Comunicado medidas cautelares: Campesino ecologista Javier Torres Cruz y a su familia

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Comunicado sobre las medidas cautelares solicitadas en su momento por el campesino ecologista Javier Torres Cruz y a su familia en la comunidad de la Morena, municipio de Petatlán en la Sierra de Guerrero

Chilpancingo Guerrero, a 26 de abril del 2011

Una vez más comprobamos que el sistema de procuración e impartición de justicia que rige nuestro estado, es inútil e insuficiente para garantizar la armónica relación entre los individuos y las comunidades.

El sistema judicial no esta orientado a hacer valer los derechos ciudadanos por lo que hoy más que nunca la justicia se ha convertido en un mito incapaz de dar cobijo a cientos de familias que la exigen, tanto en el Estado de Guerrero, como en las comunidades de la sierra, donde los campesinos que luchan día a día por pan, trabajo, justicia y libertad viven en la zozobra, pues ven amenazadas las vidas de sus seres queridos así como la propia, por el poder de los caciques con sus sicarios y paramilitares que bajo el cobijo del ejército y las policías, dejan a la población a merced de la violencia que los despoja de sus tierras y recursos naturales, les impone el cultivo y consumo de enervantes y no les deja otra opción de vida más que la de ponerse al servicio de las mafias de la delincuencia para sobrevivir y no ser asesinados.

A raíz del asesinato de Javier Torres Cruz hace ya más de una semana, hemos insistido en que si las autoridades estatales y federales le hubieran extendido las medidas cautelares solicitadas por el mismo, no solo su muerte, sino todo el clima de terror, violencia y descomposición social que se vive en la región, habría tomado otro cauce. Esta afirmación se basa en lo siguiente:

El día 7 de agosto del 2009, el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, la CODDEHUM y el Taller de Desarrollo Comunitario, acompañamos al ministerio público del fuero común del Distrito Judicial de Azueta, a la comunidad de La Morena del municipio de Petatlán, con la finalidad de que el titular de dicha institución, Ulises López Olivera Aracen, quien se hizo acompañar por un equipo de peritos y elementos de la policía ministerial, tomara declaración al campesino ecologista Javier Torres Cruz, quien fue detenido – desaparecido en un retén militar en el poblado de San Luis la Loma el día 3 de diciembre de 2008 y posteriormente entregado a un grupo de paramilitares de los cuales pudo escapar el día 7 del mismo mes y año; denuncia que en su momento presentó ante las autoridades su mamá Martha Cruz Márquez, integrándose la averiguación previa número AZUE/PETA/0111/2008 por el delito de desaparición forzada de personas.

En la diligencia de ese 7 de agosto del 2009, Javier Torres Cruz narra los hechos cometidos a su persona y responsabiliza a Rogaciano Alba Álvarez, debido a que él (Javier) había denunciado al citado Rogaciano como autor intelectual del homicidio de la Lic. Digna Ochoa y Plácido, y concluye dicha declaración nombrando a las organizaciones sociales Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad y el Taller de Desarrollo Comunitario como sus representantes para coadyuvar con el ministerio público en dicha averiguación, de la cual solicita le sean entregadas copias certificadas por medio de sus representantes. Derecho que la constitución consagra a todas las víctimas del delito, además, solicita de manera detallada una serie de medidas cautelares para él y su familia.

Por lo tanto, nosotros, el Taller de Desarrollo Comunitario por medio de escrito de fecha 7 de septiembre del presente año, solicitamos le fueran entregadas las copias solicitadas por Javier Torres, mismas que fueron entregadas el día 9 de los mismos mes y año, sin embargo, al estudiar dichas copias, nos pudimos percatar de que el Ministerio Público emitió un acuerdo en el cual reconoce la coadyuvancia para el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad y el Taller de Desarrollo Comunitario y ordena entregar copias debidamente certificadas a los coordinadores de dichas organizaciones, sin embargo, ignora dolosamente la solicitud de medidas cautelares, hecho que hicimos notar al Ministerio Público por medio de un escrito de fecha 14 de noviembre del presente, no obstante, al entregar tal escrito, nos enteramos que el titular del ministerio público había sido removido y el actual Joaquín Díaz Terrero, decía no estar al tanto del caso y pedía “algunos días para ponerse al tanto de todos los asuntos de la agencia que dirige”.

En el transcurso de la tercera semana de diciembre del 2009, después de mucha presión de parte nuestra, recibimos por fin las copias solicitadas en donde se declara incompetente y remite el caso a la fiscalía especializada para la protección a los derechos humanos para que sea esta quién las solicite a las instancias federales, además, el órgano investigador exhibe su falta de capacidad, debido a que se aprecia claramente que ni siquiera se tomo la molestia de estudiar el expediente en el que actúa, dado que distorsiona las solicitudes de Javier Torres que plantea en forma de medidas cautelares, por ejemplo, en el acuerdo dice de manera literal: al igual que por cuanto hace a la petición de proporcionarle atención médica y resguardo policiaco tanto a él como a sus familiares en el momento en que salgan de su comunidad a cualquier parte de la República Mexicana, esta deberá realizarse a instancias correspondientes, (…). Cuando lo que solicitó Javier Torres de forma textual fue: que a la comunidad de La Morena no suba ningún tipo de policía ni el ejército; porque cuando el ejército se presenta por estos lugares, Rogaciano aprovecha para mandar a sus pistoleros vestidos de soldados también, para que nos maten; (…), también queremos que en caso de emergencia, una corporación de gobierno nos apoye para un traslado en caso de emergencia (…).

En definitiva, podemos apreciar que el sentido del planteamiento hecho por Javier Torres fue distorsionado para encontrar el pretexto ideal para que de manera impune, la policía o el ejército puedan ingresar nuevamente a La Morena; una de las solicitudes que el ministerio público engañosamente omitió fue la siguiente: Se les proporcionen facilidades a Javier Torres Cruz y familiares, para obtener sus documentos de identidad que les fueron sustraídos de sus hogares por elementos del 19 batallón del ejército mexicano, con sede en Petatlán, Guerrero. Otro punto muy importante que el ministerio público pasó por alto, fue que su antecesor ya había dictado un acuerdo en el cual reconoce la coadyuvancia para el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad y el Taller de Desarrollo Comunitario y en cambio, reconoce en su acuerdo la coadyuvancia para el Taller de Desarrollo Comunitario, y la Comisión Interamericana, excluyendo sin razonamiento alguno al Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad.

Las medidas cautelares solicitadas oportunamente por Javier Torres Cruz y su familia, se transcriben a continuación:

• Que las autoridades civiles y militares, se abstengan de presentarse en la comunidad de la morena, en especial las militares, debido a que cuando estas se presentan en dicha comunidad, se hacen acompañar por pistoleros de Rogaciano Alba que visten uniformes oficiales para confundirnos y matarnos.

• Cuando salgamos a Petatlán o cualquier parte del país, no seamos señalados como delincuentes. Nosotros somos campesinos, servidores sociales. La protección que solicito es primeramente para mi persona, mis papás, Narciso Torres Rosas, Martha Elba Cruz Marquez, mis hermanos y hermanas de nombres: Felipe, Alejandro, Alberto, Narciso, Pedro, Macaria, Marcelina, María, Elvia, Francisca, Teresa Yasmín y Agustina de apellidos Torres Cruz; mis tíos Domingo, Adolfo y María Salomé Torres Rosas; mi abuelo Anselmo Torres Quiroz y mis primos Javier Bahena Ortiz, sus hijos Filemón y Francisco Javier Bahena Torres,

• Solicitamos que exista alguna corporación de gobierno, que nos apoye en caso de emergencia, como puede ser un traslado.

• Solicito también asistencia médica para mi persona y mi familia.

• Solicito también, que las organizaciones como el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, y el Taller de Desarrollo Comunitario, coadyuven con el ministerio público en mi representación.

• Que el curso legal de la denuncia que el citado Javier Torres Cruz, presentó en contra del C. Rogaciano Alba Álvarez, por el delito de homicidio cometido en contra de la Lic. Digna Ochoa y Plácido, siga su curso procesal conforme a derecho; asimismo, la denuncia que posteriormente exhibió en relación a los homicidios de sus familiares, pues consideramos que estos delitos se derivan de la primer denuncia señalada por el homicidio de la Lic. Digna Ochoa y Plácido.

• Que la querella que el multicitado formula ante esta autoridad, se investigue conforme a derecho, observando los principios de imparcialidad e inmediatez. Y se sancione a los responsables de dichos actos cometidos contra su persona

• Se cumplan con las medidas de seguridad solicitadas en relación al respeto a la comunidad de la Morena, de donde Javier Torres Cruz es habitante, por parte de las fuerzas armadas y policías de los tres niveles de la federación; así como de una distancia de 15 kilómetros a la redonda mínima, la cual permita una vida comunitaria tranquila y segura, logrando así un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar.

• Que se le proporcione los medios de comunicación adecuada y segura como la telefonía satelital para su beneficio y protección personal y familiar, así como de las vías terrestres cercanas a la comunidad antes citada (puente y reparación del camino) para su libre tránsito; además se realice la introducción del servicio de energía eléctrica.

• Con fundamento en el artículo 20, apartado C fracción V, segundo párrafo de nuestra Carta Magna: No le sea requerido al querellante para que se presente ante cualquier autoridad civil o militar, o de cualquier índole, para ratificar, promover o realizar cualquier diligencia o actuación necesaria para el desarrollo legal de la presente; permitiendo en su caso realizar todas las acciones requeridas por medio de los coadyuvantes ya mencionados en la presente indagatoria.

• Se les proporcionen facilidades a Javier Torres Cruz y familiares, para obtener sus documentos de identidad que les fueron sustraídos de sus hogares por elementos del 19 batallón del ejército mexicano, con sede en Petatlán, Guerrero.

• Solicitamos, copias certificadas de la presente diligencia, tanto para el querellante, como para la coadyuvancia.

Como puede notarse, nada de esto se atendió. Para cualquier aclaración, tenemos disponibles los documentos referidos.

En el mes de diciembre del 2009, reiteramos nuestra exigencia al Gobernador Zeferino Torreblanca Galindo para que a través de una audiencia pública con carácter resolutivo, entre otras cosas hiciera efectiva su decidida intervención para que fueran extendidas las medidas cautelares solicitadas por Javier Torres Cruz, audiencia que nunca nos fue otorgada. Ahora Javier Torres ha sido asesinado y antes que él su tío Adolfo y no sabemos cuantos más. Su familia, su comunidad y muchas comunidades más de la Sierra están a merced de la violencia y el abandono gubernamental. El tejido social se sigue destruyendo, ante la falta de garantías y la violación cotidiana de derechos humanos, la única ley que impera es la de la selva. Angel Aguirre ha sustituido como gobernador a Zeferino Torreblanca y nosotros hemos vuelto a solicitar una audiencia con él y seguimos en espera de su respuesta.

Así como se ha hecho pública la “desaparición” del expediente del caso del Diputado Armando Chavarría Barrera, suponemos que al procurador Alberto López Rosas no se le ha entregado el expediente, por lo menos completo, de Javier Torres, y en la misma situación podrían estar los expedientes de nuestros desaparecidos y asesinados que reclamamos en el Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero, ya que el anterior procurador no aceptó nuestra iniciativa de implementar un Plan de Búsqueda que empieza por la urgente necesidad de reabrir todos los expedientes de los casos que reclamamos y que coincidentemente, llevaba el ahora también “desaparecido” Fiscal Miranda.

Taller de Desarrollo Comunitario

P.D. En la conversación que sostuvimos con el procurador López Rosas el domingo pasado, a petición de la familia Torres, tratamos fundamentalmente el traslado y seguridad de Felipe Torres Cruz, después de que fue dado de alta en el Hospital general de Zihuatanejo, lo cual, en su momento, requería de relativa discreción.