Estado fallido, corrupción e impunidad – Estado de los ESTADOS por @Lilia_Arellano1

Lilia Arellano – http://www.liliaarellano.com/
16 septiembre 2017 – Estado de los ESTADOS.

Estado fallido, corrupción e impunidad
Kelly no dijo lo que dicen dijo, pero es verdad
Estado de México es ya cacicazgo de Del Mazo
PGR protege al ex gobernador Rodrigo Medina
Nada contra Gerardo Ruiz Esparza, señala SFP
Extensa crisis de desabasto en Chipas y Oaxaca
Q.Roo: promoción turística enfrenta a 2 González

Ciudad de México, 16 de septiembre de 2017.- El amplio manto de impunidad cubre al ex gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, al igual que al secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, y al ex director de Pemex, Emilio Lozoya, todos pertenecientes al círculo cercano del presidente Enrique Peña Nieto, cuyos sellos de gobierno son la corrupción y la impunidad, acompañados de una gran ineficiencia en el mandato, pero con la determinación absoluta de utilizar todos los recursos del Estado para mantener el poder. A punto de concluir el quinto año de gestión presidencial, México se encuentra al borde del colapso -por la ola de violencia, inseguridad y la frágil situación política-, como lo calificó el general John Kelly, jefe de gabinete del presidente de EU, Donald Trump, quien demanda al Congreso de su país los recursos necesarios para brindar mayor seguridad en la frontera con México.

Como es de suponerse el desmentido sobre una declaración de tan fuerte contenido llegó por la vía del aprendiz de canciller, de Luis Videgaray, quien informó que al preguntar sobre tal expresión, le indicaron no era cierta y la opinión sobre nuestro país y su circunstancia no es la referida. Sin embargo, cierto o no, dicho por Kelly o por “Juan Polainas”, es de una verdad para todos vista la “ola de violencia” y todavía aguanta agregarle “imparable”; “la inseguridad”, se apilan cadáveres por miles de centenas y llegan hasta a las series de narcos asesinando productores; y “frágil situación política”. ¿Acaso el nivel de impopularidad de EPN y los destapados escándalos de corrupción no han provocado ingobernabilidad vista hasta en la coordinación de ayuda para los damnificados de los recientes huracanes? La verdad sobre el presente mexicano es una y, por lo visto, inocultable a los ojos de propios y extraños.

Coopera a las opiniones críticas tanto internas como externas el manejo electoral. A pesar de la “elección de Estado”, conformada por múltiples irregularidades en el periodo proselitista y el proceso electoral, denunciadas con documentos y pruebas oportunamente por Morena, PAN, PRD y PT, Alfredo del Mazo Maza, el primazo de Peña Nieto, rindió protesta como gobernador del Estado de México, entidad convertida en un cacicazgo para la familia Del Mazo. El cochinero fue desestimado por la autoridades electorales: la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó, por unanimidad, la validez de la elección de Del Mazo Maza como gobernador, tras desechar los argumentos y pruebas presentadas por los partidos de oposición, por desvío y utilización de recursos públicos a favor de la campaña del priísta, la coacción del voto mediante el condicionamiento de los programas sociales, las deficiencias en la investigación de las autoridades, las irregularidades en el cómputo distrital, etcétera.

Alfredo del Mazo Maza pertenece a una dinastía que se aferra al poder con todo, sin importar los medios, lícitos o ilícitos. Es hijo del ex gobernador Alfredo del Mazo González (1981-1986), y nieto del ex mandatario Alfredo del Mazo Vélez (1945-1951) y además primo del presidente Enrique Peña Nieto, quien lo ha cobijado políticamente y lo llevo de la mano a la gubernatura del Estado de México, con la utilización de todos los recursos federales y de la entidad a su servicio durante la campaña proselitista, a fin de lograr vencer a la candidata de Morena, Delfina Gómez.

El grupo político que lo llevo al poder, lo acompañó en su toma de posesión, encabezados ppr el gobernador saliente Eruviel Ávila, y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en representación de la Presidencia de la República. Al evento asistieron los ex gobernadores, Alfredo del Mazo González; Emilio Chuayffet, César Camacho Quiroz y Arturo Montiel Rojas. Alfredo del Mazo Maza, en su mensaje, el cual pudo leer con muchos trabajos, con frecuentes equivocaciones y, obviamente, escrito por terceras personas, aseguro que no permitirá en su gobierno actos de corrupción e impulsará la rendición de cuentas.

“Iniciaré un gobierno cercano, que escuche, respete y tome en cuenta todas las voces, por ello ante los poderes legislativo y judicial del Estado de México y en presencia de todas las fuerzas políticas me comprometo a respetar e impulsar la pluralidad”. Un vistazo a su gabinete resulta suficientemente revelador del incumplimiento de éstos y otros compromisos. También se comprometió a convertir esa entidad en la más segura del país, sin embargo, los hechos, a unas horas de semejante expresión, revelan sucederá lo contrario. A Carlos Muñoz Portal, gerente de locaciones de la serie Narcos de Netflix, fue asesinado desde el lunes anterior y apenas la Fiscalía del Edomex inició la investigación.

Muñoz buscaba locaciones para la filmación de la quinta temporada de esta serie, misma que toca el asesinato de Camarena y obviamente resurgirá la figura del narcotraficante liberado en México y todavía perseguido por los EU, Rafael Caro Quintero. Los escándalos sobre la inseguridad siguen trascendiendo fronteras y con gobiernos legales pero ilegítimos al contar con menos de un 20 por ciento de respaldo ciudadano es imposible detenerlos, sobre todo cuando existe una verdad innegable.

RODRIGO MEDINA, PROTEGIDO

La Procuraduría General de la República (PGR), que encabeza Raúl Cervantes, protege al ex gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina. Ya acusó al juez que lo encarceló de violar la Ley de Amparo y ahora enfoca sus baterías en contra de los fiscales de Nuevo León quienes investigan presuntas conductas delictivas del ex mandatario y sus colaboradores. Cuatro agentes y un director adscritos a la Subprocuraduría Especializada de Combate a la Corrupción fueron citados por la PGR para que expliquen, en calidad de testigos, sus estrategias procesales y la manera en que obtuvieron datos de prueba en sus investigaciones. Las amenazas, nos revelan, no se han hecho esperar y giran desde la seguridad de sus familias hasta la decisión de ponerle fin a sus carreras, de llevarlos a un desempleo del cual no lograrán salir.

Tras la denuncia de la defensa de Medina en contra del juez de control Miguel Ángel Eufracio Rodríguez, quien en enero ordenó encarcelar al priísta y ahora está acusado de violar la Ley de Amparo, las citas a los agentes se desprenden de la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-NL/0000377/2017. Incluso, el abogado Javier Coello Trejo, en calidad de defensor de Rolando Zubirán, ex secretario de Desarrollo Económico de Nuevo León, se sumó a este proceso para pedir se interrogue a los Ministerios Públicos. Los fiscales citados fueron Esaú Manzano González, José Inés Sánchez Díaz, Wendolyn Ledezma Castañeda y Érica Irigoyen Arroyo, además de Marco Antonio Rodríguez Barrientos, director de Investigación y Procesos de la Subprocuraduría. Habrá de recordarse el ex subprocurador y ex titular de la Profeco, el chiapaneco Coello Trejo, tiene en su lista de clientes al mismísimo Emilio Lozoya y no tardará en encabezar públicamente al equipo defensor del ex gobernador de Nuevo León.

Fueron llamados a comparecer en calidad de testigos porque de ese modo no pueden negarse al interrogatorio. Una vez entrevistados, podrían pasar a indiciados, categoría en la que los obligarían a inhibirse en los juicios para no ser juez y parte en los procesos. De acuerdo con el gobernador Jaime Rodríguez, la PGR invade sus atribuciones y busca obtener información confidencial de las indagatorias, por lo cual interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Esa postura de la PGR ya había sido señalada por Ernesto Canales, Fiscal Anticorrupción estatal, quien en julio acusó a la dependencia de intimidar a los jueces admitiendo casos en su contra e imputándolos por criterios judiciales. Por ejemplo, el, juez Miguel Ángel Eufracio Rodríguez, quien el 26 de enero ordenó prisión preventiva para el ex gobernador, fue citado para comparecer el 14 de julio tras ser imputado por la PGR por violaciones a la Ley de Amparo.

EN LA SFP, NADA CONTRA RUIZ ESPARZA

Para la Secretaría de la Función Pública, que encabeza Arely Gómez González, no existen elementos que involucren directamente a Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), en las irregularidades encontradas en la planeación, ejecución y supervisión de la construcción del Paso Exprés de Cuernavaca, Morelos, donde murieron dos personas. Si el titular de Comunicaciones no tiene ninguna responsabilidad en las planeaciones, en las ejecuciones y revisión de los resultados de las supervisiones, entonces ¿cómo desquita su fenomenal salario? ¿Acaso guiando los pasos de su jefe por los buenos caminos en el aire, en el mar y en la tierra? ¿Hace guardia en sus aposentos? ¿Podría la funcionaria televisa decirnos de qué si es responsable Ruíz Esparza?

La SFP, en la auditoría 017/2017, no encontró responsabilidades al titular de la SCT, porque sólo analizaron los contratos y las actuaciones de tres áreas de la dependencia: las direcciones generales del Centro SCT Morelos, de Desarrollo Carretero y de Carreteras. De acuerdo con esa auditoría, la licitación de esa obra se celebró sin el proyecto ejecutivo completo, lo cual derivó en un sobre precio de más de 714 millones de pesos, que equivale a 40 por ciento del costo total de la misma. Pese a esa información, no hay delito que perseguir. Y, como lo hecho, hecho está y a lo hecho, pecho, siguieron:

En 11 de las 22 observaciones que arrojó la auditoría, los funcionarios de la SCT que son investigados por la SFP ya no tienen nada que aclarar, pues se trata de actos consumados y, por lo tanto, ya se investiga el alcance de su responsabilidad para aplicar las sanciones correspondientes. La mitad de las irregularidades ya no tienen solución, pues son hechos ya ejecutados que impactaron en las deficiencias de la obra. Los servidores públicos de la SCT que participaron en esos hechos consumados, descritos en la auditoría, son: Óscar Calleja Silva, director general de Carreteras; José Luis Alarcón Ezetam director general del Centro SCT Morelos, y José de Jesús Ornelas Lizardi, director de Control y Seguimiento de Obras de la dependencia que encabeza Ruiz Esparza.

De acuerdo con la SFP, las acciones u omisiones, son “actos consumados que no pueden ser corregidos”, por lo que el órgano interno de control de la SCT, que depende de la SFP, informó que “le dará vista a la autoridad investigadora correspondiente para que en el ámbito de su competencia inicie el procedimiento a que haya lugar”. Esos resultados de sesudas investigaciones tienen un nombre: impunidad; un sello: gabinete de Enrique Peña Nieto; dos muertos y un pueblo cuya mayor virtud es aguantar.

DEUDA DE ESTADOS, SÓLO PARA PAGAR OBLIGACIONES

Las entidades federativas del país se endeudan prácticamente sólo para pagar obligaciones financieras, pues los montos alcanzan cifras históricas. Del financiamiento adquirido, menos de una quinta parte se destina a la inversión pública productiva, y lo demás a refinanciamiento y necesidades de corto plazo. Con cifras del 2016, el Sistema de Alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) arrojó que Baja California, Chihuahua, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Sonora, Veracruz y Zacatecas, están bajo la lupa de la dependencia que encabeza José Antonio Meade, pues se encontraban en semáforo amarillo (endeudamiento en observación). Y sólo Coahuila se encontraba en focos rojos (nivel elevado).

El destino de los 65,730.3 millones de pesos en obligaciones, en su mayor parte no fomenta la actividad económica. El 42.8% fue para cubrir necesidades de corto plazo, 38.4% a refinanciamiento, 17.6% a inversión pública productiva y 1.2% a inversión pública productiva y refinanciamiento. Esto es, menos de dos pesos, de cada 10, se dirigen a un beneficio social. Actualmente, por entidad, las más endeudadas son: Nuevo León (25,127 millones de pesos), Zacatecas (7,637.5 millones), Veracruz (4,518.8 millones), Morelos (3,576.3 millones) y Sonora (3,240 millones)

Por cierto, en un afán de “transparentar” lo referente a la renegociación de la deuda quintanarroense, suscribieron un mapa a seguir de montos, pago de intereses y bancos con los cuales se hizo la renegociación. Son tantos los errores que se hizo necesaria una explicación de expertos cuyo resultado fue: falsedad numérica. Ni siquiera existe coincidencia, cuadratura y lógica en las cifras expuestas.

DE LOS PASILLOS

Cuando se ha hecho referencia a la peligrosidad de las aplicaciones como UBER, Cabify y otras, justamente por la inseguridad reinante, subrayando en este renglón lo diariamente registrado en Quintana Roo, muchas voces insisten en asegurar es este el mejor servicio de transporte en taxi. Ya se verá si después de observar paso a paso la trayectoria seguida con todo y víctima del conductor de un vehículo registrado para la prestación de este servicio, siguen considerándolo seguro. A Mara la secuestraron. Estudiaba en la UPAEP, el conductor vivía en Tlaxcala, la investigación se sigue en Puebla y ella nació en la Ciudad de México. Se presume el conductor, quien la llevó hasta un motel, arrojó su cadáver con la suposición de haber cometido el asesinato perfecto…

El ex gobernador de Quintana Roo, Félix Arturo González Canto, fue invitado a la sesión celebrada la semana que hoy termina, del Consejo de Promoción Turística en su papel de senador presidente de la Comisión de Turismo. Hizo una muy clara referencia a la necesidad de combatir los efectos negativos de las alertas lanzadas desde el exterior y basadas en la inseguridad prevalecientes con el fin de evitar mayores daños a este sector. Una vez enterados de estas declaraciones, miembros del gabinete del mandatario actual Carlos Manuel Joaquín González, se dieron a la tarea de informar están ocupadísimos en luchar en contra de estos llamados cuyos efectos, a un año de estar al frente del mandato estatal, son altamente negativos. El responsable de la conducción hace 12 años trajo el tema a los medios. El responsable de los efectos que la falta de seguridad provoca en el número de visitantes solamente muestra el interés mediático porque la realidad es suficientemente reveladora de la incapacidad para encarar esta situación, amenaza mortal de la economía…

Luego de transcurrida una semana del sismo de 8.2, la crisis por el desabasto se extendió entre cientos de localidades desde el Istmo de Oaxaca hasta Los Altos de Chiapas. Al menos 109 localidades chiapanecas y 41 oaxaqueñas fueron declaradas zonas de emergencia. Las autoridades no han concluido el censo de afectados ni hay control sobre el manejo de despensas. Presuntamente, el gobierno federal encargó a la titular de la Sedatu, Rosario Robles, la elaboración del censo de viviendas afectadas, y al de la Sedesol, Luis Miranda, el suministro de agua y abasto de alimentos. Ambos hacen la labor del Tío Lolo y tienen como testigo de honor a EPN quien amenaza con seguir por esas tierras para dar fe de lo redondo del negocio con todo y efecto publicitario… El mexiquense no confía en estos personajes tan dados a quedarse con más de lo que les corresponde…

Los helicópteros de la Policía Federal simplemente aterrizan en un predio y la gente toma las cajas de los víveres, dijo Gustavo Argyll González, alcalde de San Pedro Tapantepec, al sur de Oaxaca. No hay una buena logística para entregar los apoyos, señaló el edil. “No alcanza la comida, no hay dónde abastecerse, no sabemos qué hacer”, señaló Hermenegildo Santiago, alcalde de Santa María Xanadi, localidad istmeña que visitó el presidente Enrique Peña Nieto el miércoles pasado. Además de la desorganización y la falta de víveres entre las comunidades afectadas, la tormenta tropical “Max” complicó el panorama. De las versiones de los damnificados da para llenar una biblioteca.

El combustible utilizado por los automovilistas mexicanos podría subir de precio luego de que un apagón afectó a otra refinería la misma semana en que el terremoto más fuerte en más de un siglo obligó al cierre de la mayor planta del país. La refinería de Cadereyta, en Nuevo León, podría no operar en forma completa hasta el viernes luego del corte de energía que se produjo el 10 de septiembre en el norte de México… Los desastres naturales y el mantenimiento frenaron la producción de tres de las seis refinerías de Pemex, que representan el 48 por ciento de la capacidad. Esto obligó a Pemex a aumentar las importaciones de combustible en momentos en que las refinerías de Estados Unidos, el proveedor más grande y cercano de México, está produciendo menos combustible conforme se recuperan del huracán “Harvey”.

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