Sacerdotes en peligro

Por Vanessa Job – Emeequis- Julio 2011

No todas las historias de sacerdotes católicos se escriben en los templos ni todas tienen que ver con abusos. Existen quienes asumen como misión la defensa de los derechos humanos aunque cambiar el confort de los templos por las calles los haya expuesto a la violencia. Desde hace algunos años, un grupo de más de 500 personas entre obispos, sacerdotes, religiosos y laicos católicos trabajan en albergues en apoyo a los migrantes centroamericanos y mexicanos que cruzan hacia Estados Unidos.
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La camioneta se perdía entre las calles de Saltillo, daba vueltas sin rumbo.
En su interior, cuatro sujetos apuntaban sus armas contra tres cabezas.

–¿Quiénes son? –alcanzó a decir uno de los tres.

–Somos el diablo.

Los secuestradores no lo eran, pero se parecían.

Los secuestrados, dos migrantes y un voluntario alemán de la Casa del Migrante de Saltillo, Coahuila, a quienes atormentaban con preguntas que lo mismo tenían que ver con sus vínculos con un grupo criminal o con el número de migrantes que había en el refugio.

Al final, los “acompañaron” hasta la puerta del albergue.

Uno de los secuestrados, el alemán Klaus Einhorn, es miembro de una red de más de 500 personas integrada por obispos, religiosos y laicos articulados en la organización Dimensión Pastoral de la Movilidad Humana, cuyo propósito es auxiliar a migrantes y procurarles casas, albergues, comedores, dispensarios médicos, centros de derechos humanos y atención psicológica.

Esta organización católica, que forma parte de la Pastoral Social de la Conferencia del Episcopado Mexicano, ha elaborado un informe a detalle sobre la violencia contra sus miembros.

Las cuentas en el rosario de agresiones han ido creciendo.
Y ese registro puntual es la materia prima de un informe que el pasado 22 de julio fue entregado a senadores de la República.

El aumento en el último año de lo que llaman “incidentes de seguridad” los ha puesto en alerta.

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Al sacerdote Alejandro Solalinde lo han amenazado repetidamente de muerte y fue llevado preso por la Policía Municipal de Ixtepec, Oaxaca, junto con 18 migrantes; al religioso Heyman Vázquez lo acusaron de tráfico de personas en Chiapas; a fray Tomás las autoridades migratorias lo responsabilizaron de obstruir su labor y, en otra ocasión, dos hombres llegaron a la Casa del Migrante, en Tenosique, Tabasco, y entregaron una hoja en la que se leía: “Veníamos a matar al responsable, pero después de ver su trabajo ya no lo hicimos”.

En la Iglesia de Saltillo en la que oficia Raúl Vera colgaron mantas que exigían un “obispo católico”.
A muchos otros religiosos, el crimen organizado y las autoridades les han hecho ver su suerte.

La labor de esta red se realiza en un contexto de violencia.
Autoridades, delincuentes y hasta algunos grupos sociales “mal informados” los hostigan, amenazan y atacan las 54 casas y albergues de migrantes en las que trabajan.

Los ataques no son recientes.
Según la bitácora de agresiones, en el período 2004-2009 ocurrieron 18 incidentes, y desde entonces la línea de la gráfica que muestra las agresiones ha ido en permanente ascenso.
Sólo en 2010, los religiosos de la red se enfrentaron a 29 incidentes y en lo que va de 2011 ya cuentan 15 más.

Los ataques incluyen un amplio abanico: agresiones físicas, uso arbitrario del sistema penal, amenazas para que cierren las casas-refugio, forcejeos en las puertas de los albergues, robos de computadoras, acoso y vigilancia de hombres armados e irrupción en los espacios, fingiendo ser funcionarios o migrantes.

En casos más graves los integrantes del crimen organizado han entrado a los albergues para secuestrar a migrantes.

En 2009, a un albergue de la zona centro del país llegó una pareja a platicar con la encargada.
“Le ofrecieron 300 dólares por cada migrante que les entregara”.
Ella se indignó, dijo que llamaría a la policía.
Acto seguido, uno de ellos sacó una placa de la Policía Federal.
Antes de irse le advirtieron que pronto tendría de visita a un grupo de sicarios.

El informe de la Dimensión Pastoral de la Movilidad Humana, el primero que presentan sobre violencia contra sacerdotes, señala que los incidentes con funcionarios de gobierno no son aislados.
De hecho, son los principales persecutores, al menos identificados: 23 agentes estatales y 25 agentes “no estatales”.

El principal riesgo para los defensores se relaciona con la denuncia del crimen organizado porque existe, en ocasiones, “complicidad entre las autoridades y éste”.

La religiosa Leticia Gutiérrez Valderrama, secretaria ejecutiva de la Pastoral de Movilidad Humana y una de las encargadas de elaborar el informe, explica que han sufrido 10 violaciones al derecho a la libertad y a la seguridad personal, lo que ha obligado a que al menos un defensor debiera exiliarse del país y que varios desistan de su labor.

* * *
Es miércoles, la hermana Leticia está apurada.
Le queda poco tiempo antes de salir del edificio de la Pastoral de Movilidad Humana para encontrarse con René Martín Zenteno Quintero, el subsecretario de Población y Asuntos Religiosos.
A él, le contaría que desde que empezó este sexenio la situación de los defensores se ha agravando tanto como la de los migrantes.

“Tengo una reunión con Gobernación.
Les quiero dejar claro que responsabilizo de cualquier atentado que tengamos a los gobiernos de los estados y al gobierno federal.
Me preocupa, no queremos un agente de la pastoral muerto porque no se nos dio la protección”, dice la misionera.

Esto también lo habrá de denunciar ante la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que visitará México del 25 de julio al 2 de agosto para conocer la situación de las personas migrantes.

“Siempre es una batalla pedir que nos protejan, aun cuando es un derecho que tenemos y una obligación del gobierno.
Las medidas cautelares no se cumplen, muchas porque no hay recursos económicos para el tema de defensores”.

En la Casa del Migrante de Saltillo existen medidas cautelares por orden de la CIDH, pero aunque se solicitaron cámaras de vigilancia, no se han colocado.
“Dicen que no tienen dinero”.

No son los únicos que, ante la negligencia de las instancias nacionales, cuentan con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Ahí esta el caso de Alejandro Solalinde, fundador del albergue Hermanos en el Camino, de Ixtepec, Oaxaca, a quien lo acompañan guardias personales por las amenazas de muerte que existen en su contra.

Solalinde ha sido reconocido por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y Amnistía Internacional por su labor y es uno de los miembros de la red que más incidentes de seguridad ha tenido.

En junio de 2008, un grupo de 50 colonos de Ixtepec, Oaxaca, con el apoyo de policías municipales, irrumpió en la sede del albergue y lo amenazó con incendiar las instalaciones si no cerraba las puertas a los indocumentados centroamericanos.
En enero de 2010, después de que denunció por robo a policías del municipio de Juchitán, el sacerdote recibió el siguiente mensaje: “Me da mucha pena tener que comunicarle que su cabeza ya tiene precio”.

Unos meses después, en julio de 2010, miembros de la delincuencia organizada atacaron en dos ocasiones el albergue con la intención de secuestrar a un grupo de 20 hondureños que ahí se resguardaban mientras esperaban respuesta a su solicitud de refugio.

También la Casa del Migrante de Nuevo Laredo y el sacerdote Pedro Pantoja, director de “Belén, Casa del Migrante”, de la Diócesis de Saltillo, están protegidos por el organismo internacional.
El informe detalla que en los últimos dos años la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha otorgado 13 medidas de protección a defensores en Coahuila, Tamaulipas, San Luis Potosí, Estado de México y Oaxaca: rondines de policías, instalación permanente de patrullas, posesión de celulares y guardaespaldas.

“En algunas ocasiones, la presencia permanente de patrullas no ha sido eficaz” porque cuando la vigilancia se retira, las amenazas, hostigamientos y secuestros siguen, como en Saltillo y Lechería, en el Estado de México.

La religiosa mantiene pocas expectativas.
“Esto no tiene ni pies ni cabeza para una solución pronta.
Estamos a meses de que este gobierno concluya y no veo un tiempo muy halagüeño.
En estos últimos años el proceso de tráfico se ha violentado tanto que los migrantes están siendo exterminados.
Al no dejarnos intimidar por el crimen organizado y no quedarnos callados, las agresiones también se vinieron hacia nosotros”.

Leticia es testigo de cómo en el último mes se incrementó la intensidad de las agresiones.
El 13 de junio, dos migrantes y un voluntario alemán de nombre Klaus Einhorn tuvieron que salir de la Casa del Migrante de Saltillo, Coahuila, después de que cuatro personas armadas los esperaban afuera de un supermercado.

En la última semana de junio, Alejandro Solalinde denunció que los maquinistas detuvieron el tren en un paraje solitario de Medias Aguas, Veracruz, y que hombres armados secuestraron a los migrantes que corrían entre los matorrales para salvar la vida.

“El Gobierno del Estado, pero también el federal salieron a despotricar, a decir que el sacerdote era mentiroso.
Siempre usan el desprestigio a la autoridad moral de los defensores”.

En esos días de junio, la Casa del Migrante de San Luis Potosí tuvo que cerrar por las condiciones de violencia e inseguridad.
El padre Rubén Ortiz, cabeza de la casa, dijo a los medios que el albergue fue vulnerado por la delincuencia y que hace un par de años estuvo en peligro la integridad de algunos de sus voluntarios.
Ahora los religiosos planean ayudar a los migrantes sólo dejando paquetes de alimento al paso del tren.

Y empezado el mes de julio, en la casa de Tenosique guiada por Fray Tomás, a uno de los agentes de la pastoral lo detuvo la policía, le inventaron que estaba ebrio, lo amarraron a la camioneta de la policía, lo dejaron buen rato bajo la lluvia y le dijeron: “Esto te pasa por habernos denunciado”.