¿Medicamentos o mercancias? La pandemia en el monopolio de las patentes

Publicado el mayo 6, 2020, Bajo Noticias, Autor LluviadeCafe.

Una vacuna rusa contra la gripe (Archivo)

Una propuesta del Gobierno de Costa Rica podría ser el punto de partida para repensar la forma en que las patentes de medicamentos restringen el acceso a la salud. Dos expertos consultados por Sputnik señalan la necesidad de compartir información y combatir los monopolios.

A fines de marzo, el Gobierno de Costa Rica sorprendió al proponer a la Organización Mundial de la Salud (OMS) la creación de un “repositorio de información” compartido entre todos los países miembro del organismo para asegurar el acceso global de los avances científicos que permitan combatir la pandemia de COVID-19.

La iniciativa, presentada por el propio presidente costarricense, Carlos Alvarado, y su ministro de Salud Pública, Daniel Salas, fue bien recibida por la OMS, cuyo director general, Tedros Ghebreyesus, felicitó la idea y anunció que la OMS se encuentra trabajando junto a Costa Rica en los “detalles” para concretar la propuesta.

La industria detrás del COVID-19: patentes absurdas atentan contra la vida
La idea de Costa Rica consistía en que los países compartieran información sobre “pruebas de diagnóstico, dispositivos, medicamentos o vacunas” contra el COVID-19, con “acceso libre o licenciamiento en condiciones razonables y en términos asequibles”.
La preocupación del país centroamericano tuvo un fruto el 24 de abril, cuando Ghebreyesus anunció una “alianza” —denominada Acelerador de acceso a herramientas para el COVID-19— con el objetivo de asegurar la distribución de test de diagnóstico, tratamientos y vacunas entre todos los países del mundo.

“Los datos deben ser compartidos, la capacidad de producción preparada, los recursos movilizados y las comunidades y la política comprometidas. Sé que podemos hacerlo. Sé que podemos poner a la gente primero”, dijo en esa oportunidad el secretario general de Naciones Unidas Antonio Guterres.

Además de Costa Rica, el acuerdo contó con el apoyo de Francia, España, Sudáfrica y Ruanda.

Un fármaco, imagen referencial
© FOTO : PIXABAY / PUBLICDOMAINPICTURES
‘Guerra farmacológica’ de EEUU contra China
El acuerdo también contó con representantes de la industria como la Federación Internacional de Fabricantes Farmacéuticos, que se comprometió a participar en la creación de redes de fabricación y distribución de medicamentos. También suscribió el acuerdo la Alianza para las Vacunas (GAVI), cuyo director ejecutivo Seth Berkley defendió la necesidad de “desarrollar un programa de vacunas para tener miles de millones de dosis a una velocidad y una escala nunca antes vista”.
Si bien el acuerdo menciona acuerdos para mejorar la distribución de vacunas y asegurar su accesibilidad, no contempla el pedido original de Costa Rica de compartir “patentes otorgadas y en proceso”, “datos de prueba entregados a autoridades regulatorias” o “derechos de autor y diseños para la fabricación de pruebas de diagnóstico, dispositivos, medicamentos o vacunas”.

¿Ese esfuerzo es suficiente?
Mario Tristán, epidemiólogo clínico y director de Instituto Internacional de Salud de Centroamérica (Ihcai) dijo a Sputnik que la propuesta de Costa Rica permitió abrir el debate sobre las patentes y permite “aprender de experiencias positivas como el Fondo de Patentes de Medicamentos como en el caso del HIV”, en referencia a la iniciativa creada en 2010 por Naciones Unidas para abrir licencias para medicamentos genéricos para el HIV, la hepatitis C y la tuberculosis.

TELESCOPIO
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Tristán sostuvo que el paso dado por organismos internacionales para aúnar esfuerzos “solo será un avance histórico si trasciende a la pandemia”. En ese sentido, señaló que la OMS podría lograr abastecer de una vacuna a las economías más frágiles “echando mano al financiamiento de donadores privados, algo que ha sido usual en el pasado”.
“Hay una oportunidad que hay que aprovechar más allá de la pandemia. Me refiero a un pacto duradero de cara a las inequidades y a las brechas entre los países y los grupo de población”, complementó.

Según Tristán, el mundo debería “responder la pregunta de si un medicamento es un bien de mercado o un instrumento para alcanzar un derecho humano fundamental”. La propuesta del Gobierno de Costa Rica, consideró, contribuye a comenzar a responder esa pregunta.

En ese sentido, el experto lamentó que, si bien es posible que se encuentren “soluciones negociadas” para que los países emergentes se hagan de vacunas y medicinas en este tiempo de pandemia, las inequidades en el acceso “no cambiarían si no se generan acuerdos sostenibles más allá de la situación coyuntural”.

Tristán mencionó, como ejemplo, que en las últimas tres décadas existió un “crecimiento continuo de los mercados tecnológicos internacionales con participación de varios países”. En efecto, según el investigador, ya son 120 países los que reciben regalías producto de patentes, licencias de know how y marcas registradas.

“Esto hablaría de un escenario positivo, de un acceso democrático y equilibrado pero es algo que sigue beneficiando a grupos específicos, aunque en un marco geográfico más amplio. Esto no está llegando a dónde debería: a resolver disparidades grotescas de exclusión social que lamentablemente no tienen tanta repercusión mediática como tiene el COVID-19”, remarcó.
La problemática del acceso a los medicamentos motivó la creación de varias iniciativas internacionales dedicadas al tema. Una de ellas es proyecto DIME, un acuerdo internacional que actualmente incluye a nueve países del continente (México, Costa Rica, El Salvador, República Dominicana, Colombia, Perú, Chile, Ecuador y desde 2019 también Brasil) dedicado a facilitar información sobre precios, cobertura y uso racional de medicamentos y tecnologías sanitarias.

Claudia Vaca, coordinadora del proyecto, farmacoepidemióloga y profesora de la Universidad Nacional de Colombia, también manifestó su preocupación por cómo las reglas de la industria pueden dificultar el acceso a los medicamentos, al ser consultada por Sputnik.

Medicamentos (imagen referencial)
© FOTO : PIXABAY/KATICAJ
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“Aunque persisten muchas dudas sobre los beneficios de remdesivir, por ejemplo en Colombia tendría al menos dos patentes. También otros medicamentos en investigación de origen biotecnológico estarían protegidos, lo que hace difícil el escenario de acceso”, evaluó.
Vaca también señaló el problema adicional de que, incluso aceptando que ciertos medicamentos sean monopólicos, “igual las empresas no tienen capacidad de abastecimiento global”, por lo que, “deberá pensarse seriamente eliminar esos monopolios y coordinar la producción de múltiples empresas que cubran la demanda global”.

América Latina ante los gigantes de medicamentos
Vaca es tajante en cuanto a que los países que no son capaces de financiar las investigaciones sobre medicamentos tienen como única esperanza “que se generen espacios de coordinación regional o global que preparen opciones de acceso a aquellos medicamentos que muestren beneficios”.

A pesar de esto, no parece ser una salida especialmente buscada en la actualidad por los países latinoamericanos. “Lamentablemente América latina no está cumpliendo un rol mas visible en estas iniciativas, excepto Costa Rica. En la región hay capacidades de investigación y una buena infraestructura de producción para abastecer la región. Hay opciones pero faltan voluntad y liderazgo de construir una respuesta regional”, sentenció.

Una persona muestra medicamentos
© SPUTNIK / ALEXEY DANICHEV
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Tristán, por su parte, apuntó que los mayores avances que se han dado en los países de la región fueron el resultado de procesos de “judicialización de la salud”, que se da cuando pacientes deben recurrir a recursos de amparo u otras herramientas judiciales para asegurar que los sistemas sanitarios les brinden los medicamentos necesarios.
Este proceso fue modificando las “listas oficiales de medicamentos” de los países y provocó la creación de fondos especiales para cubrir medicamentos de alto costo y tratamientos para enfermedades raras, destacó Tristán.

Tristán, que también participa en el proyecto DIME, valoró que la pandemia de COVID-19 haya permitido una mayor colaboración internacional pero remarcó que el brote de coronavirus, al mismo tiempo, “ha hecho más notorias las desigualdades existentes en términos de producción, innovación tecnológica, transferencias de conocimiento y condiciones de vida”.

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