LA EXTRADICIÓN más política que jurídica

El artículo 14 de dicha norma establece que “ningún mexicano podrá ser entregado a un Estado extranjero sino en casos excepcionales a juicio del Ejecutivo”.

El abogado Badillo Soto lo sabe pero sostiene que en el caso de su famoso cliente “no existe excepcionalidad alguna” y que si Peña Nieto recurre a dicho artículo deberá especificar cuál es esa “excepcionalidad”.

POR: AGENCIA PROCESO, 10 enero 2016, México, D.F.

La ley no establece cuáles son las condiciones pero podría argüirse “seguridad nacional”. Fuentes de la PGR comentaron a Proceso que la extradición de Guzmán Loera será “más política” que jurídica

Siete meses después de que Estados Unidos solicitó a México la extradición de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, la administración de Enrique Peña Nieto no ha iniciado el proceso jurídico correspondiente, aunque pudo haberlo tramitado desde mayo último. Su envío al vecino país podría tardar hasta un año, a menos que el presidente lo considere “caso excepcional” y lo entregue sin más a quien lo reclama.

Mientras el gobierno federal analiza las posibilidades, Juan Pablo Badillo Soto, abogado de Guzmán Loera, puede tramitar nuevos amparos y retrasar más el proceso judicial para la extradición, pues su objetivo es evitar que se concrete uno de los mayores temores del sinaloense: ser extraditado, revela a Proceso el propio litigante.

Con poder para representar a “El Chapo” en “pleitos y cobranzas” desde 1996, Badillo Soto puede saltar el obstáculo que la autoridad judicial le puso el 17 de diciembre de 2014, cuando el abogado solicitó el primer amparo contra la extradición a Estados Unidos: la inexistencia del juicio respectivo.

Tras su segunda detención, el 23 de febrero de 2014, Guzmán Loera buscó nuevamente a quien durante ocho años evitó que lo entregaran a Estados Unidos. El capo fue capturado por primera vez en mayo de 1993 y Badillo Soto lo defendió de 1996 hasta el 19 de enero de 2001, cuando se fugó.

Después de la segunda detención, el 22 de mayo de 2014, solicitó el 17 de diciembre del mismo año conocer la orden de extradición y considerarla un acto “futuro e inminente”, a fin de combatirla en tribunales.

A esta solicitud de amparo le siguieron otras cinco. Una a una fueron sobreseídas y a la fecha sólo una sigue viva.

Un par de semanas después de que su cliente escapara por un túnel del penal federal del Altiplano, el abogado encargado de conjurar la extradición conversó con este semanario. Reveló que cuatro meses antes de su segunda fuga Guzmán Loera no estaba triste ni enojado por el encierro en el penal de alta seguridad, sino “más bien temeroso de ser extraditado o abatido”.

A decir de Badillo Soto, tras la segunda detención “Estados Unidos lo requirió de inmediato, aunque lo oficializó después”. Por eso la familia del capo y el propio defensor –uno de los siete que contrató El Chapo– tuvieron un “temor fundado” de que con argucias y artilugios institucionales fuera extraditado.

En esa conversación (Proceso 2022) se le recordó a Badillo Soto que Felipe Calderón extraditó durante su mandato a capos de la droga antes de que se resolvieran sus amparos contra el procedimiento. Cuando se le preguntó si no temía que Peña Nieto hiciera lo mismo, respondió: “No. Ya son otros tiempos”.

EN MANOS DE PEÑA NIETO

Dos meses después de esa entrevista, el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República, José Alberto Rodríguez Calderón, confió a Rafael Croda, corresponsal de Proceso en Bogotá:

“La entrega del jefe del Cártel de Sinaloa al gobierno estadunidense se produciría entre 10 y 12 meses después de su eventual captura. Estos son aproximadamente los plazos legales que calculamos para extraditar a Joaquín Guzmán una vez que sea capturado.”

En esa ocasión, el funcionario que lleva los casos de extradición detalló al corresponsal que “en el hipotético caso de que los tribunales federales resolvieran a favor de la extradición de “El Chapo” a Estados Unidos, correspondería a la Secretaría de Relaciones Exteriores tomar la decisión final”.

–¿Puede ser extraditado de inmediato una vez capturado? –se le preguntó.

–No. Por consiguiente, cuando Joaquín Guzmán sea detenido, en ese momento se inicia formalmente el proceso de extradición en un juzgado federal, porque él tiene derechos constitucionales y procesales. El juez federal le tiene que notificar, luego de que sea detenido, del inicio del proceso de extradición en su contra. Tendrá unos días para preparar su defensa y ejercer su derecho de audiencia, que en el sistema jurídico mexicano es indispensable.

“Después, la PGR tendrá derecho a presentar más pruebas en su contra y aproximadamente en unos 30 a 40 días el juzgado federal tendrá que resolver con una opinión jurídica. Si ésta es favorable a la extradición, el acuerdo se le tendría que notificar a Joaquín Guzmán, y él tiene en ese momento un plazo de 15 días para presentar un amparo.

“Tal amparo tardaría entre tres a cuatro meses en recibir una sentencia definitiva. Si “El Chapo” lo pierde, su abogado puede aún recurrirlo bajo la llamada figura de revisión ante un Tribunal Colegiado de Circuito. Este proceso último tarda también entre tres y cuatro meses.

“Son de 10 a 12 meses el tiempo que, según los términos legales, puede durar un proceso de extradición de este tipo”, indicó el subprocurador Rodríguez Calderón.

En otra instancia involucrada en el procedimiento, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), no hay tanta certeza. Horas después del anuncio oficial sobre la segunda detención del capo sinaloense, el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Miguel Ruiz Cabañas, titubeó al comentar las posibilidades de que sea extraditado:

“Existe una serie de acuerdos que México tiene con muchos países y se tendrá que ver cuál es el análisis jurídico. Todavía no se ha hecho un análisis jurídico. Se hará en su momento para ver este tipo de cosas.”

Sin precisar qué tipo de prisión será la más segura para retener a un reo que ya escapó de dos penales de “máxima seguridad”, el funcionario reiteró: “Es el momento de hacer el análisis jurídico, que en este momento no está concluido”.

Pese a que el análisis jurídico “aún no está terminado”, el destino de Guzmán Loera está en manos de Enrique Peña Nieto. De acuerdo con la Ley de Extradición Internacional, el Ejecutivo federal tiene la potestad de extraditar sin concluir juicio alguno.

El artículo 14 de dicha norma establece que “ningún mexicano podrá ser entregado a un Estado extranjero sino en casos excepcionales a juicio del Ejecutivo”. El abogado Badillo Soto lo sabe pero sostiene que en el caso de su famoso cliente “no existe excepcionalidad alguna” y que si Peña Nieto recurre a dicho artículo deberá especificar cuál es esa “excepcionalidad”.

La ley no establece cuáles son las condiciones pero podría argüirse “seguridad nacional”. Fuentes de la PGR comentaron a Proceso que la extradición de Guzmán Loera será “más política” que jurídica.