Zonas Económicas de EPN consumarán el gran despojo en México; “tenemos un gobierno que entrega los recursos al gran capital”

Revolución TRESUNTOCERO
En México tenemos un gobierno que se ha caracterizado por beneficiar a las grandes corporaciones transnacionales. A lo largo de los años, las autoridades han dado la libertad para que la iniciativa privada perpetre el despojo y el saqueo de los recursos en perjuicio de la sociedad mexicana, en especial de las comunidades y pueblos.

Así lo consideraron más de 10 organizaciones populares, quienes además aseguraron que medidas como la aprobación de las Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, o la reforma energética, están alineadas con una política que busca beneficiar a capitales privados a costa del derecho de los pueblos y comunidades indígenas.

Las organizaciones -entre ellas el Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ), la Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional (CNPA MN), el Frente Popular Francisco Villa México Siglo XXI (FPFV MS XXI), la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (UPREZ), y otras más- destacaron que esta política “entreguista” ha ocasionado que hoy en día 33% del territorio nacional este concesionado a la iniciativa privada para actividades como la minería.

“La concentración de la tierra y el acaparamiento de los latifundios mineros e hidroeléctricos representan el 33% del territorio nacional, cedido a las empresas extranjeras. El gobierno no sólo permite el despojo de tierra y recursos como el agua y los bosques, sino también permite el despojo de la cultura de nuestros pueblos originarios.

“El gobierno ha dado paso a la instauración de empresas explotadoras de recursos en diversos ramos, como la minería y las maderas, que afectan a comunidades enteras, creando latifundios empresariales que provocan consecuencias de carácter social; además que alientan la migración y profundizan la pobreza”, dijo Roberto Rico, integrante de la Coordinadora Nacional de Movimientos Populares (CMONP).

Sobre la Ley de Zonas Económicas Especiales, el dirigente destacó que la medida establece lineamientos que lejos de beneficiar el desarrollo de los pueblos y comunidades -así como se presume en el discurso oficial- sólo busca el empoderamiento de las empresas, con mano de obra barata y la explotación de las tierras.

“En diciembre del año pasado se aprobó la iniciativa de Ley Federal de Zonas Económicas que agruparía municipios y regiones de Guerrero, Michoacán, Veracruz, Oaxaca, y Chiapas. Con esto, se da la apertura a la inversión extranjera y nacional así como políticas preferenciales en materia fiscal, financiera y comercial (…) con las Zonas Económicas Especiales pretenden asegurar la mano de obra barata en estas zonas marginadas”, dijo.

Roberto Rico manifestó que la iniciativa de las Zonas Económicas Especiales, así como la reforma energética, va acorde con el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP, por sus siglas en inglés), un tratado de libre comercio señalado por beneficiar sólo a las grandes empresas.

“Con esta clase de medidas, las empresas pueden estar seguras que habrán de contar con las condiciones jurídicas y los pretextos económicos pata justificar las ocupaciones temporales, las expropiaciones de tierra y biodiversidad, todo en aras de empleos precarios y el desarrollo regional para las grandes empresas transnacionales.”

El dirigente expuso que lejos de contribuir al desarrollo, las Zonas Económicas Especiales no toca la raíz del problema de la marginación. Añadió que tanto la reforma energética, como esta iniciativa abren la puerta “a que áreas naturales protegidas puedan ser ocupadas, total, o parcialmente por las transnacionales interesadas en explotar los recursos y la biodiversidad”.

Añadió que los habitantes de las regiones seleccionadas para llevar a cabo el proyecto de las Zonas Económicas enfrentarán ‘los efectos de la ‘ocupación temporal’ de sus tierras con fines de exploración y explotación de petróleo, minería, construcción de hidroeléctricas y gas, en donde las afectaciones al medio ambiente y al tejido social, en más de dos millones 52 mil hectáreas; con las Zonas Económicas Especiales se consumara el despojo”.

A nombre de las organizaciones -que también conforman el Frente Indígena y Campesino de México (Ficam)- señaló que se mantendrá la lucha en aras de que se respete el derecho de las comunidades a la libre autodeterminación, así como la defensa de los recursos frente a la intención de imponer los megaproyectos.