo sobre los bienes de Mexicana de Aviación, el 22 de noviembre de 2016, según el expediente laboral 305/2016 promovido por los sobrecargos.

El 25 de noviembre de ese año se ordenó acatar la sentencia de quiebra en los términos de quiebra del 4 de abril de 2014, particularmente en su resolutivo Décimo Tercero. Y se declaró la quiebra definitiva.

Historia de un fraude

Documentos obtenidos en 2010 por Proceso revelan la trama de Gastón Azcárraga Andrade para quebrar la CMA. El plan comenzó en 2008, cuando los inversionistas decidieron crear el Nuevo Grupo Aeronáutico (NGA) y ceder los derechos de las empresas inmobiliarias, flotillas, edificios y activos de Grupo Mexicana de Aviación (GMA).

Los dueños de NGA y GMA eran los mismos: Grupo Posadas y sus inversionistas, entre ellos Banco Ixe, cuando uno de sus consejeros propietarios era Javier Molinar Horcasitas, hermano del entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas. Otros miembros de este núcleo empresarial financiaron la campaña presidencial del panista Felipe Calderón.

El NGA se creó formalmente el 21 de enero de 2010, aunque transfirió los activos de Mexicana desde el 29 de diciembre de 2009, según el acta de cesión de derechos elaborada por la Comisión Federal de Competencia (CFC), expediente CNT-005-2009.

La operación “consistió en la adquisición de las acciones de las empresas CMA, Aerovías Caribe (Click Mexicana), Mexibal, Aeropuertos y Terrenos (ATSA), Aerosys, Centro de Capacitación Alas de América, Turborreactores, Aero Eventos Mexicanos, Servicios Frecuenta, Mexicana MRO, Gamma Servicios de Negocios, Servicios In Eligendo, Datatronic, Grupo Corporativo Mexicana, Aeromonterrey y Aerolibertad/Aeropacífico, que eran propiedad del Grupo Mexicana de Aviación”, se lee en uno de los documentos de siete fojas.

El importe de la operación superó los 986 millones 400 mil pesos. Las dos últimas aerolíneas nunca han operado.

En sus alegatos, la CFC destaca que el NGA notificó esta operación de manera extemporánea, pues sus directivos firmaron el 27 y el 28 de noviembre de 2008. Como la notificación fue presentada hasta el 22 de enero de 2009, los involucrados fueron sancionados con 275 mil 666 pesos. El documento fue formalizado el 22 de febrero de 2010 por el notario 103 del Distrito Federal, Armando Gálvez Pérez Aragón.

De acuerdo con el documento 0937911, incluido en el expediente 0781720 del folio 0036187 del IMPI, Mexicana transmitió al NGA, entre otros, los derechos de los registros de marca, avisos comerciales y solicitudes de registro de marca de Mexicana, incluyendo logotipos, diseños, eslóganes y avisos comerciales.

Pasó el tiempo y, mientras Grupo Posadas negociaba la reducción de los contratos colectivos de pilotos, sobrecargos y trabajadores de tierra, la crisis de la aerolínea se agudizó con los incrementos periódicos en los combustibles, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y hasta por la contingencia sanitaria originada por la pandemia de influenza de 2009.

Azcárraga Andrade es el anterior propietario de la aerolínea y planeó llevarla a la quiebra para “sanearla” y operarla con una nueva razón social, sin deudas ni pasivos laborales y a costa de los contratos colectivos de trabajo de pilotos, sobrecargos y trabajadores de tierra (Proceso 1762). Hoy nadie sabe dónde está el empresario.

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