Ley Borge reforzará el control del gobernador sobre los medios en Quintana Roo afirman comunicadores

Publicado el Agosto 5, 2015, Bajo Nacional, Autor LluviadeCafe.

BORGE

 

(05 de agosto, 2015).- La mayoría del Congreso aprobó la ley Borge que prevé la creación de una instancia que aplicará medidas para atender a comunicadores y activistas “en riesgo” y “en situación de vulnerabilidad”, pero la mayoría de comunicadores y periodistas la desaprueban. La consideran un proyecto para afianzar el control del Borge a los medios

No obstante, el proyecto sufrió modificaciones en comisiones unidas, por lo que quedaron fuera elementos como la regulación al “acceso a las fuentes de información”, en la que se establecía que el ingreso a actos públicos sería a “periodistas debidamente acreditados”.

 

 

Originalmente la iniciativa se aprobaría el 20 de julio, dentro de un periodo extraordinario, sin embargo, ante la indiferencia de periodistas locales a los “foros de consulta” el asunto se pospuso.

Para dar seguimiento a su aplicación se creará un sistema estatal para proteger a defensores de derechos humanos y periodistas, que estará encabezado por el secretario de Gobierno, Gabriel Mendicuti Loría; el procurador general de Justicia del estado, Gaspar Armando García Torres, y el secretario de Seguridad Pública, Juan Pedro Mercader Rodríguez.

Según la organización Artículo 19, de 2000 a la fecha han ocurrido en Quintana Roo 42 agresiones contra periodistas, sólo por debajo del Distrito Federal, con 85.

El proyecto fue modificado en comisiones unidas: se eliminó la norma relativa al “acceso a fuentes de información”, que estipulaba que sólo podrían entrar a los actos públicos “periodistas debidamente acreditados”.

Ante el rechazo de los comunicadores, las iniciativas enviadas por Borge Angulo y por el diputado panista Sergio Bolio Rosado, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, fueron fusionadas.

Por medio del sistema quintanarroense para proteger defensores de derechos humanos y periodistas, el estado deberá “garantizar los derechos a la vida, a la integridad física, sicológica, moral y económica, a la libertad y la seguridad cuando estén en riesgo con motivo de su actividad, así como de sus familiares o personas vinculadas”.

Un avance es la creación de un fondo para protección de defensores de derechos humanos y periodistas, y la imposición de “pena de prisión y destitución e inhabilitación (…) contra autoridad o funcionario que, abusando de su cargo suspenda, clausure o censure algún medio escrito o impreso o impida su circulación o difusión, o recoja ediciones de libros o periódicos, evitando su publicación”.

La nueva norma, aprobada por 21 votos a favor y uno en contra, consta de nueve títulos, 64 artículos ordinarios y cinco transitorios. Entre otros puntos, estipula el derecho al secreto profesional para reservar fuentes de información.

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