​​​​​​​Se presenta contexto de agravios hacia periodistas y personas defensoras de derechos humanos

Publicado el marzo 8, 2022, Bajo Noticias, Autor Pepe Garduño.

La Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación presentó ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, cifras de agravios a periodistas por sexenio, género y año.

Los datos que detalló el titular de dicha unidad, Enrique Irazoque Palazuelos, fueron los siguientes:

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Periodistas víctimas de homicidio por año y género

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Ante las y los integrantes de dicha comisión legislativa, sostuvo que los factores que generan las agresiones contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas son el crimen organizado, la impunidad, corrupción y colusión entre autoridades y grupos delictivos, incumplimiento de las obligaciones que tienen municipios y estados en la materia y la falta de cultura sobre la importancia que tiene la labor de este gremio.

Enrique Irazoque Palazuelos explicó que la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas surge en 2012 ante la falta de atención a las agresiones contra ellas y ellos, por parte de las autoridades involucradas como policías federales, estatales y municipales, así como las omisiones de las fiscalías respecto a dictar medidas cautelares que les corresponde cuando existe una víctima del delito en riesgo.

 

Precisó que el mecanismo de protección es un órgano de coordinación y cooperación entre la federación, las entidades federativas y las fiscalías para implementar medidas que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de periodistas y personas defensoras de derechos humanos que se encuentren en riesgo o bajo amenaza, dejando claro que dicho mecanismo es una medida extraordinaria para quienes enfrentan situaciones de riesgo.

 

Sin embargo –aclaró–, las medidas otorgadas por el mecanismo no suplen las obligaciones legales que le corresponden directamente a las policías estatales y municipales.

 

El mecanismo no implementa directamente acciones para la prevención del delito en estados o municipios, no investiga delitos ni le corresponde abatir la impunidad en la justicia tratándose de los casos y no cuenta con atribuciones para erradicar la violencia generalizada que existe en entidades federativas.

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