DIPUTADOS Y SENADORES NO TIENEN ÉTICA – por @luli_mar

Publicado el marzo 2, 2015, Bajo Columna de opinión, Autor MonaLisa.

Luli Martinezfrecuencialaboraljunio2013
Por María de Lourdes Martínez González, periodista y conductora de Frecuencia Laboral
Publicación Original del Portal www.frecuencialaboral.com

* La Auditoría Superior les recomendó adoptar un código de conducta
*Las fracciones parlamentarias se reparten el presupuesto violando las normas
*En los últimos años han aumentado en 28% el reparto de prerrogativas, pero no así la transparencia en su gasto.

*En todo el gobierno no se gastan los recursos públicos en los programas aprobados y los meten en cuentas aparte.

*En ISSSTE e IMSS falta equipo para estudios médicos, pero compran medicina que se queda en el almacén.

*Las dependencias crean fideicomisos no paraestatales a donde desvían recursos que no se pueden auditar.

Los diputados federales y los senadores de la República no cuentan con un código de conducta o de ética en sus sistema de control interno sobre el manejo de los recursos públicos, especialmente en lo que se refiere a adquisiciones, inventario y reparto de dinero entre los partidos políticos ahí representados, denominados fracciones parlamentarias. En el informe de la cuenta pública 2013, que presentó la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el miércoles 18 de febrero del 2015, reporta que en el Senado de la República se repartieron poco más de mil 251 millones de pesos entre los senadores y senadoras, pero no presentaron documentación que compruebe la aplicación de esos recursos en los trabajos legislativos.

Además de que los diputados federales se autorizaron pagos especiales violando las normas. Un pago fue por 125 millones para entregarle a cada diputado federal 250 mil pesos. Y en el caso de otros 400 millones de pesos que debieron ser utilizados en conservación y equipamiento de inmuebles, más de la mitad se usaron en pago de telefonía, viáticos, estética y peluquería, servicios de publicidad, vales y obsequios en la Cámara de Diputados.

En sendas investigaciones que realizó la Auditoría Superior de la Federación sobre el manejo de los recursos públicos en el año 2013, hizo una recomendación a los legisladores de la Cámara de Diputados como de Senadores, para que elaboren y se apliquen normas éticas, pues en los últimos años han aumentado en 28% el reparto de prerrogativas, pero no así los controles para el buen manejo del dinero y se dan casos violatorios de la ley como el gasto de 8 millones de pesos en boletos de avión sin comprobar por parte de los senadores.

En el Senado, además, por acuerdo de la mesa directiva se pagaron 200 mil pesos mensuales a dos secretarios de la mesa directiva del Senado, sin seguir los lineamientos normativos, además de 50 mil pesos adicionales a cada miembro de la mesa directiva para gastos de representación por sus constantes reuniones con los diputados federales, con grupos sociales y sectores de la sociedad mexicana, adicionales a sus salarios.

La Auditoría Superior de la Federación realizó un total de mil 413 revisiones a las distintas dependencias públicas, organismos descentralizados del gobierno federal y organismos autónomos de los poderes de la Unión y entre los principales problemas encontró que no se gastan los recursos públicos en los programas aprobados, no los ejercen, los guardan, lo meten en cuentas aparte y luego lo usan para otras cosas para las que no fue asignado ese presupuesto.

Por todo esto el Auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal dijo que se están preparando denuncias penales, que se presentarán ante la PGR después del mes de marzo del 2015, porque están armando los expedientes, aunquereconoció que en los últimos años han aumentado y suman cerca de 150 por año, pero no tiene el dato de cuántos funcionarios han sido castigados. Aunque aclaró que una vez que se interpone la demanda penal ya no prescribe el delito.

Sin embargo, hace un año reconoció que nadie había sido castigado por el mal uso o fraude con recursos públicos y que era muy lenta la investigación tras la denuncia en la Procuraduría General de la República y detalló que ” hasta el año de 2007 habíamos presentado no más de 25 denuncias de hechos…en 2009 presentamos 34, en 2010 fueron 102, en 2011 las denuncias de hechos fueron 133 y por la revisión de la cuenta pública 2012 se presentarán 147 en este año 2014, de las cuales 43 corresponden a estados y municipios de la República, el resto a las demás dependencias públicas” (Leer Noticia Relacionada: AUMENTA LA CORRUPCIÓN Y NO HAY CASTIGO link: http://www.frecuencialaboral.com/corrupcioncrecesincastigo2014.html)

A la Sistema de Administración Tributaria se le observó que devolvieron 327 mil 186.7 millones de pesos en impuestos en total, pero algunas de esas devoluciones fueron autorizadas por personal de jerarquía menor y se está revisando la devolución de impuestos a a monopolios como “Sabritas” y Gamesa.

También se supervisaron fideicomisos que crean dependencias públicas y que no son considerados paraestatales, hacia donde se desvía presupuesto no ejercido, que no se reintegra a la Tesorería de la Federación y que no se puede auditar.

Igualmente observó que en el Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) e Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) falta equipo para la realización de análisis y estudios médicos, pero sobra medicina que se queda almacenada.

En el caso de Petróleos Mexicanos, exploración y Producción de Hidrocarburos, así como en Autopistas y Carreteras Concesionadas a particulares, reportó que hubo pagos improcedentes a contratistas no convenidos, errores de registro, falta de evidencia de trabajos realizados e incumplimiento en el cálculo de la remuneración, también reportó gastos de mantenimiento sin señalar cuál sería la base de pago o sobre qué servicios.

Destacó que en la fiscalización de la Cuenta Pública 2013, se observaron 41 mil 335.3 millones de pesos por irregularidades diversas, principalmente porque no se gastan en los programas para los cuáles fueron asignados, que no se reintegran a la Tesorería de la Federación (ese fue el caso de 23 mil millones de pesos). Por recursos que no se entregaron a los organismos para los que fueron asignados ( en untotal de 2 mil 666.6 millones de pesos) y 10 mil 918 millones de pesos que se transfirieron a otras cuentas bancarias.

Del importe observado el 25% correspondió a Veracruz, 13.7 por ciento a Michoacán, el 10.6 por ciento a Jalisco, el 5.6 po ciento a Chiapas, el 5.4 por ciento al Estado de México y el 5.3 por ciento a Guanajuato. El resto a dependencias públicas federales y organismos descentralizados del gobierno federal.

Otros problemas son el pago de inversiones u obras que no fueron pactadas en los contratos, pago en exceso de volúmenes de obra, encarecimiento de proyectos y tardanza de su entrada en operación, erogaciones indebidas por trabajos no ejecutados, equipos y materiales inexistentes en el sitio de obra, autorización de precios unitarios extraordinarios no procedentes y realización de convenios modificatorios y extemporáneos e indebidamente fundados y falta de documentación probatoria y pago de remuneraciones indebidas.

Por otra parte, destacó que en las dependencias donde se impulsan programas sociales y debe participar la ciudadanía, como el caso de la Secretaría de Desarrollo Social, el marco jurídico está fragmentado, carece de integralidad y su implementación está sujeta a la voluntad de autoridades y funcionarios. Por lo cual en muchos casos, la participación social es opcional y no le dan el carácter de obligatorio.

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