Iniciativa de Ley de Transparencia inhibe el acceso a la información: Actívate por Puebla

Arturo Alfaro Galán/ La Jornada de Oriente/ 13 diciembre 2011.

* La agrupación Actívate por Puebla consideró que la iniciativa para una nueva Ley de Transparencia en el estado, presentada hace unos días por la diputada local Josefina Buxadé Castelán, aún contiene diversas disposiciones que inhiben el acceso a la información pública y representan un retroceso en la materia.

A través de un comunicado, la agrupación –que aglutina a universidades privadas, públicas, organismos empresariales y organizaciones sociales– indicó que la iniciativa legislativa no reconoce las figuras jurídicas de la prueba de daño y la prueba de interés público, además de que no prohíbe la invocación de los secretos fiduciario y bancario, aunque sean utilizados los recursos públicos.

La agrupación, que colocó hace seis meses una piedra de seis toneladas frente al Congreso local para exigir una mejor legislación en materia de transparencia, criticó que los legisladores no hayan eliminado la ratificación de los recursos de revisión, lo cual obligará a las personas a presentar un recurso de forma electrónica y ratificarlo personalmente.

Ante ello, la agrupación de Actívate por Puebla propuso la eliminación de este proceso, pues consideró que es un requisito innecesario y representa un obstáculo que inhibe el acceso a la información pública. “De lo contrario, la próxima Ley de Transparencia podría contener un elemento sumamente grave para el ejercicio a plenitud de este derecho fundamental, pues la nueva Legislatura debe estar a la altura de los momentos de consolidación democrática que vive el estado y el país”.

En el comunicado de Actívate por Puebla se establece que la iniciativa de ley de transparencia cumple con la mayoría de los 12 puntos que esta red enunció hace unos días, como aspectos primordiales para una ley de vanguardia.

Entre los aspectos que mejoran el clima de transparencia y acceso a la información destacan: la inclusión de los tribunales administrativos como sujetos obligados; la obligación para la Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP) para proponer el derecho de acceso a la información como contenido de planes de estudio y actividades curriculares y extracurriculares.

Asimismo, se establece la posibilidad de hacer solicitudes de información por teléfono y la eliminación de la manifestación de agravios para interponer el recurso de revisión; la incorporación del servicio profesional de carrera en la Comisión de Acceso a la Información Pública, y la ampliación de 10 a 15 días para iniciar un recurso de revisión ante la CAIP.

Finalmente, la agrupación destacó que la actual Legislatura cumplió la promesa de dar a conocer una nueva ley de transparencia durante el tercer periodo de sesiones del año con la intención de aprobarla antes de que concluya el año legislativo, lo cual ocurrirá el próximo 15 de diciembre.