¿Qué dice el decreto de la Ley de Salarios Máximos de los funcionarios públicos?

Publicado el noviembre 6, 2018, Bajo Noticias, Autor MonaLisa.


La Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, normativa que reglamenta los artículos 75 y 127 de la Constitución, entrará en vigor este martes 6 de noviembre, según lo dispone en su artículo primero transitorio.

León A. Martínez, El Economista, 5 de noviembre de 2018

A orden del presidente del Senado, Martí Batres —debida a la omisión del Ejecutivo Federal—, este lunes se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que establece que ningún funcionario puede ganar más que el Presidente de la República.

Este decreto, que pone fin también al pago de pensiones a los expresidentes, fue publicado en el DOF por una orden del presidente del Senado emitida en oficio con fecha del 31 de octubre. Esta orden correspondía darla en primera instancia al Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, que no devolvió el proyecto de decreto con observaciones a la Cámara de origen dentro de los 30 días siguientes a su recepción, y tampoco promulgó ni publicó la citada Ley en los 10 días naturales siguientes, acción que podía o no tomar, según lo dispuesto en la ley correspondiente.

La Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, normativa que reglamenta los artículos 75 y 127 de la Constitución, entrará en vigor este martes 6 de noviembre, según lo dispone en su artículo primero transitorio.

En su artículo sexto, la Ley de Remuneraciones expresa que ningún servidor público recibirá remuneraciones o retribuciones mayores a las dispuestas para el Presidente de la República en el Presupuesto de Egresos. Para la administración que entra en funciones el 1 de diciembre, la dieta dispuesta para el presidente será de 108 mil pesos mensuales.

Si bien el reglamento indica que ningún funcionario podrá percibir remuneraciones mayores a las de su superior jerárquico, contempla como excepciones los casos en que el servidor público desempeñe varios puestos, esté dispuesto por un contrato colectivo de trabajo, o las funciones a su cargo sean de alta especialización. En el último caso, debe mediar un proceso de selección que obedezca a un sistema de carrera establecido por la ley para otorgar remuneraciones que estén por encima de lo devengado por los superiores, como podría ser el caso del personal de alta especialización de órganos autónomos como el IFT.

Sobre este punto, desde el anuncio por parte del equipo de transición del presidente electo de que se dispondría que ningún funcionario devengara un sueldo mayor que el del cargo de Presidente, los magistrados de la SCJN hicieron expresa su inconformidad. El artículo 94 de la Constitución indica: “La remuneración que perciban por sus servicios los Ministros de la Suprema Corte, los Magistrados de Circuito, los Jueces de Distrito y los Consejeros de la Judicatura Federal, así como los Magistrados Electorales, no podrá ser disminuida”, por lo que los magistrados en funciones seguirán percibiendo un sueldo mensual de 269,215 pesos, superior en 149% a lo que percibirá el titular del Ejecutivo Federal.

Como declarara públicamente Andrés Manuel López Obrador, el grueso de las disposiciones afectará a mandos medios y superiores de la burocracia. Es el caso de la obligación de reportar cualquier pago en demasía al superior jerárquico en un periodo no mayor a los 30 días naturales, so pena de hacerse objeto de las sanciones dispuestas por la Ley de Remuneraciones, con excepción del personal de base y supernumerario de las entidades públicas que no tenga puesto de mando medio o superior, así como al personal de tropa y clases de las fuerzas armadas.

Durante el debate del proyecto en el Congreso, una de las críticas realizadas fue la relativa a que las multas se calculen de acuerdo con el salario mínimo, y no con la Unidad de Medida y Actualización (UMA), como establece en la actualidad la Ley. El decreto que reformó la Constitución para la desindexación del salario mínimo data de enero de 2016, y establece que ya no se puede tomarse como unidad de medida, es decir, ya no puede usarse como parámetro para la determinación de multas, cuotas, sanciones administrativas, penas convencionales establecidas, y en su lugar debe usarse la UMA.

Las multas y penas de prisión para los funcionarios que reciban remuneraciones ilícitas, quedaron como sigue:

Al funcionario que reciba remuneración ilícita por un monto menor a los quinientos salarios mínimos —44,180 pesos calculados con base en el dato de 88.36 pesos de salario mínimo vigente—, se le impondrá una pena de entre tres meses a dos años de prisión y multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal.

Si el funcionario recibe entre 44,180 pesos y 88,360 pesos, se le impondrán de seis meses a tres años de prisión y multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal.

Para las remuneraciones ilícitas que superen los 88,360 pesos pero no excedan los 265,080 pesos, se impondrán de tres a cinco años de prisión y multa de trescientas a mil veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal.

Por último, los funcionarios que reciban remuneraciones ilícitas cuyo monto exceda los 265,080 pesos, la ley contempla de cinco a catorce años de prisión y multa de quinientas a tres mil veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal, así como la destitución y la inhabilitación para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos de seis meses a catorce años.

En lo que toca a la transparencia, el artículo 3 señala que “No podrá cubrirse ninguna remuneración mediante el ejercicio de partidas cuyo objeto sea diferente en el presupuesto correspondiente”. El artículo 9 dice que las remuneraciones y tabuladores salariales de los funcionarios son públicos, información que las instituciones no podrán clasificar como reservada o confidencial, y que incluye tanto a remuneraciones en efectivo como a las otorgadas en especie.

El artículo 10 es el que acaba con las pensiones a los expresidentes, promesa de campaña de Andrés Manuel López Obrador. A las letras, dicho artículo dice: “No se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de retiro sin que éstas se encuentren asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo”. Es necesario recordar que las pensiones para exmandatarios no constaban en ninguna ley, y obedecían más a un pacto tácito entre el presidente saliente y el entrante, desde la administración de Luis Echeverría Álvarez.

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