Columna Estado de los Estados por @Lilia_Arellano1

Publicado el enero 12, 2018, Bajo Columna de opinión, Autor LluviadeCafe.


Ciudad de México, 12 de enero de 2018.- La desesperada búsqueda de impunidad es la fuerza generadora de los cambios en el gabinete del presidente Enrique Peña Nieto. En el primer círculo de Los Pinos crece la certeza de la derrota del candidato ciudadano panista, José Antonio Meade, quien pretende la primera magistratura del Estado embozado bajo las siglas del PRI. De ahí la urgencia de garantizar su libertad y el disfrute de fortunas mal habidas a lo largo del sexenio por parte de los integrantes del gabinete peñanietista.

En tanto, los relevos a menos de un año de concluir esta gestión, son sólo una parte de la maquinaría con la cual se pretende imponer al ex secretario de Hacienda en la silla presidencial, pero adolecen de gente capaz y con genialidad para lograrlo, pues se trata de fichas ya muy quemadas en los años recientes.

En efecto, Miguel Ángel Osorio Chong, ex secretario de Gobernación y, como tal, responsable de garantizar la paz social y la gobernabilidad del país, tarea en la cual registró un profundo fracaso, busca llegar al Senado de la República y, por supuesto, controlar la Cámara alta para contar con un freno de alto nivel a seguras investigaciones sobre el manejo de las finanzas públicas a lo largo de esta administración. Osorio Chong buscará ser coordinador de la bancada tricolor en la Cámara alta y sostener el estandarte priísta desde la oposición, como lo hizo en su momento Manlio Fabio Beltrones durante la gestión de Felipe Calderón.

Mientras, Luis Enrique Miranda deja la Secretaría de Desarrollo Social con grandes pendientes, entre estos destaca el combate a la pobreza, el cual se convirtió en producción masiva de pobres, extraoficialmente se calcula en un millón adicional cada año, para buscar ser diputado federal y colocarse entre las principales comisiones responsables de la investigación del ejercicio de recursos públicos en San Lázaro. Ambos movimientos buscan el control del Poder Legislativo en un presunto gobierno no priísta.

Sin embargo, lo peor no es lo anterior, sino el futuro inmediato con la designación de los nuevos funcionarios, quienes no ofrecen ninguna perspectiva de modificación de las tendencias peñistas tan conocidas. Todos ellos registran en su trayectoria pública una serie de fracasos monumentales. Peña Nieto designó a un incondicional en la Secretaría de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, quien se ha destacado por sus garrafales errores en el área de administración y procuración de la justicia, para no mencionar de momento su desempeño al frente de la Secretaría del Trabajo. Como procurador de Justicia del Estado de México fue factor fundamental para que esa dependencia no encontrara elementos para encarcelar a su ex jefe, Arturo Montiel, por enriquecimiento ilícito, aún y cuando este fue ampliamente exhibido en su pleito con su entonces esposa, Maude Versini Lancy.

Montiel fue absuelto de los cargos de corrupción en su contra, a pesar de las evidencias. Junto con sus hijos crearon una considerable fortuna familiar de cientos de millones de dólares por medio de corruptelas e ilegalidades, como el uso de fondos públicos para fines privados, y el tráfico de influencias, pero nada de eso se le comprobó por parte de la justicia mexiquense en manos de Navarrete Prida. Al ex mandatario también se le adjudica la propiedad de un castillo en Francia, así como propiedades valuadas en millones en Estados Unidos y México, de las cuales tampoco se encontraron constancias.

En la contienda interna por la candidatura presidencial del PRI, Montiel Rojas debió de retirarse por el escándalo causado por las millonarias cuentas de sus hijos y Roberto Madrazo se convirtió en candidato oficial del partido a la Presidencia.

También se recuerda el pésimo papel como procurador mexiquense en la investigación por el asesinato de Enrique Salinas de Gortari en diciembre de 2004, hermano del ex presidente Carlos Salinas de Gortari. A pesar de sus promesas de esclarecer el caso lo más pronto posible, han pasado más de 13 años y el crimen sigue impune, pues oficialmente no hay culpables. De acuerdo con declaraciones del ex presidente Miguel de la Madrid, ese homicidio estaría relacionado con el narcotráfico.

El ex mandatario señaló: “se supo que Enrique hizo depósitos en Francia, que allá habían investigado que esos depósitos tenían su origen en transacciones de narcotraficantes”. También Raúl Salinas tejió relaciones con los capos de la droga, y abrió cuentas en Suiza con dinero proveniente de los narcóticos. “Conseguía contratos de gobierno, se comunicaba con los narcotraficantes”, reveló De la Madrid en una entrevista con MVS radio en 2009.

Los errores judiciales en esos casos parecen estar enfocados en la construcción de impunidad para poderosas familias políticas mexicanas: los Montiel y los Salinas de Gortari. De ahí que tengan un sólido fundamento las dudas sobre su desempeño a partir de este jueves, pues según las palabras del propio Peña Nieto será responsable de “reforzar las labores que realice el gabinete de Seguridad para combatir el crimen organizado” y “velar por el correcto desarrollo de los procesos electorales”. Tanto en el combate a las organizaciones criminales como en la operación ilícita de recursos federales para campañas del PRI, el actual inquilino de Los Pinos cava la tumba de su partido.

MAPACHERÍA ELECTORAL

En cuanto a Luis Miranda, quien dejó la Secretaría de Desarrollo Social, para buscar fuero federal en el Poder Legislativo, fue sustituido por Eviel Pérez Magaña, quien se desempeñaba como subsecretario del ramo. Este oaxaqueño es uno de los entenados del ex gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, quien en 2010 lo hizo candidato al gobierno estatal pero perdió contra Gabino Cué. Como parte de ese equipo, Pérez Magaña compitió con el grupo de los Murat a la hora de nombrar candidato al gobierno de aquella entidad. Perdió en las negociaciones y lo más que alcanzó fue ser nombrado subsecretario de Desarrollo Social, con Meade como titular. Extrañamente a Sedesol no llegó Vanessa Rubio, la subsecretaria de Hacienda quien ha sido parte del equipo central de Meade en diversas oficinas.

Pérez Magaña es oriundo del municipio cuenqueño de San Juan Bautista Tuxtepec. Se incorporó a la Sedesol en abril de 2016, cuando aún era senador por el estado de Oaxaca, en el cargo de subsecretario de Desarrollo Social. También fue presidente municipal de Tuxtepec de 2002 a 2003, director general del Instituto de Vivienda de Oaxaca (IVO) de 2004 a 2005, y secretario de Obras Públicas de 2005 a 2009, durante la administración de Ulises Ruiz.

La prioridad de Pérez Magaña en la Sedesol no será el combate a la pobreza, tarea totalmente abandonada por el peñanietismo desde hace años, sino operar para que los fondos asistenciales sean utilizados para los fines electorales del PRI, al servicio de José Antonio Meade, y de los aspirantes priístas a otros cargos de elección popular.

A la Secretaría del Trabajo, para sustituir a Alfonso Navarrete Prida, llegó un cartucho ya muy quemado: Roberto Campa Cifrián, responsable de la peor derrota del PRI en la capital de la República, cuando Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano ganó la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en 1997. Luego se volvió aliancista, se convirtió en uno de los personajes cercanos a Elba Esther Gordillo, y ahora es parte del grupo en torno a Enrique Peña Nieto.

Este personaje tiene amplia experiencia en la cañería política mexicana y ha sido utilizado como cuña para atacar a lideres políticos del propio Revolucionario Institucional, como lo exhibió cuando fue integrante del Grupo Unidad Democrática, mejor conocido como Todos Unidos contra Madrazo (TUCOM), del cual se desempeñó como vocero. También lo demostró cuando contendió como abanderado de Nueva Alianza a la Presidencia de la República en las elecciones de 2006.

Como subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, su fracaso ha sido total. Ostentó dicho cargo en un periodo en el cual la violación a los derechos humanos degeneró en una profunda crisis en la materia, la cual se reflejó no sólo en constantes asesinatos de periodistas –39 en esta administración-, sino también en la propagación de feminicidios en diversas entidades de la República. Cabe recordar: Campa Cifrián también sirvió en el gobierno de Felipe Calderón, en el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

A la Secretaría de Gobernación llegó otro inútil personaje: Alberto Bazbaz, quien fue designado por Alfonso Navarrete Prida como titular del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), en sustitución de Eugenio Imaz, quien estuvo al frente de ese organismo desde el inicio de la presente administración federal.

Babaz estaba al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, cuya inutilidad para frenar el lavado de dinero es conocida dentro y fuera de México. Desde la UIF, integró la acusación contra Elba Esther Gordillo, Javier Duarte y Guillermo Padrés, congeló cuentas de Rafael Márquez y Julión Álvarez, a familiares y amigos de Marcelo Ebrard, a los allegados a Ángel Eladio Aguirre y Amado Yáñez, de Oceanografía, entre otros.

Alberto Bazbaz tendrá facultades legales para solicitar la intervención de toda clase de comunicaciones privadas. Es cercano al ex consejero jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos y al encargado de la PGR, Alberto Elías Beltrán. Se desempeñó como procurador de Justicia del Estado de México durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Fue un personaje central del caso de la muerte de la niña Paulette Guevara en 2010. La menor de cuatro años primero fue declarada como desaparecida, lo cual generó una gran movilización policíaca y múltiples hipótesis sobre su destino.

Sin embargo, nueve días después, de acuerdo a la versión oficial, Paulette fue hallada muerta en su propia cama. La investigación concluyó que la muerte de la menor se trató de un accidente. Bazbaz renunció a la dependencia estatal tras ese caso.

INEXISTENTE ELIMINACIÓN DE ALERTA EN Q.ROO

De manera excesiva el gobierno de Carlos Joaquín González en Quintana Roo presumió un supuesto cabildeo, encabezado por no se sabe quién, de las alertas emitidas por los Estados Unidos, recomendaciones las cuales ponen en guardia a sus ciudadanos ante los peligros con los que está en riesgo su seguridad al visitar varias entidades. Información extra oficial habla de que funcionarios de ese país se dieron a la tarea de inspeccionar de manera directa puntos de atracción turística tanto de esta entidad como de Baja California Sur, Veracruz y la Ciudad de México, entre otras.

Informaron se eliminaron restricciones cuando a esta entidad y a 15 más se les etiquetó como lugares en un nivel de mayor precaución para viajar, por lo tanto, la eliminación es un mito. A nadie sorprende se aconseje a los estadounidenses a no viajar a Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa o Tamaulipas, entidades en donde seguramente el recorrido de los “visitadores gringos” les permitió saber de las grandes extensiones dedicadas al cultivo, principalmente, de amapola, o se percataron de la facilidad con la cual en sus puertos importan y exportan estupefacientes.

Sería excelente conocer cuáles son los niveles o las cifras utilizadas para cambiar las recomendaciones emitidas por el vecino del norte. Por ejemplo, cuál es el número de cadáveres de ejecutados, embolsados, secuestrados, diarios, semanales o mensuales los cuales entran en la escala de no peligro. Tampoco se sabe si se checa capacitación, vestimenta, armamento, nivel de conocimientos y hasta dominio del idioma inglés en las policías. Y si bien el supuesto cabildeo lo califican de exitoso, los ciudadanos en la entidad siguen padeciendo de asaltos con armas de fuego, de secuestros, son víctimas colaterales en un importante número de supuestas acciones de inteligencia comandadas por el Ejército y federales y, lo más inquietante, se mantienen aterrorizados ante la imparable ola de violencia generada por una y mil acciones y reacciones de las mafias incrustadas en el lugar.

Y no puede pensarse que los eventos ligados a la delincuencia son exclusivamente protagonizados por los grupos ya identificados.

Se han dado decomisos de grandes sumas de dinero en efectivo bajo la custodia de varios sujetos, acciones llevadas a cabo en el aeropuerto cancunense; también se han detectado en esas aduanas diversos contrabandos, entre ellos los de químicos utilizados para la producción de anfetaminas; apenas hace unos días aseguraron un jet procedente de Colombia con matrícula falsa y, aunque poco se menciona, el permanente ingreso de indocumentados por la vía marítima –curiosamente la información se cierra a partir del regreso de Gregorio Sánchez y su esposa, acusados en el pasado de tráfico de cubanos -. Frente a este diario acontecer, en Quintana Roo más que celebrar un cabildeo deberían estar en las altas esferas del gobierno muy contentos porque “no los volvieron a cachar”.

Pero mientras esto arranca, siguen presentándose saqueos y autorizaciones que hablan de una corrupción presente y reinante. Como se recordará se hizo todo un escándalo al permutarse terrenos de la Universidad de Quintana Roo, ubicados en Tulum, por otros señalados convenientemente para poder dar entrada a intereses ligados a Emilio Gamboa Patrón a través de varios prestanombres. La disposición mostrada por Carlos Joaquín para recuperar, entre otros, los terrenos asignados en el pasado al Crea es posible lograrla con tan sólo devolver el dinero, es decir, el monto con el cual fueron adquiridos. En este como en muchos casos hay tres ausentes: la voluntad política, el debido cálculo económico y el conocimiento de la ley.

DE LOS PASILLOS

Morena se suma a las acciones de inconstitucionalidad contra la Ley de Seguridad Interior que consideran presentar en breve los grupos parlamentarios del PAN, PRD y MC. Rocío Nahle, coordinadora parlamentaria morenista, confirmó su grupo aportará su firma en el documento a presentar por los partidos de la coalición Por México al Frente, pero bajo reservas. Los legisladores tienen hasta el 15 de enero para acudir a la Suprema Corte a promover la demanda…

El círculo de los gobernadores representantes del nuevo PRI encarcelados parece se ampliará con el gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, quien enfrenta un juicio político ante el Congreso local, por presunto desvío de recursos de al menos 2 mil 700 millones de pesos y manejo indebido de recursos públicos, enriquecimiento ilícito, encubrimiento y cohecho. El miércoles pasado, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos inició el procedimiento para enjuiciar al ex mandatario, dos ex integrantes de su gabinete y cuatro miembros del Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Nayarit…

La Fiscalía de Chihuahua tiene en la mira a Alfonso Isaac Gamboa, titular de la Unidad Política y Control Presupuestal de la SHCP, a quien acusa de operar junto con el ex secretario general del PRI, Alejandro Gutiérrez, los recursos desviados del gobierno de Chihuahua hacia campaña del tricolor. Gamboa redactó los convenios para otorgar 250 millones de pesos, en enero de 2016, para el “Fortalecimiento Financiero” del gobierno de César Duarte, los cuales fueron transferidos al PRI…. En el pleito del gobernador Javier Corral contra la Secretaría de Hacienda, el mandatario fue respaldado por unos 400 empresarios de la entidad. “Chihuahua exige se le entreguen los recursos económicos que le corresponden en el marco de una República federada y como resultado de los convenios firmados”, plantearon los empresarios locales en un desplegado dirigido al Presidente de la República.

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