Acusan a Joe Arpaio de prácticas de discriminación racial contra latinos

Milenio Noticias/ 15 diciembre 2011/

* En la investigación contra el alguacil del condado de Maricopa, Arizona, se encontró “una pauta o práctica de amplia discriminación contra los latinos y medidas de represalia contra los individuos que criticaron” las actividades de su oficina.

Arizona, EU.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha encontrado indicios de prácticas de discriminación racial contra los latinos en su investigación sobre la oficina del polémico alguacil del condado de Maricopa en Arizona, Joe Arpaio, informó el organismo.

Según indicó el Departamento de Justicia en un comunicado, la investigación encontró “una pauta o práctica de amplia discriminación contra los latinos y medidas de represalia contra los individuos que criticaron” las actividades de la oficina del alguacil de Maricopa, a cargo de Arpaio.

La investigación sobre la oficina del alguacil, que comenzó en 2008, encontró entre ejemplos de posible “conducta inconstitucional y/o violaciones de la ley federal” la práctica de “políticas discriminatorias”, incluidas detenciones, arrestos y órdenes de detenerse a latinos.

También expone “prácticas carcelarias discriminatorias contra presos latinos con un inglés limitado, mediante el castigo o la denegación de servicios muy necesarios”.

Asimismo, incluye las represalias ilegales contra “los individuos que ejercieron su derecho (constitucional) a criticar las políticas o prácticas de la oficina, incluidas pero no exclusivamente las prácticas relacionadas con su política discriminatoria de los latinos”.

“Nuestro informe encontró un patrón que existe dentro de la oficina y creemos que deben ponerse en marcha cambios”, dijo hoy en teleconferencia de prensa el fiscal asistente Thomas E. Pérez, jefe de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia, a cargo de la investigación.

La investigación también encontró deficiencias muy arraigadas en el funcionamiento de esta oficina, incluida la “supervisión inadecuada”, el permitir a unidades especializadas participar en prácticas inconstitucionales y la falta de adiestramiento adecuado.

El Departamento de Justicia encontró también un uso excesivo de la fuerza, prácticas policiales que perjudicaban “significativamente” la capacidad de la oficina de proteger como debía a la comunidad latina y falta de investigación adecuada de denuncias de violencia sexual.

La investigación continúa, precisa el Departamento, que buscará la colaboración de la oficina para establecer un plan de reforma exhaustivo, bajo supervisión judicial, para atajar estas prácticas y violaciones de la Constitución.

“Esperamos resolver estas preocupaciones mediante la colaboración, pero no dudaremos en tomar medidas legales apropiadas si la oficina del alguacil opta por otra vía”, aseguró Pérez.

Por otra parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) puso fin hoy al acuerdo de cooperación bajo el programa 287g, con la Oficina del Alguacil del Condado Maricopa (MCSO), Joe Arpaio, ante la evidencia de prácticas de discriminación racial contra hispanos.

En un comunicado de prensa, la secretaria de Seguridad Nacional, Janet Napolitano, anunció también que restringirá el acceso de la oficina del alguacil al programa Comunidades Seguras, que permite a las autoridades locales compartir con el Gobierno federal datos biométricos de los indocumentados en cárceles locales y de los condados.

En Arizona, algunos grupos han pedido que el controvertido alguacil renuncie a su puesto, tras conocerse el reporte del Departamento de Justicia.

Mary Rose Wilcox, supervisora de Maricopa y que fue blanco de una investigación por parte de la MCSO, dijo hoy en conferencia de prensa en Phoenix que por años se ha quejado de la conducta de Arpaio.

Por su parte, Salvador Reza, líder de un grupo de jornaleros, que fue encarcelado en varias ocasiones por agentes del alguacil, pidió que Arpaio deje su puesto al consiederar que no puede existir un verdadero cambio dentro de la MCSO mientras se encuentre bajo su dirección

“El alguacil tiene un récord de no cooperar con el gobierno federal, es preocupante los indicadores de discriminación en contra de reos que solamente hablan español”, dijo el activista.

A este llamado también se unió Andy Parraz, representante del grupo Ciudadanos para una mejor Arizona, quien recalcó que los resultados de la investigación del Departamento de Justicia son un “primer paso”, pero considera que debe haber un mayor apoyo para la comunidad hispana.

Arpaio es el responsable de la controvertida “ciudad de las carpas”, una cárcel al aire libre donde los reos soportan las temperaturas extremas del desierto de Arizona y por la que han pasado cerca de medio millón de reos desde su inauguración en 1993.

Aunque la mayoría de los presos son hombres, en 1990 se agregó una sección para mujeres, mientras que en 2010 se estableció un área para inmigrantes indocumentados en espera de su deportación.