Morelos: Organizaciones ciudadanas condenan la represión contra normalistas guerrerenses

Raúl Morales Velázquez/ La Jornada Morelos/ 14 diciembre 2011.

* Organizaciones ciudadanas condenan la represión contra normalistas guerrerenses

* Basta de tratar de criminalizar a los estudiantes y de violar los derechos constitucionales

CUERNAVACA. Organizaciones de derechos humanos, sindicales y sociales del estado de Morelos, condenamos la ejecución extrajudicial de normalistas en Chilpancingo, Guerrero, así como el uso desmedido de la fuerza. “Condenamos las ejecuciones extrajudiciales de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa. Llamamos al Estado mexicano a realizar una investigación inmediata, expedita e imparcial. Exigimos cese de la criminalización de la protesta social”.

Las organizaciones como la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos AC, integrante de la Red Todos los Derechos para Todas y todos, Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética los Derechos de los Trabajadores y las Garantías Constitucionales, “exigimos la distensión inmediata de la situación imperante respecto de los normalistas de Ayotzinapa en Chilpancingo, mediante la apertura de canales de diálogo y el cese de la persecución policial, dejando de lado los intentos de criminalizar a las y los estudiantes, la investigación expedita, imparcial y efectiva de la violencia policial que culminó con la ejecución extrajudicial de dos normalistas, el pleno respeto al derecho a protestar de los normalistas de Ayotzinapa, de la sociedad guerrense y mexicana en su conjunto, ante uso excesivo de la fuerza pública, ONG exigimos la destitución del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guerrero que sea imprescindible hacer una investigación imparcial, expedita y efectiva de la violencia policiaca”.

“Del mismo modo, exigimos sanción a los responsables y condenamos el asesinato de los normalistas Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, exigimos la destitución del secretario de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, Ramón Almonte Borja, con lo cual se pueda garantizar una investigación exhaustiva y efectiva de la agresión que sufrieron los estudiantes, finalmente, ante este clima de represión, exigimos garantías plenas para la Normal Rural de Amilcingo, Morelos, para la realización de la jornada de aniversario en conmemoración del asesinato de Vinh Flores Laureano, este 18 de diciembre en Amilcingo, para que no se utilice ningún pretexto para reprimir el legítimo derecho a la protesta y a la libertad de expresión de normalistas que forman parte de la FECSUM”.

Cabe recordar que el día 12 de diciembre de 2011, a las 12 horas, aproximadamente 300 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, de Ayotzinapa, Guerrero tomaron la salida de la carretera Chilpancingo-Acapulco a la altura del hotel parador Del Marqués, donde confluyen la carretera federal México-Acapulco y la autopista del Sol, para exigir al gobierno del estado de Guerrero el cumplimiento a sus peticiones en materia de educación.

A las 12:30 se presentaron elementos de la Policía Federal y Policía de la Fuerzas Especiales, los cuales abrieron fuego en contra de los estudiantes, iniciando una persecución, golpeando y deteniendo a varios de ellos. A las 12:50 un estudiante de Ayotzinapa confirmaba la muerte de dos estudiantes, uno de ellos de nombre Jorge Alexis Herrera Pino, originario de Atoyac, Gabriel Echeverría de Jesús, varios heridos y 26 detenidos. Persiste el riesgo de que los estudiantes de Ayotzinapa sean detenidos y criminalizados por ejercer su derecho a protestar.

Cabe resaltar que la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, se ha destacado por mantener un compromiso histórico con la educación de los más desposeídos del estado de Guerrero, principalmente de las y los alumnos indígenas, caracterizándose en años recientes por su capacidad de generar una propuesta renovadora de la educación rural en la entidad. Más recientemente, en semanas pasadas, habían iniciado una nueva movilización para abrir canales de diálogo con el gobierno estatal, lo que lamentablemente no ocurrió, detonando en estos hechos.

En este sentido, las acciones de brutalidad policiaca y uso irracional de la fuerza pública en contra de jóvenes manifestantes de una normal rural dedicada a poner la educación al alcance de los más marginados, constituye un acto inadmisible en un contexto democrático, y echa por tierra el compromiso de los gobiernos estatal y federal de atender los conflictos sociales en sus causas más estructurales evitando el uso de la fuerza pública.

El uso excesivo de la fuerza pública de manera arbitraria, es un acto a todas luces reprobable, y del cual debe haber sanción a los responsables. Hasta este momento, se desconoce el paradero de 40 normalistas, tres estudiantes se encuentran heridos y 26 más detenidos.