Manifiesto por la defensa de la soberanía del pueblo

El 8 de mayo, nueve integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación votaron en contra de la decisión democrática de recomponer las leyes electorales para hacer más eficaz el uso de recursos públicos en el Instituto Nacional Electoral.

Ministras y ministros votaron en contra de un paquete de leyes conocido como Plan B, argumentando vagos y supuestos asuntos procedimentales, con lo que se erigen en legisladores de facto. No olvidar que con los mismos argumentos avalaron, en otros actos reclamados, lo que hoy rechazan; es decir, queda demostrado que aplican una ley a conveniencia de intereses que nada tienen que ver con los principios supremos de las leyes.

En los hechos se apartan del pueblo al que deberían servir; imagínense que algunos de ellos argumentaron que en el procedimiento legislativo se aprobaron con dispensa de lectura y ello, a su parecer, demerita “la deliberación democrática”. Ya se les olvidó que en las reformas que avalaron en la época neoliberal usaron e hicieron famoso el fast track.

Por eso les pregunto, ¿deberán ser inválidas todas esas reformas de la historia aprobadas con dispensa de lectura? Olvidan que la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y su reglamentación permiten precisamente esa dispensa.

Obviamente el fondo es otro: invaden competencias del Poder Legislativo porque el grupo conservador no pudo, en las urnas, detener la Cuarta Transformación del país. Renunciando a su imparcialidad, se ponen del lado mezquino de ellos, quienes no quieren mayor justicia para el pueblo mediante el uso pleno de nuestra democracia. Ayer se confirmó la parcialidad del Poder Judicial y la corrupción que lo merodea.